La propuesta de un grupo de diputados para suspender la Ley Karin durante cinco años abrió una controversia política y laboral. La Mesa del Senado y el Gobierno rechazaron la iniciativa, aunque coincidieron en que la aplicación de la normativa puede requerir ajustes.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira (UDI), señalaron que paralizar la ley constituye un camino equivocado para enfrentar las dificultades observadas desde su entrada en vigor.
Ambos parlamentarios defendieron la relevancia de una regulación que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.
Mesa del Senado defiende la Ley Karin
Mediante una declaración, Núñez y Moreira expresaron su desacuerdo con la propuesta y recordaron que la legislación obtuvo un respaldo amplio y transversal durante su tramitación en el Congreso Nacional.
Según plantearon, ese apoyo reflejó un consenso político e institucional en torno a la necesidad de fortalecer la protección de las personas dentro de los espacios laborales.
“Como toda legislación reciente, su implementación puede requerir ajustes y perfeccionamientos. Sin embargo, ello no justifica suspender una norma que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas”, manifestaron.
La presidenta del Senado reforzó esta posición al señalar que no está disponible para respaldar la suspensión de la ley.
“Sin duda, ha servido como protección para muchos trabajadores y trabajadoras”, afirmó Núñez.
Parlamentarios proponen suspenderla durante cinco años
La iniciativa fue promovida por los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) Erich Grohs, Paulina Muñoz, Álvaro Jofré y Cristóbal Urruticoechea.
También fue respaldada por el republicano Diego Vergara y por Daniel Valenzuela, independiente integrante de la bancada de Renovación Nacional.
La propuesta pretende detener transitoriamente la aplicación de la normativa para revisar su diseño y corregir los problemas que, según sus impulsores, ha generado su implementación.
Sin embargo, la sola presentación de la iniciativa no suspende ni modifica la legislación vigente. Para producir ese efecto tendría que completar su tramitación en el Congreso y ser promulgada conforme al procedimiento constitucional.
Gobierno descarta respaldar la suspensión
El Gobierno también cerró la puerta a apoyar la propuesta. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que el Ejecutivo prefiere mejorar el funcionamiento de la normativa antes que paralizarla.
“El Ejecutivo, y lo dijo el presidente de la República también, no es partidario de una suspensión de las leyes, sino de realizar los ajustes que ha estado trabajando el Ministerio del Trabajo para hacer que esa ley funcione mejor”, sostuvo.
Pavez agregó que el Ministerio del Trabajo se encuentra evaluando mecanismos para conseguir una aplicación más adecuada, como también se ha hecho con otras reformas laborales.
“No parece razonable la suspensión de una norma, sino que las instituciones tienen que funcionar y adecuarse al contexto”, afirmó el subsecretario. La declaración coincide con la postura expresada por el presidente José Antonio Kast, quien evitó respaldar la suspensión, pero reconoció que “las leyes se pueden perfeccionar”.
Cambios al reglamento y admisibilidad de las denuncias
La Mesa del Senado planteó que los esfuerzos deben concentrarse en modificar y perfeccionar el reglamento, reforzar los requisitos de admisibilidad de las denuncias y establecer estándares más exigentes para su presentación.
Ese debate busca responder a las críticas relacionadas con denuncias insuficientemente fundamentadas, dificultades procedimentales y sobrecarga institucional, pero sin eliminar la protección entregada a quienes sufren conductas de acoso o violencia.
Desde una perspectiva jurídica, cualquier modificación debe mantener un equilibrio entre:
- La protección efectiva de las víctimas.
- La investigación oportuna e imparcial.
- La confidencialidad del procedimiento.
- El derecho a defensa de las personas denunciadas.
- La prevención de denuncias manifiestamente infundadas.
- El deber del empleador de mantener espacios laborales seguros.
Endurecer la admisibilidad no debería significar imponer barreras que impidan denunciar. Su finalidad tendría que ser mejorar la claridad, trazabilidad y seriedad de los procedimientos.
¿Qué establece la Ley Karin?
La Ley N.º 21.643, conocida como Ley Karin, comenzó a regir el 1 de agosto de 2024. Modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Biblioteca del Congreso Nacional
Entre sus principales alcances se encuentra el deber de los empleadores y organismos públicos de contar con mecanismos preventivos y procedimientos destinados a investigar estas conductas.
La normativa también amplió el concepto de acoso laboral, estableciendo que una sola conducta puede ser suficiente cuando produce menoscabo, maltrato, humillación o amenaza la situación laboral de la persona afectada.
Conclusión
La discusión revela que existe un diagnóstico compartido sobre la necesidad de corregir dificultades en la aplicación de la Ley Karin, pero no un consenso para suspenderla.
Paralizar completamente la normativa durante cinco años significaría interrumpir un sistema de prevención e investigación creado para proteger a trabajadores y funcionarios frente al acoso y la violencia laboral. Una decisión de esa magnitud podría generar un vacío de protección y retroceder en estándares que Chile incorporó recientemente.
El camino institucional más proporcionado parece ser la revisión de los reglamentos, los plazos, la admisibilidad de las denuncias y la capacidad de los organismos encargados de investigarlas. Esto permitiría corregir deficiencias sin desmantelar la protección legal.
El pronunciamiento del Gobierno tampoco pone término jurídicamente al proyecto: expresa que el Ejecutivo no lo respaldará políticamente, pero la iniciativa podrá seguir la tramitación que determine el Congreso mientras sus autores no la retiren o sea rechazada.
