La Cancillería de Chile aseguró este miércoles que su adhesión a la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuyas reuniones participó, podría limitar la soberanía del país en esta materia.
La posición del Ejecutivo derivó en una decisión política e institucional: el Gobierno de José Antonio Kast formalizó el retiro de Chile del proceso, luego de evaluar las implicancias jurídicas del instrumento que comenzó a desarrollarse en 2025 y cuya culminación está prevista para 2027.
El debate se concentra en una cuestión central para los Estados: hasta qué punto un mecanismo internacional de cooperación tributaria puede avanzar sin afectar las facultades soberanas de cada país para definir su propia política fiscal.
Chile cuestiona el alcance jurídico del convenio fiscal
Se trata de un instrumento jurídico que se implementó a partir de 2025 y culminará en 2027. Entre sus objetivos principales figura el desarrollo de un sistema de colaboración tributaria entre los países miembros de la organización, con el fin de homogeneizar criterios y enfrentar prácticas fiscales consideradas lesivas para las economías nacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que “el análisis técnico es que, tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria”.
Esta evaluación motivó la decisión de no continuar con la adhesión al convenio.
En ese sentido, la Cancillería agregó que los objetivos del acuerdo “deben ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile”.
La postura oficial subraya que cualquier compromiso internacional en materia tributaria debe respetar las normas internas y la estrategia económica definida por el país.
Incertidumbres jurídicas y cooperación tributaria internacional
El acuerdo que pretende reformar la gobernanza fiscal global apunta, entre otras áreas, a “la necesidad de que todos los países colaboren para eliminar la evasión fiscal, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”.
Este párrafo del texto base refleja la ambición del instrumento, que busca combatir prácticas que afectan directamente la capacidad de recaudación de los Estados.
El documento también plantea que “así como garantizar que todos los contribuyentes —especialmente las empresas multinacionales y las corporaciones transnacionales— paguen impuestos a los gobiernos de los países donde se desarrollan las actividades económicas, se crea valor y se generan ingresos”.
Este punto resulta clave para comprender el espíritu del convenio, orientado a fortalecer la cooperación tributaria internacional, aunque Chile considera que determinados aspectos de la versión actual podrían afectar su autonomía fiscal.
Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria
La decisión de abandonar el proceso no significa, según la posición expresada por la Cancillería, un rechazo general a la cooperación tributaria internacional.
“Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y ha sido parte del proceso, evaluando de manera detenida el rumbo de las negociaciones del futuro convenio y las implicancias jurídicas que se desprenden de él”, agregaron desde la Cancillería.
La declaración busca establecer una diferencia entre la cooperación internacional en materia fiscal y la aceptación de un instrumento cuyo contenido, en su versión actual, podría generar restricciones para la definición autónoma de la política tributaria chilena.
Chile participó en la quinta ronda de negociaciones
El proceso de redacción consta de nueve rondas de negociación.
La quinta sesión se realizó del 3 al 13 de agosto pasado en la sede de la ONU en Nueva York, instancia en la que Chile participó y a raíz de la cual planteó su posición contraria a la versión actual del texto.
La participación chilena permitió al Ejecutivo evaluar directamente el desarrollo de las conversaciones multilaterales y las disposiciones que podrían formar parte del futuro convenio.
Tras ese análisis, la administración de Kast optó por formalizar la desvinculación del proceso, cerrando la participación de Chile en las siguientes etapas de negociación.
Negociación multilateral continuará sin Chile
La próxima sesión se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Nairobi, Kenia, donde se revisarán los nuevos borradores del convenio.
En esa instancia Chile ya no formará parte de las negociaciones, luego de oficializar su salida del proceso impulsado por Naciones Unidas.
La decisión del Gobierno chileno se produce en un contexto en que varios países han manifestado reservas sobre la eventual cesión de soberanía en materia fiscal.
No obstante, el Ejecutivo reiteró que su postura se basa exclusivamente en el análisis técnico y jurídico del documento, sin desmedro de su compromiso con la cooperación internacional en otras áreas.
La Cancillería mantiene que cualquier acuerdo futuro debe respetar el marco constitucional y la política fiscal vigente, además de los tratados bilaterales que actualmente suscribe Chile.
De esta forma, el Gobierno de Kast cierra la participación chilena en el convenio, dejando planteada una posición basada en la defensa de las competencias nacionales sobre política tributaria.
Conclusión
La salida de Chile del proceso de la ONU plantea una definición relevante sobre los límites de la cooperación tributaria internacional frente a la soberanía fiscal de los Estados. El punto central no parece estar en cuestionar la necesidad de combatir la evasión, la erosión de las bases imponibles o el traslado de beneficios, sino en determinar qué nivel de coordinación internacional resulta compatible con las facultades constitucionales de cada país. Desde esa perspectiva, la decisión chilena deja abierta una discusión que continuará durante las próximas rondas: cómo construir reglas fiscales globales eficaces sin transformar la cooperación internacional en una restricción de la autonomía tributaria nacional.
