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Argentina: Pobreza, deuda externa y aborto en la agenda política 2020

El 1º de marzo el presidente de la Nación, abre el año legislativo, con un discurso ante las Cámaras reunidas. Este discurso es de suma importancia porque marca la agenda y las prioridades del gobierno de turno.

El 1º de marzo el presidente de la Nación, abre el año legislativo, con un discurso ante las Cámaras reunidas. Este discurso es de suma importancia porque marca la agenda y las prioridades del gobierno de turno.


Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director Diario El Minuto


Una características de los discursos presidenciales, es una elevada dosis de voluntarismo, referencias a herencias pasadas. Algo que no estivo exento el presidente Alberto Fernández.

Los ejes de su discurso fueron la pobreza, críticas a su antecesor, Mauricio Macri, el tema de la deuda externa, reformas en materia judicial, inflación, y aborto entre otros temas.

La Argentina atraviesa desde hace años un serio problema de inflación e inestabilidad económica que viene de varios años. Problema que el presidente Mauricio Macri en su momento no afrontó con éxito.

El presidente Fernández, tampoco pareciera aportar grandes cambios. En el marco de un discurso meramente político, criticó a los llamados “formadores de precios”, en cierto modo, ha responsabilizado en parte a maniobras especulativas la inflación. Las medidas para contrarrestar, no fueron claras, sino más bien dejó en claro que el gobierno analiza estructuras de formación de costos, promover mecanismos de defensa del consumidor.

El tema de la deuda externa, fue objeto de severas críticas al gobierno anterior, haciéndolo responsable de la crisis, que pone en evidencia que Argentina precisa negociar con sus acreedores.

El FMI dejó en claro su posición y dado el contexto económico, es altamente probable que el país tenga que negociar plazos y vencimientos. Pero en honor a la verdad, más allá de la política de endeudamiento durante la presidencia de Macri, esto no fue más que parte de un comportamiento común en los gobiernos argentinos. Alberto Fernández, fue funcionario durante la presidencia del Dr Carlos Menem, que financió el creciente déficit fiscal con deuda externa, estallando la bomba a su sucesor, el Dr De La Rúa.

En su discurso no quedó claro, la estrategia a seguir para que la deuda sea “sostenible”. Es indudable que el ajuste es una realidad, disfrazado de Ley de Solidaridad, donde una vez más sectores medios, jubilados, y determinados sectores productivos pagan los platos rotos.

El Estado, una creciente carga para los contribuyentes, sigue esquivando su responsabilidad en los tiempos de austeridad.

En materia económica, además de controles de precios, regulaciones del mercado interno, fue anunciado nuevas “retenciones” a las exportaciones agrícolas, especialmente a la soja. Esto fue una política impuesta durante el kirchnerismo, en tiempos que los precios de los productos agrícolas batían recórd en los mercados internacionales. Desde 2002 hasta el 2015, según la Sociedad Rural Argentina, las retenciones generaron una transferencia del sector agrícola por US$ 93.000 millones.

Dinero que fue empleado para financiar el crecimiento del Estado en empleados públicos, aparatos clientelares, eternos planes de ayuda social (millones están atrapados en un sistema que no ha logrado insertarlos en el mercado laboral formal, siempre sometido a los vaivenes de la economía argentina).

No hubo inversiones en materia de infraestructura, como los ferrocarriles, desmantelados durante la presidencia de Menem. Esto es un simple ejercicio de memoria, dado que la idea de restablecer retenciones, solo sirve para financiar un estado siempre creciente, y no en invertir en la imperiosa modernización de la red de transporte, por ejemplo. No cabe duda que las medidas adoptadas por la actual gestión, es para financiar un estado siempre con déficit fiscal.

El presidente en su discurso, prometió leyes sobre hidrocarburos. La situación de Vaca Muerta, las inversiones se han reducido, dado los problemas de la economía argentina y de definiciones claras de largo plazo al respecto. Además de impulso a la minería. El objetivo es promover cadenas de valor, algo muy positivo, veremos como se implementa. También prometió la creación de un consejo económico social. No observamos una estrategia definida en materia económica. El país desde 2011 que no tiene un crecimiento importante y la caída del empleo privado es una realidad que viene también de lejos.

Otra promesa es la llamada ley del conocimiento, para impulsar sectores de alta tecnología, especialmente pequeñas y medianas empresas, con especial énfasis en robótica, software y biotecnología, áreas que la Argentina ha demostrado ser competitiva.

En materia de políticas sociales, se ha hecho hincapié en el llamado Plan Nacional contra el Hambre, valuado en US$ 1.000 millones, que implica un subsidio a través de una tarjeta para la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

Un nuevo plan social para tantos que ya existen y que presenta el dilema, de ser una solución de corto plazo, pero que lamentablemente no ataca los problemas de fondo. La muerte de aborígenes del grupo wichi, en el norte del país, puso en evidencia que la Argentina posee áreas de acusado nivel de subdesarrollo y pobreza estructural, difícil de erradicar.

Es sabido los conflictos que tiene con la Justicia diversos funcionarios, como figuras de la coalición gobernante, Frente de Todos, especialmente la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner. Para muchos no es casual la pretendida reforma de la Justicia Federal.

No cabe duda que los jueces y fiscales federales, o parte de ellos, han estirado las causas de corrupción más tiempo de lo razonable, seguramente por razones de supervivencia política, a pesar de existir elementos importantes para que muchos ex altos funcionarios del kirchnerismo den explicaciones ante los estrados judiciales.

La reforma de la Justicia es una deuda pendiente, pero no debe obedecer a cuestiones políticas de turno. No solo a nivel federal, sino también a nivel provincial. La complejidad de los delitos, la virulencia de estos, el crimen organizado, el creciente narcotráfico, la delincuencia juvenil, la violencia creciente en el ámbito doméstico y otras problemáticas, demandan importantes reformas del servicio de justicia, además de la necesidad de recursos, infraestructura, etc.

Veremos que pasa con la ley que enviará el Poder Ejecutivo para llevar a cabo la tan esperada reforma, aunque somos escépticos sobre los alcances que tendrá la misma.

En materia de justicia, también fue anunciada la desclasificación de los archivos por el atentado terrorista de la causa AMIA. Por decreto del expresidente Macri, en abril de 2017, se dispuso la misma medida. Una vez más retórica. La clase política argentina no tiene el coraje de ir a fondo con este tema.

Fernández mencionó a las Fuerzas Armadas, en especial con la tragedia del Submarino ARA San Juan perdido en 2017. Mas allá de exaltar a los tripulantes y prometer ascensos post mortem, no dijo nada sobre la cadenas de responsables, que incluso puede extenderse a su ministro de defensa Rossi, que en su momento en su gestión se llevó a cabo la reparación del buque, además de no hablar tampoco de la necesidad urgente de recuperar el Arma Submarina. Si mencionó como algo concreto la creación de un parque de la memoria, en recuerdo a los desaparecidos en el régimen militar 1976-1983, en la guarnición Campo de Mayo.

La deuda pendiente es la seguridad, donde las propuestas no han sido muchas. Cito el caso de Rosario, afectado por el flagelo del narcotráfico, que ha provocado una escalada de muertes. La respuesta del gobierno ha sido la promesa de crear juzgados federales especializados, reformas del sistema penal.

No se ha dicho nada sobre la necesidad de desplegar fuerzas federales, o de una verdadera estrategia nacional contra el crimen. La Argentina tiene una pesada deuda en esta material. Creemos que es una seria omisión, en discurso presidencial, dado que la seguridad es un viejo reclamo ciudadano.

El presidente anunció la reforma integral de la Agencia Federal de Inteligencia, hoy en manos de una ex fiscal, cercana de sectores del kirchnerismo. El objetivo de los cambios es hacer cambios en la gestión del gasto y la transparencia de los mismos. Pero seguimos con una estructura que a juicio de los expertos debe ser revisada.

Contar con un organismo con responsabilidades de inteligencia externa, interna, contrainteligencia y seguridad de comunicaciones, lo convierte inevitablemente en una entidad costosa, de difícil control. Lo expresado por el presidente Fernández, no es más que una declaración de buenas intenciones, nada más.

Una propuesta de neto carácter político, fue la idea de declarar 24 ciudades del país, como capitales transitorias de la República, con la idea que el gobierno sesione en distintos puntos y acercar de alguna manera la autoridad federal a los niveles provinciales.

El tema del aborto, donde el presidente Fernández tiene una postura clara a favor de su legalización, fue uno de los grandes temas de su discurso. Este debate instalado formalmente por el ex presidente Mauricio Macri, por una cuestión netamente de oportunismo político, creemos que esta vez obedece a las mismas razones, mas allá de la postura del presidente y también de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que por razones políticas cambió de opinión, luego de haber vetado cualquier tipo de iniciativa en sus dos presidencias.

La postura del presidente, quedó en contradicción con sus palabras hacia el Papa Francisco, quién manifestó su apoyo y solidaridad hacia la Argentina frente a los organismos multilaterales de crédito. Este debate sin ninguna duda movilizará pasiones, mas allá que la idea de legalizar el aborto, está en contraposición a lo que dice la Constitución argentina.

La Convención Americana de Derechos Humanos, con rango constitucional señala en su articulo 4.1 Estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La doctrina argentina en la materia es clara y la ley que impulsan determinados sectores, implica la muerte arbitraria del ser humano por nacer.

A ello cabe añadir, por ejemplo, la ley de ratificación de la Convención de Derechos del Niño, donde el Congreso argentino expresamente consideró niño, a todos los sujetos comprendidos desde la concepción hasta los 18 años. Sin entrar en detalles, podemos afirmar que el nuevo debate por el aborto, no solo dividirá aguas, sino que por varias semanas la opinión pública estará atento a dicha cuestión, quedando de lado, el congelamiento de las jubilaciones, las tibias medidas para terminar con regímenes de jubilaciones de privilegio, la impunidad en casos de corrupción, o la falta de una política económica definida. Que el aborto sea prioridad en la agenda, creemos que es un grave error político e histórico.

En materia de política exterior, el presidente no hizo mención al tema Venezuela, donde tiene posturas ambiguas, dado que el llamado “kirchnerismo duro” es abiertamente favorable a Maduro, por meras razones ideológicas. No hubo definiciones claras sobre el polémico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se hizo mención a la importancia del MERCOSUR, pero la complicada relación con el presidente de Brasil, el polémico Bolsonaro, como el no haber concurrido a la jura del nuevo presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, no son un buen comienzo.

Estamos ante una retórica conocida en los presidentes argentinos. El tema Malvinas no estuvo ausente, el presidente hablo de endurecer sanciones para buques que operen en aguas disputadas con el Reino Unido como también crear un consejo para definir políticas de estado. Nada en concreto.

Estuvimos ante un discurso meramente político, no hubo definiciones claras en materia económica, ni como combatir la inflación. Fueron anunciadas reformas parciales de la estructura del estado, pero no se tocan los problemas profundos, como estar ante una estructura sobredimensionada, costosa, especialmente los estados provinciales.

El drama de la seguridad en grandes aglomeraciones, solo tuvo tímidos anuncios, en un país, donde el crimen organizado transnacional ha hecho pie y donde barriadas pobres son controladas por organizaciones delictivas, el problema de la reincidencia criminal, la juventud creciente de los delincuentes; problemas habitacionales que afectan a millones de argentinos; las limitaciones del sistema de salud con acusadas desigualdades geográficas; los problemas ambientales, la dependencia excesiva de la exportación de bienes primarios, por citar algunos ejemplos de cuestiones que estuvieron ausentes en el discurso presidencial (no solo en este, sino en muchos).

El presidente Fernández, es parte de una coalición, con sus tensiones internas, donde la sombra de la vicepresidente, condiciona su margen de maniobra. El año recién comienza y al presidente Alberto Fernández, le deparan numerosas batallas políticas, muchas de ellas serán libradas en el seno de la propia coalición que lo sostiene. El 2020 será un año difícil para los argentinos.

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