César Márquez Márquez pertenece a una familia ligada históricamente a la minería. Vivió y estudió en Chuquicamata, donde también trabajó su padre. Siguiendo ese camino, desarrolló una carrera de más de dos décadas al interior de Codelco, hasta que el 20 de mayo de 2026 recibió una carta que puso término abrupto a su trayectoria en la principal empresa estatal de Chile.
Hasta ahora, Márquez es el único ejecutivo despedido tras la auditoría que detectó desviaciones en el reconocimiento y reporte de la producción de cobre correspondiente a 2025. El caso involucró 20 mil toneladas métricas de cobre fino contenidas en óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas asociadas a materiales provenientes de la División Ministro Hales.
En total, se trata de 26.875 toneladas, equivalentes aproximadamente al 2% de la producción propia informada por Codelco durante ese ejercicio.
El caso no solo abrió un conflicto dentro de la compañía. La contabilización cuestionada también incidió en el cálculo de incentivos variables y derivó en el pago de bonos que ahora la estatal intenta recuperar de sus propios trabajadores.
La presión por superar la producción de 2024
A fines de 2025, según el testimonio entregado por César Márquez ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, existía una instrucción reiterada dentro de la compañía: la producción debía superar los resultados alcanzados en 2024.
El escenario era especialmente complejo para Codelco. El accidente fatal ocurrido en la mina El Teniente había provocado la muerte de seis trabajadores, además de una prolongada paralización operacional y cuantiosas pérdidas económicas.
—El único objetivo que había de toda la plana ejecutiva era que la producción tenía que ser mejor que la de 2024 —declaró Márquez ante la instancia parlamentaria.
Hasta su desvinculación, se desempeñaba como gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco, posición desde la cual participaba en la revisión y consolidación de los resultados productivos de la corporación.
La presión por elevar las cifras quedó reflejada en distintos correos internos. En uno de ellos, fechado el 9 de diciembre de 2025, el vicepresidente de Comercialización, Braim Chiple, comunicó al entonces presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, que se estaba trabajando con las divisiones para “poner en valor todo material con cobre”.
En ese intercambio apareció una expresión que posteriormente se convertiría en una de las claves del caso:
“Así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025”.
¿Qué fue la denominada “operación rastrillo”?
La expresión “operación rastrillo” fue utilizada públicamente para describir la búsqueda de inventarios y materiales que pudieran contribuir a mejorar las cifras de producción al cierre del año.
Rubén Alvarado rechazó que se tratara de una política destinada a aumentar artificialmente los resultados. Según explicó ante la comisión investigadora, lo que existió fue una búsqueda de oportunidades operacionales legítimas destinada a reducir inventarios y recuperar materiales disponibles.
Esta práctica no sería extraordinaria en la actividad minera. Sin embargo, el problema surgió porque la auditoría concluyó que determinados materiales no cumplían todas las condiciones internas necesarias para ser reconocidos como productos terminados durante 2025.
Codelco informó oficialmente que la revisión detectó:
- 20 mil toneladas métricas de cobre fino contenidas en óxidos de la División Chuquicamata.
- 6.875 toneladas métricas contenidas en arsenito de calcio de la División Ministro Hales.
Estos materiales requerían procesamiento posterior y, conforme a la auditoría, debieron mantenerse registrados como productos en proceso, en lugar de sumarse a la producción final del periodo.
La investigación identificó, además, incumplimientos normativos, aplicación improcedente de normas de excepción y deficiencias en las aprobaciones obligatorias. Codelco detalló oficialmente los resultados de la auditoría.
La denuncia anónima que activó las alarmas
El caso comenzó a adquirir una dimensión mayor el 25 de febrero de 2026, cuando integrantes del directorio recibieron copia de un correo anónimo dirigido al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
La comunicación contenía 16 puntos y denunciaba distintas situaciones que podían constituir irregularidades. Uno de esos antecedentes se refería precisamente a la incorporación de unas 20 mil toneladas fuera de norma en la producción de Chuquicamata.
Los materiales correspondían a óxidos: rocas que contienen cobre, pero que todavía deben someterse a procesamiento para obtener un producto comercializable.
Márquez sostiene que esas toneladas podían incluirse en la producción de 2025. La auditoría interna, en cambio, determinó que no reunían cabalmente los requisitos exigidos.
Uno de los principales problemas era el plazo requerido para convertir el material en un producto vendible. De acuerdo con los antecedentes conocidos, su procesamiento podía demorar entre 18 y 24 meses y dependía de la capacidad disponible en una planta de la División Radomiro Tomic.
Además, fuentes conocedoras del proceso señalaron que ese material ya habría sido considerado dentro del plan productivo de 2027 y que era la primera vez que productos de esas características se incorporaban a las cifras anuales de producción.
Correos internos de Codelco:
Una auditoría que encontró casi 7 mil toneladas adicionales
El 3 de marzo de 2026, la denuncia ingresó formalmente al canal institucional de Codelco. Posteriormente, el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) ratificó la necesidad de revisar los reportes de producción y el cumplimiento de las normas internas.
La auditoría confirmó la existencia de las 20 mil toneladas denunciadas, pero también detectó otras 6.875 toneladas asociadas a materiales de la División Ministro Hales.
Este segundo hallazgo abrió un flanco todavía más delicado.
Los llamados “Polvos de Montecristo”
Los materiales fueron identificados públicamente como “Polvos de Montecristo”. Se trataría de residuos que contienen cobre, pero también concentraciones de arsénico, por lo que necesitaban tratamiento antes de una eventual comercialización.
Según fuentes citadas en la investigación periodística original, fue el propio Márquez quien alertó a los auditores sobre la existencia de estas toneladas.
Documentos internos conocidos durante el caso indicarían que su procesamiento podía extenderse durante varios años y generar costos o pérdidas estimadas entre US$7 millones y US$50 millones. Estas cifras, sin embargo, corresponden a antecedentes difundidos por fuentes vinculadas al proceso y no fueron detalladas en la comunicación pública de Codelco.
Márquez aseguró ante los diputados que, pese al eventual impacto económico, la prioridad interna era sumar producción:
“Aquí hay una pérdida; sin embargo, como la instrucción emanada del presidente ejecutivo, del comité ejecutivo y del presidente del directorio era buscar producción, la verdad es que daba lo mismo. Lo que importaba era sumar las toneladas”.
Su afirmación constituye la versión del exejecutivo y deberá ser contrastada con las declaraciones de los demás involucrados y con los antecedentes de la investigación.
Rubén Alvarado, por su parte, ha rechazado haber participado en preparativos destinados a inflar la producción. Sostuvo que los correos difundidos se referían a revisiones operacionales habituales para maximizar la recuperación y comercialización de materiales disponibles.
Responsabilidades y sanciones dentro de Codelco
Tras concluir la auditoría, el CACE expuso sus hallazgos ante el directorio de la corporación.
La revisión estableció responsabilidades individuales respecto de siete ejecutivos y un exejecutivo, pertenecientes a Casa Matriz y a las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. El directorio resolvió aplicar amonestaciones y otras medidas disciplinarias, pero César Márquez fue el único ejecutivo desvinculado.
El exgerente relató que recibió la noticia mediante una carta y una llamada telefónica:
“Cuando me empiezan a decir que estaba despedido por el artículo 160 y que iban a cortar mi contrato de manera inmediata, me descompensé y se cortó la llamada. Menos mal que contesté en altavoz y mi hijo escuchó, llegó y me dio los remedios; si no, no estaría contando esta historia”.
Márquez mantiene una acción judicial por su despido y rechaza haber actuado de manera aislada. Afirma que la información estaba disponible para distintos niveles jerárquicos de la estatal.
“Cuando me dicen que aquí nadie sabía y que yo era el único que sabía, está claro que esto estaba informado a todos los niveles y todos sabían”.
La auditoría, por el contrario, le atribuyó un papel relevante en la incorporación de las toneladas cuestionadas. Esta diferencia entre la conclusión administrativa y la defensa del exejecutivo constituye uno de los principales puntos que deberán esclarecerse.
Bonos por US$14,3 millones
La corrección de la producción obligó a recalcular los incentivos vinculados con el cumplimiento de metas.
Según los antecedentes conocidos, 6.322 trabajadores y ejecutivos recibieron pagos que, total o parcialmente, no habrían correspondido después de rectificarse las cifras. El monto involucrado se estima en US$14,3 millones, aproximadamente $13 mil millones chilenos.
El promedio alcanzaría cerca de $2 millones por funcionario, aunque los montos varían según el cargo y las responsabilidades. En el caso de ciertos gerentes y altos ejecutivos, las sumas habrían llegado hasta los $7 millones.
Algunos trabajadores y ejecutivos ya habrían firmado compromisos de restitución y parte de los recursos habría comenzado a ser devuelta. Codelco indicó que gestionará los mecanismos de recuperación de acuerdo con la normativa vigente.
La restitución, no obstante, puede abrir discusiones laborales relevantes. Entre otros elementos, será necesario determinar cómo se calcularon los incentivos, qué información recibió cada trabajador y bajo qué mecanismos jurídicos se solicitará la devolución.
El caso está en manos del Ministerio Público
El directorio de Codelco presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue si los hechos pueden revestir carácter de delito.
Esto no significa que exista una responsabilidad penal establecida. La investigación deberá determinar si las desviaciones respondieron a errores técnicos, incumplimientos administrativos o acciones deliberadas, y establecer quiénes intervinieron en las decisiones.
La estatal precisó, además, que los hallazgos no obligan a modificar sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, anunció la incorporación de notas aclaratorias en su memoria, análisis razonado, sitio web y demás comunicaciones oficiales.
Conclusión: una crisis que excede el error contable
El caso de la denominada “operación rastrillo” en Codelco no se reduce a una diferencia técnica sobre cuándo debe reconocerse una tonelada de cobre como producción terminada. Lo ocurrido expone preguntas más profundas sobre los controles internos, la trazabilidad de las decisiones y la presión que puede generar el cumplimiento de metas dentro de una empresa que pertenece a todos los chilenos.
La auditoría estableció desviaciones concretas y determinó responsabilidades administrativas. Sin embargo, permanece abierta una contradicción central: mientras Codelco atribuye un papel decisivo a César Márquez, el exejecutivo sostiene que las operaciones fueron informadas y conocidas por distintos niveles de la estructura corporativa.
También deberá aclararse por qué los mecanismos de aprobación no impidieron que materiales que requerían procesamiento futuro fueran incorporados a la producción terminada y cómo esa decisión terminó influyendo en bonos por US$14,3 millones.
La investigación del Ministerio Público tendrá la tarea de establecer si existieron conductas penalmente relevantes. Paralelamente, la justicia laboral deberá pronunciarse sobre la impugnación del despido de Márquez y Codelco deberá definir procedimientos legales y proporcionales para recuperar los incentivos pagados en exceso.
Por tratarse de la principal empresa pública del país, el esclarecimiento completo de lo ocurrido es una exigencia institucional. No basta con determinar quién incorporó las toneladas: también es necesario establecer quiénes conocieron, aprobaron o pudieron impedir las decisiones cuestionadas. Solo una investigación transparente permitirá saber si se trató de una falla concentrada en determinados funcionarios o de un problema más amplio en la cultura de control y gobierno corporativo de la estatal.
