Instituto Patria, el sostén ideológico del gobierno

Decir que las políticas públicas del gobierno nacional salen exclusivamente del Instituto Patria, es casi una exageración. Y digo casi porque, si bien la agenda del IP le impone permanentemente desafíos ideológicos y dialécticos al presidente Alberto Fernández, también lo obliga a hacer un delicado equilibrio entre los temarios que proponen los equipos técnicos de este think tank ultrakirchnerista y la realpolitik.

Por: Agustín Dragonetti | Corresponsal del Diario el Minuto

Dentro del petit hotel ubicado en la calle Rodríguez Peña 80, a dos cuadras del Congreso Nacional, se despliegan los equipos de trabajo o comisiones del Instituto Patria y tienen oficinas CFK y su hijo, el diputado Máximo Kirchner. El edificio de tres pisos tiene una rica historia. Fue sede desde 1933 hasta la década del 90 del Círculo de la Prensa (ironías del destino, ya que el kirchnerismo siempre tuvo una posición destructiva hacia el periodismo libre), tuvo sus oficinas comerciales la firma de rulemanes sueca SKF, también se utilizó como galería de arte y, como otra ironía de la historia política argentina, fue a partir de 2014 sede de otro think tank, la Escuela de Gobierno del Frente Renovador de Sergio Massa, cuando el ahora presidente de la Cámara de Diputados era un furioso antikirchnerista.

Durante el interregno massista del edificio, pasaron por sus aulas, entre otros, Roberto Lavagna (ex ministro de Economía durante la presidencia de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner), Martín Redrado (ex presidente del Banco Central durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó echado de manera escandalosa en 2010), Ricardo Delgado (economista y director de la Consultora Analytica), Marco Lavagna (actual director del controvertido Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC), y Miguel Peirano (ex secretario de Industria y Comercio de Cristina Fernández de Kirchner y posteriormente nombrado ministro de Economía durante 5 meses, luego de la renuncia de Felisa Miceli, (tras haber sido hallada en una inspección de rutina de bomberos una bolsa con 100 mil pesos y casi 32 mil dólares en el botiquín del baño de su despacho que no pudo justificar, hecho por el que luego fue condenada a 3 años de prisión en suspenso).

En sus oficinas también se gestó el acuerdo electoral con José Manuel de la Sota (el ex gobernador de Córdoba fallecido en un accidente automovilístico en septiembre de 2018), para las PASO de 2015, que finalmente ganó el multifacético Massa.

Tiempos kirchneristas

El 7 de abril de 2016 se lanzó oficialmente el Instituto Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana, tal su nombre completo. Desde allí se empezó a gestar la vuelta del kirchnerismo al poder tras el triunfo electoral de Mauricio Macri, cuatro meses antes. Ocho días después del lanzamiento, se puso en marcha el “operativo retorno”.

Con la presencia de 71 diputados k y durante tres horas y media, la actual vicepresidenta escuchó el análisis de los presentes y bajó las primeras indicaciones para la nueva etapa política. Secundaron a Cristina en el cónclave el ex diputado Héctor Recalde y la ex secretaria parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria y actual ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García. Casi desde el minuto cero comenzaron algunos cuestionamientos sobre el Instituto Patria. No por su posicionamiento político, sino por la flojera de papeles para explicar algunas cuestiones económicas sobre su financiación. Un eterno problema del kirchnerismo: explicar el origen de su patrimonio…

Ya en 2017 Silvina Martínez, abogada de la ex diputada y titular del partido GEN, Margarita Stolbizer, alertaba sobre las primeras señales de posible lavado de activos a través del IP. “Las sociedades y entidades donde intervienen los Kirchner nunca tuvieron un solo papel en regla. Y siempre lograron convertirlas en exitosas y prósperas en poco tiempo. Y el Instituto Patria no es la excepción”, le decía Martínez por aquellos días al diario Clarín.

Hubo un hecho muy particular que encendió las luces de alarma sobre el origen de los fondos que financian las actividades del IP. A raíz de una investigación por narcotráfico, el juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, decidió intervenir una serie de teléfonos en agosto de 2018. Entre los teléfonos sometidos a escucha, se encontraba el de Mariano Lescano, quien había estado preso por el robo a un taller mecánico junto a otros delincuentes en 2014, donde quedó muy malherido Guillermo Kriskow, el dueño del taller, aunque algunas versiones indican que Kriskow era pareja de la ex esposa de Lescano y ese habría sido el motivo de la agresión.

En paralelo con su trabajo en la Municipalidad de Chacabuco, Lescano entró a trabajar en el IP para tareas de mantenimiento y limpieza. En las escuchas telefónicas, hubo varias que abrieron otra investigación. Durante al menos dos días, Mariano Lescano conversó con su pareja, Norma Carrizo (empleada en la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos), por el chat de Whatsapp acerca de un dinero que encontró en una caja vacía de un televisor en una de las oficinas del Instituto Patria.

El monto del dinero era de US$100 mil, aunque en un principio le comunicó a su esposa que había hallado “un millón de dólares”. Luego de planificar con su esposa qué haría con el dinero (comprar una casa y saldar algunas deudas), decidió llevárselo.

Lo curioso -o no tanto- es que el think tank kirchnerista nunca denunció el faltante de ese dinero, por lo que la Justicia actuó de oficio. En el allanamiento al domicilio de Lescano, tras lo cual quedó detenido, se encontraron US$ 90.400 que coincidían con la numeración de los fajos sacados del IP, ya que Lescano le había enviado a su esposa algunas fotografías del lugar donde estaba el dinero.

Tras el allanamiento, tanto Lescano como su pareja fueron detenidos y procesados por el robo al IP. Por supuesto, el instituto salió a despegarse del hecho a través de Fernando Castiglioni, el apoderado de la institución. “Todo lo que se maneja acá, desde cuotas sociales o cursos, se hace obligatoriamente bancarizado”, dijo Castiglioni. “Acá no se maneja plata.

Todas las oficinas están abiertas. Si hubiera cosas que esconder, no estarían así”, agregó el apoderado del Instituto Patria, finalizando con la conocida y nunca bien ponderada frase: “es una operación política en medio de un año electoral”. Hasta el día de la fecha no se sabe de dónde salió el dinero que robó Lescano.

Para 2018, la Inspección General de Justicia (IGJ) que conducía Sergio Brodsky le reclamó al IP la lista completa de sus socios y los recibos que coincidieran con los donativos hechos al instituto. Las autoridades del Patria se mostraron intransigentes a los pedidos de inspecciones y reclamos de los funcionarios de la IGJ arguyendo que era una persecución política del macrismo e implicaba una violación de los datos personales de sus asociados, por lo cual denunció penalmente a Brodsky sin entregar documentación alguna.

Cabe precisar que la ley argentina es muy clara al respecto: toda asociación civil que reciba más de $200.000 por mes debe someterse a una fiscalización y presentar una declaración jurada sobre el origen del dinero. En 2016, por ejemplo, el think tank kirchnerista recibió donaciones que iban desde los $200 a los $65.000, que en total sumaban $251.450.

Ante la rebeldía del instituto, la Inspección General de Justicia la sancionó, pero la entidad recurrió a la Justicia y obtuvo un fallo de la Cámara Civil que la favoreció. Los camaristas de la Sala L dijeron que al dar los datos de los asociados se puede llegar a la persona y establecer “sus conductas y prácticas que solo mediando la expresa voluntad de esta pueden trascender la esfera de intimidad”.

Aquel fallo lo firmaron los magistrados Víctor Fernando Liberman, Gabriela Alejandra Iturbide y Marcela Pérez Pardo. La IGJ, no con forme con el fallo de los jueces, recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario. Finalmente en noviembre del año pasado, Ricardo Augusto Nissen, el nuevo director de la Inspección General de Justicia, le hizo saber a la Corte que el Estado ya no tenía interés en saber quiénes eran los aportantes del Instituto Patria. Como inmediata consecuencia de esto, la Corte Suprema, con la firma en conformidad de sus cinco miembros, dio por terminado el caso.

Mientras se desarrollaban estos trámites judiciales la entidad siguió funcionando a todo vapor. Es más, desde el Instituto Patria salió el armado nacional del kirchnerismo para las elecciones de las PASO de 2019. Entre la ingeniera electoral desarrollada para vencer a Mauricio Macri en el IP, salió la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, armada entre el kirchnerismo y su nuevo aliado político, Sergio Massa, uno de los más feroces antikirchneristas desde su salida como jefe de Gabinete de Cristina Fernández en 2009. Esa lista fue encabezada por el mismo Massa, Luana Volnovich, Leonardo Grosso, Cristina Álvarez Rodríguez y Máximo Kirchner.

De espías y espionaje “M”

Uno de los capítulos más controversiales de la gestión de Mauricio Macri fue el escándalo por las tareas de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicalistas, jueces, periodistas, artistas e, inclusive, a diputados uruguayos del Frente Amplio.

Además, en allanamientos ordenados por la justicia federal se encontraron cableados en el pabellón del Sistema de Intervención para la Reducción del Índice de Corruptibilidad (IRIC) de los penales de Melchor Romero y Ezeiza, donde se encontraban detenidos ex funcionarios kirchneristas acusados de corrupción. También se realizaron tares de inteligencia sobre los familiares de los marinos muertos en el ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina hundido en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

Inclusive se espió a propia tropa, tal los casos de Nicolás Massot, ex jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados; Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara Baja; Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad; el diputado por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y hasta el mismísimo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño.

Dentro de los “blancos” sometidos a seguimiento se encontraba, por supuesto, el Instituto Patria. En junio del año pasado se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Leandro César Araque, uno de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigados en la Justicia de Lomas de Zamora por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.

Araque -también ex efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires- había sido eximido por la AFI del secreto de Estado, que le impedía revelar datos de inteligencia sensibles. El ex agente de inteligencia había ingresado en la agencia en 2016 y estuvo hasta que finalizó la gestión ante el organismo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes del servicio de inteligencia procesados por el espionaje ilegal.

En la causa originada en el Tribunal Federal 2 de Lomas de Zamora, el juez a cargo, Federico Villena, le encontró al ex agente en uno de sus teléfonos, luego de un allanamiento, fotos e información de las pesquisas ilegales que realizaba Areque para la AFI.

Un dato de color singular: el juez Villena llegó a su cargo gracias al sostén que le dio Silvia Majdalani, la ex vicedirectora de la AFI.

Araque dijo en su declaración ante Martínez de Giorgi que el ex director de Operaciones de la AFI, Alan Ruiz, le pidió en 2018 que realizara una misión: hacer tareas de vigilancia al Instituto Patria para saber quiénes entraban y salían de la institución. Según Araque, el motivo de dicha tarea se debía a que la AFI tenía información acerca que ex agentes de la agencia deambulaban por el instituto. Ruiz trataba de saber quiénes eran y qué hacían allí.

Si bien Areque le relató al magistrado que no le parecía apropiado el seguimiento y puso excusas para no hacerlo, la tarea se llevó a cabo. Y fue uno de los característicos papelones del servicio de inteligencia estatal. El 7 de agosto de 2018 estacionó un vehículo frente al IP. Dos efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron a verificar la identidad de los tres ocupantes del automóvil, a pedido de los empleados del instituto.

Todos se identificaron como agentes de la AFI. El vehículo, un Volkswagen Voyage, patente NNV682, quedó registrado en video mientras giraba en “U” sobre la calle Rodríguez Peña para retirarse. Dos días después del grave incidente, los jefes de la AFI, Arribas y Majdalani, salieron a negar el hecho, manifestando a través de una carta enviada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia, que los agentes se encontraban asignados a “otro operativo” acatando una orden judicial. Los fiscales demostraron en la investigación de la causa que la AFI confeccionó al menos cuatro documentos apócrifos para tapar el espionaje ilegal con los números de registro 8201 (la que se envió a la Comisión Bicameral, firmada por Arribas y Majdalani, del 9 de agosto de 2018), el 8224 y el 8409 (presentados respectivamente el 17 de agosto y el 5 de octubre, en la causa 82.441/2017 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora) y el 8526 (exhibido en la causa 13066/2018 que se tramitó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires).

Los fiscales también presentaron diferentes documentos sin una fecha estimada rubricados por “Augusto Rovero”, el alias de Alan Ruiz en la AFI, con “el objeto de respaldar o dar soporte al contenido falso de la primera parte del informe 8409”, según reza el informe de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona.

También se citó a indagatoria ante el juez Juan Pablo Augé, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a Juan Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI, y a Bernardo Miguens, jefe del departamento de Oficios Judiciales, entre otros empleados del organismo.

Tanto Leandro Araque como Facundo Melo, el otro agente de la AFI inculpado en la causa judicial de Lomas de Zamora, declararon que ambos respondían al ex director de Operaciones, Alan Ruiz, quien fue detenido y luego liberado en el marco de la investigación judicial, aunque sigue procesado por esta causa.

Quienes también fueron procesados por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, por el escándalo del espionaje ilegal fueron el ex director general de la AFI, Gustavo Arribas, el “Señor 5”, y la ya mencionada Silvia Majdalani, la ex vicedirectora del organismo, la “Señora 8”.

En la jerga de los organismos de inteligencia, el número con el que se designa a los directores de la AFI corresponde al piso que ocupan en el edificio de la calle 25 de Mayo 11. También se procesó al ex jefe de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste.

Estos procesamientos dispuestos por el juez federal Auge en agosto del año pasado, se decidieron a instancias de los fiscales Eyherabide e Incardona, quienes en su dictamen habían manifestado que la vigilancia ilegal tenía por objetivo descubrir el posible ingreso de bolsos con dinero al domicilio en Buenos Aires de la actual vicepresidenta Cristina Fernández (Juncal y Uruguay, en Barrio Norte) o al Instituto Patria.

Actualmente las causas por el espionaje ilegal en la era macrista se hayan paradas por una cuestión de competencias, aunque en los próximos meses podrían reactivarse.

La agenda del Instituto Patria: la agenda de un gobierno sin planes

Hay que decirlo: el gobierno nacional carece de planes. No solo en lo económico, como le dijo el propio presidente Alberto Fernández al diario Financial Times en julio del año pasado. “Francamente, no creo en los planes económicos”, fue la frase que disparó el presidente al medio británico. La verdad, no hacía falta aclararlo.

Desde el comienzo de la pandemia y la consiguiente declaración nacional de la cuarentena -vale aclarar que fue una medida en un principio avalada por casi todo el país, de derecha a izquierda-, el presidente recurrió a las arcas del Estado para intentar auxiliar a las empresas, los trabajadores en relación de dependencia y a aquellos que se mueven dentro de la economía informal.

La extensión permanente del confinamiento sanitario que comenzó el 20 de marzo del año pasado, destruyeron cientos de pequeñas y medianas empresas y comercios y, por consiguiente, miles de puestos de trabajos. A este cuadro de situación se sumó la eterna tara argentina: la incapacidad para dominar la inflación con su consecuente disminución del valor real de los salarios.

Aquí entra en juego la mano -o mejor dicho, el cerebro- de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria. La vicepresidenta sabe que el gobierno se juega mucho en las elecciones de medio término de este año. Y particularmente ella, que tiene algunas causas judiciales que la ponen hipotéticamente al borde de un juicio político y su posterior encarcelamiento, en caso de ser encontrada culpable por gravísimos hechos de corrupción, tal las causas Hotesur-Los Sauces (que se tramitan juntas y en donde también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia), o la causa “Cuadernos de la corrupción”, que son las más delicadas.

La pulseada pública entre Cristina Fernández y su presidente (a través de las cartas abiertas y manifestaciones en público de la vicepresidenta), obedecen al pésimo manejo de la economía que deriva en el desgaste de la imagen del gobierno -léase Alberto+kirchnerismo-, en un tibio pragmatismo del presidente en algunas cuestiones que el kirchnerismo considera batallas culturales, pero por sobre todos los puntos, porque el presidente no activa los resortes para salvarla de la mano de la Justicia y a los que ella considera “presos políticos” del macrismo: la líder piquetera jujeña Milagro Sala, el ex vicepresidente Amado Boudou, o el piquetero Luis DÉlía, entre otros. Y el Instituto Patria juega un rol decisivo en activar en la práctica las órdenes y el discurso de Cristina.

Al carecer Alberto Fernández y su gabinete de planes políticos, la agenda pone la pone el Instituto Patria a través de sus voceros:

*Ampliación de la Corte Suprema

Es una de las banderas que agitan los cerebros del Instituto Patria. El obsecuente senador Oscar Parrilli, ex director de la AFI, actual presidente de la Comisión de Justicia del Senado y presidente del Instituto Patria (Cristina es presidenta honoraria), había dicho: “Hay que ampliar los miembros de la Corte Suprema para que sea más dinámica y más plural”. En 2016, antes de someterse a la voluntad política de CFK, el ahora presidente se oponía a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. “La verdad es que la Corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros, el resto es fantasía”, decía durante una entrevista en la TV Pública.

Sin embargo, en uno de sus ya clásicos vuelcos de convicciones, y luego de la carta pública de Cristina del 9 de diciembre del año pasado criticando a la Corte, expresó: “Yo digo hace muchos años que la Justicia no está funcionando bien. Comparto mucho de lo que ha plantado Cristina. Es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia”.

La forma que encontró el presidente para amalgamar su postura y la del IP, es la creación de un tribunal intermedio de arbitrariedad que filtre parte de los casos que se tramitan en la Corte Suprema. Este nuevo órgano fue sugerido por el Consejo Consultivo de 11 notables para la reforma judicial kirchnerista, entre los que se encuentra Carlos Alberto Beraldi, el abogado de cristina en casi todas las cusas que se le tramitan.

*Estatización del sistema de salud privada

El coordinador del IP en cuestiones sanitarias, Daniel Gollán, actual ministro de salud de la provincia de Buenos Aires (y que fuera el último ministro del área durante el gobierno de Cristina Kirchner), tiene una visión crítica sobre el sistema de obras sociales, que manejan los gremios. CFK piensa de igual forma. En el cónclave que hizo el gobierno en el Estadio Único de La Plata, el 19 de diciembre último, la vicepresidenta expresó: “Vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Nuestro país debe ser de toda Latinoamérica el que más inversiones tiene en materia de salud, pero lo tenemos dividido en tres sistemas, el público, el privado y el de las obras sociales.

Bueno, vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos articular todo esto para ser un uso más eficiente de lo que hay en la Argentina”. Si bien públicos y privados coinciden con este diagnóstico, también manifiestan las dudas en la forma en que se haría la reforma del sistema de salud argentino.

Por un lado, el 70% de la población se atiende en el sistema privado de salud, obras sociales mediante. Por otro lado, existen 290 obras sociales, entre grandes y pequeñas, muchas de ellas casi quebradas. “Un legislador de la oposición dijo que de cada diez porteños solamente tres ocupan los hospitales públicos de la Capital Federal.

Entonces el presidente del bloque del Frente de Todos (su hijo, el diputado Máximo Kirchner) dijo lo obvio: que esos hospitales tendrían que estar en otra parte”, dijo Cristina Fernández, echando más dudas sobre lo que tiene en mente para la imprescindible área de salud.

En consonancia, el presidente tomó la posta de Cristina y el IP: “Hay un problema estructural en el sistema de salud que tenemos que revisar: que es un problema muy profundo, que es cómo se fue formando el sistema”, lanzó Alberto Fernández luego de volver atrás en su decisión de autorizar a las prepagas para que aumenten sus cuotas. “Yo no me acordaba que en octubre Ginés me había dicho que había hecho un acuerdo para ir ordenando los ingresos de las prepagas, repasó Fernández para luego reconocer: “Lo de diciembre, efectivamente, no lo sabía.

Cuando vi los del 7 (en relación al 7% que se autorizaba a aumentar a las prepagas) y averigüé y me entero de que en diciembre habían dado el 10% dije: Pero ustedes están locos! Esto fue todo lo que pasó”. Y remató: “¿Sabés quién me hizo cambiar de opinión? La realidad.

Fue algo que no había firmado yo, que había salido por el Ministerio de Salud, y que cuando me enteré dije: esto está mal”. No lo hizo cambiar de parecer la realidad. Quien sí lo hizo fue Cristina Fernández, que le exigió retrotraer su autorización para aumentar los importes de las cuotas de las prepagas.

* Nueva ley de control de medios de comunicación

Si hay una cuestión que le quita el sueño a los kirchneristas de paladar negro, esa es el control de los medios de comunicación. Obviamente de los medios opositores o libres. Ya en 2007 Cristina Fernández le anunciaba a sus militantes y cuadros políticos que se hacía necesaria una nueva ley que regulara los medios masivos de comunicaciones.

Si bien la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 de 1980 debía ser modificada para aggiornarla a los nuevos tiempos, también es cierto que el objetivo del kirchnerismo era otro: desguasar a los grandes medios (con el Grupo Clarín a la cabeza, el más opositor de todos). Pero a su vez, obviamente, dejó sin efecto la norma de la ley de medios k contra la concentración de medios para los grupos amigos, tal el caso de Telefónica con Telefe.

En 2016, Mauricio Macri modificó por decreto la ley de medios del kirchnerismo. Ahora desde el Instituto Patria se vuelve a poner en foco la necesidad de reflotar la ley k. Quien salió a poner en la agenda pública esta cuestión fue el inefable Parrilli. Criticando al Grupo Clarín en una radio afín al kirchnerismo, el presidente del IP dijo: “Esta es la pelea (en referencia a Clarín), la discusión. Son dos modelos de país que están en disputa”.

En su momento, un gran crítico de la ley de medios k fue…Alberto Fernández. “¿Hay que ver cómo funcionan los medios? La respuesta es sí, pero la ley de medios no era el modo”. “Veo muchos compañeros que siguen levantado una ley que no pudo aplicar Cristina. Entonces algo estuvo mal”, sostenía el ahora presidente en marzo de 2019, 10 años después de la promulgación de la ley, y dos meses antes que Cristina Fernández lo nombrara candidato para encabezar la formula presidencial.

Un mes después de haber sido ungido con la banda presidencial, Alberto Fernández dijo: “La Ley de Medios que Cristina promovió, tuvo algo bueno: el debate dejó al descubierto quién es quién. Y ahora cada uno sabe lo que escucha y sabe tamizar. Lo que nosotros debemos hacer es garantizar la pluralidad de voces y exigir responsabilidad en lo que opinan e informan. Responsabilidad”.

Hoy, un año después de aquellos dichos, el Instituto Patria vuelve a poner en la agenda pública la posibilidad de un nuevo debate sobre la fracasada ley de medios kirchnerista.

*Juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

Quienes intentan motorizar el juicio político contra presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (y aún para toda la Corte Suprema), son dos personas del riñón del Instituto Patria. Ellos son los diputados Leopoldo Moreau y Vanesa Siley. Moreau, un histórico ex radical devenido en ultrakirchnerista y colaborador en el IP, lo dejó muy claro: “La Corte está agotada y no puede seguir siendo la cabeza del Poder Judicial.

Hay que salvar a la Constitución de esta Corte”, manifestó. Moreau expresó de manera pública que es lo que tiene en mente el kirchnerismo duro: “el Poder Judicial se cambia de arriba hacia abajo”.

El otro alfil de CFK es la diputada Vanesa Siley, de la comisión de justicia del IP. En octubre último, Siley presentó en Diputados un proyecto para promover el juicio político contra Rosenkrantz. Los considerandos de Siley son por “mal desempeño” y “eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones”. El escrito agrega: “sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”.

Siley hace referencia a que Rosenkrantz votó a favor de la aplicación del cómputo del “2×1” (la ley 24.390 que estuvo en vigencia entre 1994 y 2001 y que establecía que pasados los primeros dos años de prisión sin condena, se debían computar dobles los días de detención de una persona) para los condenados por crímenes de lesa humanidad.

En realidad, Siley no dijo que el problema real con Carlos Rosenkrantz es que fue designado por Mauricio Macri y que su pedido de juicio político es en represalia por haber votado a favor del per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que llegaron durante la gestión de Macri, luego de que el actual gobierno intentara trasladarlos por decreto a los lugares que ocupaban en 2017 y 2018.

Inmediatamente el gobierno salió a despegarse del pedido de la diputada Siley y de Moreau y dijo que el pedido era a título personal. “No vamos a pedir juicio político a los ministros de la Corte Suprema”, salió a decir Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros.

*Indulto a miembros del kirchnerismo

Uno de los motivos del enojo vicepresidencial y del kirchnerismo duro contra Alberto Fernández es que no haya hecho nada por las causas en su contra y que los funcionarios y cuadros políticos que pasaron por las gestiones k de 2003 a 2015, y que están encarcelados por gravísimos hechos de corrupción y acciones violentas, sigan en prisión.

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y vicepresidente del Instituto Patria, está en sintonía con un indulto o una amnistía para los que el kirchnerismo denomina “presos políticos”. Por ejemplo, pidió la liberación del ex vicepresidente de CFK, Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra irregular de la empresa Ciccone Calcográfica y actualmente con prisión domiciliaria.

Otro de los allegados al IP que postulan un indulto o amnistía general es el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. “La solución legal inmediata es el indulto. Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, dijo Zaffaroni durante un encuentro virtual de la agrupación Populismo K, Luis D’Elía y Milagro Sala, dos de los presos por hechos de suma gravedad y corrupción.

Si bien las presiones desde el kirchnerismo para que Alberto Fernández empiece a considerar otorgar algún perdón presidencial son fuertes, el presidente tuvo que salir a desmentir en varias ocasiones esta posibilidad. Él mismo dijo en campaña que si alguien pensaba que iba a llegar a la Casa Rosada para dar indultos “es un estúpido”. “Yo a la palabra le asigno un valor central y yo hice campaña diciendo que los jubilados no iban a pagar más los remedios y lo cumplí, prometí la ley de interrupción de voluntaria del embarazo y lo cumplí, y dije que no iba dictar indultos y lo voy a cumplir”, concluyó el presidente hace casi un mes.

Existe una frase que define a la política argentina: los espacios de poder que se pierden, suelen ser ocupados por otros actores.

Este es el caso de la actual gestión de Alberto Fernández, cuya administración no sabe a donde va y, por lo tanto, su agenda política cotidiana se la marca un think thank que busca imponerle su doctrina y desplazar a sus funcionarios para aislarlo y convertirlo en un presidente vacío de poder real. Aún más.