La investigación penal del caso Sartor indaga la presunta triangulación de aproximadamente US$49 millones provenientes de fondos creados para clientes peruanos de Credicorp, cuyo dinero habría terminado financiando otros vehículos administrados por Sartor AGF en Chile.
De acuerdo con los antecedentes incorporados a la carpeta investigativa, las operaciones se habrían ejecutado entre agosto de 2023 y marzo de 2024 mediante Danke SF, Emprender Capital Perú y Mikopo, sociedades que aparecían formalmente como receptoras o intermediarias de los recursos.
La Fiscalía sostiene que este mecanismo habría permitido trasladar dinero entre fondos de una misma administradora, pese a las restricciones regulatorias y los eventuales conflictos de interés que podían afectar esas operaciones.
Los antecedentes forman parte de la formalización de once exdirectores, ejecutivos y personas relacionadas con el grupo Sartor. El Ministerio Público atribuyó distintos delitos económicos a los imputados y solicitó prisión preventiva para cinco de ellos.
La audiencia continuaba este lunes 3 de agosto ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que todavía no se encontraba resuelta la solicitud de prisión preventiva respecto de todos los investigados. Hasta ahora, cinco formalizados han quedado sujetos a medidas cautelares de arresto domiciliario de distinta intensidad.
Las imputaciones corresponden a la tesis presentada por el Ministerio Público. Las personas formalizadas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Credicorp invirtió cerca de US$100 millones
Credicorp había invertido aproximadamente US$102 millones pertenecientes a más de 1.200 clientes en dos vehículos administrados por Sartor:
- Fondo de Inversión Sartor Facturas USD: aproximadamente US$82 millones.
- Fondo de Inversión Sartor Táctico Perú: aproximadamente US$20 millones.
Estos fondos habían sido diseñados para invertir principalmente en facturas, créditos y pagarés asociados con operaciones desarrolladas en Perú.
Ejecutivos de Credicorp declararon ante la Policía de Investigaciones que la entidad había externalizado esta labor debido a que no contaba con experiencia suficiente en ese segmento del mercado.
Claudia Haro, una de las ejecutivas que declaró telemáticamente desde Lima, sostuvo que Credicorp no fue informado de que algunas de las empresas receptoras estaban vinculadas con Sartor ni de que los recursos terminarían siendo utilizados en Chile.
La investigación busca establecer si el verdadero destino de los aportes se apartó de los objetivos informados a los inversionistas y de los reglamentos establecidos para los fondos.
Rescates por $70 mil millones y falta de liquidez
Alfredo Harz, exgerente general y exgerente de inversiones de Sartor AGF, atribuyó el deterioro financiero del grupo a una combinación de inversiones de largo plazo y solicitudes extraordinarias de rescate.
Según su declaración, Sartor enfrentó retiros por aproximadamente:
- $30.000 millones solicitados por SURA.
- $40.000 millones requeridos por la Universidad Andrés Bello.
En total, se trataba de rescates cercanos a $70.000 millones, que debían pagarse cuando la administradora no contaba con liquidez suficiente.
Paralelamente, sociedades relacionadas con el grupo participaban en negocios de largo plazo, entre ellos inversiones vinculadas con Azul Azul y el proyecto inmobiliario One River Point, ubicado en Miami.
La tesis expuesta por Harz es que esta combinación produjo una “tormenta perfecta”. Sin embargo, la investigación no se limita a establecer que existió una crisis de liquidez, sino que busca determinar si se implementaron operaciones ilícitas para enfrentarla.
Las tres empresas utilizadas en las operaciones
Los antecedentes reunidos por la Fiscalía identifican a Danke SF, Emprender Capital Perú y Mikopo como sociedades que habrían intervenido en los movimientos de dinero.
Emprender Capital Perú
Emprender Capital Perú era una filial de ECapital, empresa financiera que había recibido aportes de Sartor desde 2018.
La administradora buscaba evitar la insolvencia de ECapital porque mantenía una inversión cercana a $20.000 millones. Posteriormente, Sartor habría alcanzado el control del 70% de esa compañía mediante un aumento de capital de $2.500 millones.
En 2021, la CMF advirtió que la participación podía generar una infracción a la Ley Única de Fondos si Emprender Capital era considerada una sociedad relacionada.
Según declaró Óscar Ebel, exdirector de Sartor AGF, asesores jurídicos recomendaron eliminar la participación directa de Sartor. En ese contexto fue creada Danke SF, sociedad que pasó a adquirir ECapital.
Carlos Larraín Mery quedó como propietario de Danke SF y Hugo Baranda asumió funciones ejecutivas.
Mikopo
Mikopo fue concebida como una plataforma destinada a financiar pequeñas y medianas empresas peruanas mediante créditos garantizados.
Andrés Segú, vicepresidente de la sociedad, declaró que Michael Clark propuso una colaboración con Sartor durante 2022. Sin embargo, afirmó que esa relación no quedó formalizada por escrito.
De acuerdo con su versión, trabajadores de Mikopo se integraron posteriormente a ECapital Perú y los socios originales perdieron progresivamente el control efectivo de las operaciones.
Segú también aseguró que recibió solicitudes para renovar pagarés que, según le informaron, ya habían sido emitidos anteriormente. Estos instrumentos habrían servido para documentar formalmente operaciones cuyos recursos tenían como destino final otros fondos de Sartor.
Danke SF
Danke había sido creada como parte de la reorganización destinada a separar formalmente a Sartor de ECapital.
Sin embargo, la investigación busca establecer si la sociedad continuó operando bajo la influencia de personas vinculadas con los controladores de Sartor y si fue utilizada para canalizar recursos entre distintos fondos.
Cómo habría funcionado la triangulación
La Ley Única de Fondos y la normativa aplicable impedían o restringían determinadas transferencias directas entre fondos administrados por una misma entidad, especialmente cuando existían personas o sociedades relacionadas.
Según la Fiscalía, el mecanismo investigado habría operado de la siguiente manera:
- Los fondos Sartor Facturas USD y Sartor Táctico Perú entregaban formalmente recursos a una empresa intermediaria.
- Esa sociedad suscribía pagarés, reconocimientos de deuda u otros instrumentos.
- Los recursos terminaban en otro fondo administrado por Sartor.
- La empresa intermediaria quedaba registrada simultáneamente como deudora y acreedora.
- El dinero, en determinados casos, habría sido transferido directamente entre los fondos, sin pasar materialmente por la sociedad utilizada en la documentación.
La existencia de contratos, pagarés y registros contables no determina por sí sola la licitud de una operación. La investigación deberá establecer si esos documentos reflejaron negocios reales o fueron utilizados para proporcionar una apariencia formal a transferencias efectuadas con otro propósito.
US$6 millones transferidos en una sola jornada
Los antecedentes investigativos indican que el 1 de agosto de 2023 se habrían realizado varias operaciones:
- US$2 millones desde Sartor Facturas USD hacia Sartor Táctico Internacional, utilizando formalmente a Mikopo.
- US$1 millón hacia el mismo fondo mediante Emprender Capital Perú.
- US$3 millones a través de Danke SF.
En conjunto, las operaciones de esa jornada habrían alcanzado US$6 millones.
La carpeta investigativa sostiene que los fondos no habrían pasado materialmente por las empresas intermediarias, pese a que estas aparecían en la documentación de respaldo.
Entre agosto de 2023 y marzo de 2024, el monto total presuntamente triangulado habría alcanzado los US$49 millones, distribuidos hacia los fondos Sartor Táctico, Táctico Internacional, Leasing y Proyección.
Una autorización solicitada después de las transferencias
Según declaró Andrés Segú, las transferencias relacionadas con Mikopo comenzaron antes de que se solicitara formalmente autorización a Pedro Pablo Álamos, presidente del directorio de esa sociedad.
La autorización habría sido requerida recién en octubre de 2023. Posteriormente, Segú recibió solicitudes para renovar pagarés durante las vacaciones de otros integrantes del directorio.
Este antecedente es relevante porque la investigación debe determinar quién autorizó efectivamente las operaciones, qué información recibió cada interviniente y si las decisiones fueron adoptadas respetando las competencias de los respectivos órganos societarios.
Credicorp evaluó comprar Sartor
Antes de conocerse públicamente la crisis, Credicorp evaluó adquirir Sartor AGF y Latin Capital Sartor Wealth Management.
Rodrigo Bustamante, exgerente general de Sartor Capital Wealth Management, declaró que la propuesta consideraba un pago inicial de entre $3.000 millones y $4.000 millones, además de pagos variables que podían alcanzar otros $7.000 millones u $8.000 millones, dependiendo del crecimiento de la compañía.
El proceso no prosperó.
James Loveday, gerente general de Credicorp Chile, sostuvo que durante la debida diligencia no recibió información completa sobre las carteras de los fondos ni sobre las garantías de los créditos.
Según su declaración, Sartor argumentó que la identidad de los deudores constituía un secreto comercial. Otros ejecutivos indicaron que solamente recibieron listas parciales, sin la individualización de los montos involucrados.
Ante la falta de información suficiente, Credicorp comunicó el 25 de septiembre de 2024 que no continuaría con la posible adquisición.
Credicorp descubrió la relación mediante registros públicos
Después de la intervención regulatoria, Credicorp organizó un equipo para revisar las inversiones de los fondos en los que participaban sus clientes.
Mediante el examen de registros públicos, detectó que Emprender Capital Perú y Mikopo compartían el mismo domicilio fiscal.
Posteriormente, al revisar los estados financieros de Sartor Táctico Internacional, encontró que este fondo había recibido financiamiento proveniente de Danke, Emprender Capital y Mikopo, las mismas empresas en las que aparecían invertidos los recursos de los clientes peruanos.
Estos antecedentes permitieron reconstruir el recorrido de los fondos y dieron origen a las denuncias sobre la presunta triangulación.
CMF revocó la autorización de Sartor AGF
La crisis se hizo pública durante noviembre de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero suspendió los aportes y rescates de fondos administrados por Sartor.
El 20 de diciembre de 2024, el regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La CMF sostuvo que había identificado un modelo basado en la utilización de fondos administrados como vehículos de financiamiento para entidades relacionadas con directores y accionistas mayoritarios. Resolución y comunicado de la CMF.
La autoridad también informó que Sartor no había proporcionado antecedentes satisfactorios sobre una cartera de créditos respaldada por pagarés, estimada en al menos $59.000 millones, relacionada con sociedades vinculadas con directores o controladores.
En agosto de 2025, la CMF acordó liquidar los fondos rescatables y señaló que las valorizaciones independientes mostraban deterioros de al menos un 47% en sus activos al 31 de diciembre de 2024. Antecedentes de liquidación de los fondos.
Deudas millonarias en las sociedades intermediarias
Las tres empresas que aparecieron en las operaciones terminaron registrando obligaciones de gran magnitud:
- Mikopo mantenía deudas exigibles cercanas a US$10 millones.
- Danke registraba obligaciones superiores a $24.000 millones.
- Emprender Capital acumulaba deudas cercanas a $30.000 millones.
Andrés Segú sostuvo que Mikopo quedó en una situación jurídica desfavorable. La deuda de la empresa con Sartor Facturas USD estaba respaldada mediante pagarés sometidos a la legislación peruana, mientras sus acreencias contra otros fondos de Sartor se encontraban documentadas mediante reconocimientos de deuda sujetos al derecho chileno.
Según su versión, esa diferencia dificultaba la cobranza de los recursos que Mikopo debía recibir, mientras facilitaba la ejecución de las obligaciones que pesaban en su contra.
Las defensas niegan una operación fraudulenta
Michael Clark sostuvo ante el Ministerio Público que las operaciones habrían generado un margen positivo para Mikopo, producto de la diferencia entre el costo del financiamiento recibido y el rendimiento de los préstamos concedidos.
Carlos Larraín Mery, por su parte, declaró que consultó a Hugo Baranda sobre la legalidad de las operaciones y que recibió garantías de que estaban autorizadas por los reglamentos y revisadas por los equipos jurídicos de Sartor.
Otros imputados han cuestionado la interpretación del Ministerio Público, han atribuido responsabilidades a distintos ejecutivos o han suscrito acuerdos de cooperación con la Fiscalía.
Estas versiones deberán ser confrontadas con la documentación financiera, las comunicaciones internas, los pagarés, los movimientos bancarios y las declaraciones reunidas durante la investigación.
Once personas fueron formalizadas
La Fiscalía formalizó a:
- Pedro Pablo Larraín Mery.
- Carlos Larraín Mery.
- Michael Clark Varela.
- Alfredo Harz Castro.
- Óscar Ebel Sepúlveda.
- Mauro Valdés Raczynski.
- Miguel León Núñez.
- Rodrigo Bustamante García.
- Hugo Baranda Peralta.
- Sergio Yáñez Astete.
- Juan Carlos Jorquera Salhus.
El Ministerio Público les atribuye distintos grados de participación en delitos económicos, entre ellos administración desleal, negociación incompatible, estafa, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude relacionado con la omisión de una oferta pública de adquisición de acciones.
No todos los delitos han sido atribuidos de la misma manera a cada formalizado.
Credicorp intervino como querellante por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. El debate sobre esas medidas cautelares continuaba este 3 de agosto. Información sobre la formalización.
El tribunal decretó arresto domiciliario total para Óscar Ebel y Hugo Baranda, y arresto domiciliario parcial con firma mensual para Mauro Valdés y Miguel León. Alfredo Harz quedó posteriormente bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional. Estado de las cautelares al 3 de agosto.
Conclusión
El caso Sartor presenta una compleja superposición de responsabilidades penales, administrativas, civiles y societarias.
Desde la perspectiva penal, el Ministerio Público deberá demostrar que las operaciones no fueron simples decisiones financieras fallidas, sino actos ejecutados con conocimiento y voluntad de perjudicar patrimonios administrados, favorecer intereses relacionados, engañar a los aportantes u ocultar el origen o destino de determinados recursos.
La existencia de sociedades intermediarias, pagarés y registros contables no permite concluir automáticamente que existió una maniobra delictiva. Sin embargo, esos instrumentos tampoco impiden establecer responsabilidad penal si se acredita que fueron utilizados para ocultar el verdadero destino del dinero o proporcionar una apariencia de legalidad a operaciones simuladas.
La investigación también deberá individualizar las decisiones adoptadas por cada imputado. La pertenencia a un directorio o equipo ejecutivo no basta por sí sola para fundar una condena: será necesario establecer qué información conocía cada persona, qué operaciones autorizó, cuáles eran sus deberes y de qué manera habría contribuido al resultado investigado.
En el ámbito regulatorio, las resoluciones de la CMF constituyen antecedentes relevantes, pero no reemplazan el juicio penal. Las sanciones administrativas y la revocación de la autorización de Sartor AGF responden a reglas y estándares distintos de aquellos exigidos para imponer una pena.
La formalización tampoco equivale a una condena. Es una comunicación judicial mediante la cual la Fiscalía informa que desarrolla una investigación contra personas determinadas por hechos que podrían constituir delitos.
La relevancia institucional del caso radica en la necesidad de proteger el patrimonio de los aportantes y garantizar que las administradoras de fondos actúen exclusivamente en beneficio de los vehículos que gestionan. Cuando existen operaciones con relacionados, estructuras societarias complejas o transferencias entre fondos, los deberes de transparencia, diligencia y prevención de conflictos de interés adquieren una importancia decisiva.
