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Los Republicanos presentan un proyecto de ley que busca dar prioridad a los padres en la educación sexual de sus hijos

El Minuto | Parlamentarios del Partido Republicano presentarán el proyecto de ley “Padres Primeros Educadores”, que busca otorgar prioridad a los padres en la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.

La ley busca empoderar a los padres y facilitar su acceso a la información sobre la educación de sus hijos. La iniciativa surge en medio de la controversia generada por la “Guía de Sexualidad Afectiva” del Ministerio de Educación, que condujo a la Acusación Constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila.

El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer el reconocimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas, y establecer un marco regulatorio para este derecho.

Se promueve la mejora de los planes y programas de educación sexual al obligar a los establecimientos educativos a definir su contenido con precisión y comunicarlo a los padres y apoderados.

Sin embargo, se mantienen las obligaciones legales de impartir clases de educación sexual y se respeta el derecho de cada establecimiento a decidir su contenido de acuerdo con su proyecto educativo.

La senadora Carmen Gloria Aravena destaca que el proyecto busca otorgar a los padres las herramientas necesarias para ser los principales responsables de la educación sexual de sus hijos.

Se enfatiza que los padres deben tener la decisión sobre cómo y cuándo abordar estos temas con sus hijos. El diputado Stephan Schubert señala que la ley también protegerá los derechos de los niños y establecerá sanciones para los organismos estatales que no cumplan con sus obligaciones.

La ley “Padres Primeros Educadores” define el concepto de “educación sexual” para delimitar el ámbito en el cual los padres pueden ejercer su derecho. Además, establece el deber del Estado de respetar el derecho de los padres a una educación coherente con sus convicciones morales.

Otorga a los padres el derecho de dar o negar su consentimiento para la participación de sus hijos en actividades de educación sexual con las que discrepen éticamente. También garantiza la no discriminación ni represalias contra los padres y estudiantes que decidan no participar en la educación sexual objetada, y establece la responsabilidad del Ministerio de Educación en la protección contra el abuso sexual. Por último, se establece la responsabilidad civil y administrativa por el incumplimiento de la ley tanto por parte de los establecimientos educativos como de los organismos estatales.

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