Otra forma de maltrato: la dura realidad de los niños y adolescentes con madres encarceladas

El Minuto | De acuerdo a datos de Gendarmería, a febrero de 2024, en Chile hay más de 4.100 mujeres en prisión, representando el 7.8% de la población carcelaria total. La mayoría de estas mujeres son madres, con un estimado del 90% teniendo hijos menores.

En las regiones de Biobío y Ñuble, hay respectivamente 220 y 53 mujeres privadas de libertad. Este encarcelamiento tiene efectos desproporcionados en quienes dependen de ellas, como sus hijos e hijas, debido a la separación familiar y la pérdida de vínculos afectivos.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, Corporación Catim invita a reflexionar sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con padres encarcelados. En Ñuble y Biobío, Catim, ha apoyado a más de 500 niños y jóvenes en esta situación.

“Yo tengo una memoria súper mala. A mí se me hizo un borrado de memoria. Muchos me dicen que es por las cosas que he pasado en la vida. La mayoría de las cosas que sé de mi mami me las han contado, pero ni siquiera sé si es así. Ya se me olvidó su cara”, Kevin 10 años. Este es el relato de uno de los niños que participan del programa Abriendo Caminos. En él, se da cuenta de una cruda realidad. La segunda condena que viven niños, niñas y adolescentes producto de tener a sus adultos significativos, especialmente sus madres, privados de libertad.

Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 de marzo de 2023, Chile se sitúa como el tercer país de América del Sur con la mayor proporción de mujeres privadas de libertad con un 7,1%, solo superado por Guyana Francesa y Bolivia, con un (7,3%) y (8%) correspondientemente.

La mayoría de estas mujeres son madres, con un promedio de 2.5 hijos y con un estimado del 90% teniendo hijos menores, por otro lado, los delitos por los cuales están encarceladas son en su mayoría menos graves y violentos en comparación con sus contrapartes masculinas, y frecuentemente relacionados con la vulnerabilidad socioeconómica y el abuso, fundamentalmente al microtráfico de drogas. Esta situación presenta una serie de desafíos e implicancias emocionales, económicas, familiares y sociales, pues la cárcel para la mujer es doble- mente estigmatizadora y las consecuencias para los hijos e hijas de personas encarceladas son devastadoras en el corto y largo plazo.

Eduardo Villanueva Barcena, coordinador del programa Abriendo Caminos Provincia de Concepción ejecutado por Corporación CATIM, explica la marcada influencia de género en el impacto del encarcelamiento. En su mayoría, las personas privadas de libertad son hombres, lo que deja a las mujeres con la carga de las responsabilidades familiares y económicas, incluyendo el sostén y el desarrollo de sus hijos. Por otro lado, el encarcelamiento materno tiene un impacto significativo por varias razones: primero, es más probable que los hijos vivan con la madre antes de su encarcelamiento; segundo, los arreglos de cuidado son diferentes para hombres y mujeres en prisión, con las abuelas asumiendo la mayor parte del cuidado, por ejemplo, o los niños terminando institucionalizados; y tercero, la escasez de centros de reclusión para mujeres resulta en que sean alojadas en lugares alejados de sus hogares, dificultando el contacto con sus familias”, explica.

Abriendo Caminos

El programa Abriendo Caminos es una estrategia de promoción y protección social dirigida a los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con un adulto significativo privado de libertad y su cuidador principal. Su objetivo es apoyar a estos niños, niñas y adolescentes, buscando mitigar los efectos psicológicos, familiares y sociales que les provoca la separación forzosa prolongada del adulto privado de libertad.

Para el seremi de Desarrollo Social y Familia en Biobío, Hedson Díaz Cruces, es crucial abordar la situación de los niños, niñas y adolescentes con madres encarceladas. En este sentido, señala que “dicho programa está desarrollando ofertas para niños, niñas y adolescentes que tienen madres condenadas en un recinto penitenciario, en toda la región, en las tres provincias, y que se está trabajando a nivel ministerial para que tengamos una oferta exclusiva, pensando en la situación de las cárceles de mujeres. Nuestro ministerio está plenamente enfocado en que los niños, niñas y adolescentes tengan un trabajo de prevención, un trabajo de intervención familiar, desde el momento mismo en que sus padres o adultos referentes entran en conflicto con la justicia, ya sea con medidas cautelares, preventivas o con una condena, y que esto es parte del sistema de garantías que está construyendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes”.

En Biobío y Ñuble la Corporación CATIM se encuentra ejecutando 4 programas Abriendo Caminos, desde 2020, financiado por la Subsecretaría de la Niñez, y brinda acompañamiento y apoyo a más de 500 NNA con adultos significativos privados de libertad. Solo el Abriendo Caminos Provincia de Concepción atienda a más de 90 niños, niñas y jóvenes.

Sandra Castro Salazar, directora ejecutiva de Catim, explica que “Nuestro compromiso se refleja en la ejecución de proyectos como este, que abordan de manera directa las necesidades de los NNA y en especial con adultos significativos privados de libertad. En este día en contra del maltrato infantil, queremos visibilizar esta dura realidad y al mismo tiempo, consideramos vital aportar soluciones concretas y efectivas que mitiguen los impactos emocionales, familiares y sociales que enfrentan estos niños y adolescentes”, sentenció.

Entre la inocencia y la realidad

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”, deja en manifiesto el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a, de la cual Chile forma parte desde 1990.

Según informes internacionales, como el titulado “Niñez que cuenta: El impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe”, se estima que en Chile podría haber hasta 59.000 niños, niñas y jóvenes con algún familiar en prisión. Esta situación se manifiesta de diversas formas, desde lactantes que viven con sus madres tras las rejas, hasta niños y adolescentes que quedan sin el cuidado o supervisión de sus progenitores debido al encarcelamiento. Además, hay casos en los que los niños crecen en entornos donde el encarcelamiento es una parte habitual de su vida cotidiana, lo que puede afectar su desarrollo y percepción del mundo.

La ausencia de uno o ambos padres debido a la privación de libertad no solo trae consigo la carga emocional de la separación y el estigma social, sino que también impacta de manera directa en la dinámica familiar y en el bienestar de los NNA. Muchos de estos se ven forzados a dejar de lado su niñez o adolescencia para asumir roles de adultos prematuramente, lo que puede tener consecuencias devastadoras en su desarrollo físico, emocional y psicológico.

“Entre las responsabilidades que estos niños y adolescentes deben enfrentar se encuentran el cuidado de hermanos menores, la realización de tareas domésticas y la búsqueda de empleo para sostener económicamente al hogar. El tener que ocuparse de estas responsabilidades a una edad temprana puede interferir con su educación, limitar sus oportunidades futuras y aumentar su riesgo a situaciones de explotación laboral o abuso, y por supuesto, la delincuencia”, explica Villanueva Barcena.

Siete años a la espera de la Ley Sayen

“Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo”, continúa la declaración de la Convención.
Actualmente, las mujeres privadas de libertad que están embarazadas y quienes ya son madres de niños de hasta dos años, tienen dos posibilidades. Escoger un tutor legal para que crie a su hijo fuera del recinto penal o vivir con el pequeño/a hasta sus dos años. Posteriormente, si no hay quien pueda encargarse de su crianza, los menores pasan a residencias de protección.

En 2016, Lorenza Cayuhan fue detenida y condenada por el delito de robo, estando embarazada con 4 meses de gestación. Mientras cumplía su condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo y fue trasladada al hospital. Allí se le practicó una cesárea, mientras estaba engrillada de pies y en presencia de gendarmes varones. Su hija fue nombrada Sayén.

Un año después, en 2017, es presentada la propuesta de Ley Sayén, que busca modificar el Código Procesal Penal, estableciendo una sustitución de la pena y limitando el uso de prisión preventiva, con el objetivo de que mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 2 años puedan acceder a modalidades alternativas, distintas a la cárcel. Sin embargo, su tramitación quedó pausada por años en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. No fue hasta el año 2022, cuando el actual gobierno ordenó darle impulso legislativo, que su discusión se retomó.

Eduardo Villanueva Barcena, resalta la importancia de la aprobación de la Ley Sayén para transformar esta dura realidad. “La aprobación de esta ley, que lleva desde el 2017 en el congreso, no solo beneficia a las mujeres en periodo de embarazo o con hijos menores de dos años en situación de encarcelamiento, sino que también tiene un impacto directo en la vida de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo garantizar el derecho fundamental de los menores a crecer en un entorno familiar adecuado, protegiendo su desarrollo emocional y social”.