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Cada cierto tiempo, Chile vuelve a discutir cómo modernizar su legislación laboral. Esta vez, el debate se centra en una de las materias más sensibles para millones de trabajadores: la indemnización por años de servicio.
El Gobierno ha manifestado que estudia avanzar hacia un sistema de indemnización a todo evento que reemplace gradualmente el régimen actual para los nuevos contratos de trabajo. La propuesta, que aún requiere la presentación de un proyecto de ley y su posterior discusión en el Congreso Nacional, contempla que los empleadores realicen una cotización adicional cercana al 1,8% de la remuneración mensual de cada trabajador, recursos que se incorporarían al Seguro de Cesantía para conformar un fondo personal.
Es importante precisar un aspecto que muchas personas desconocen: la iniciativa no afectaría a quienes actualmente mantienen un contrato de trabajo bajo el sistema vigente. Los trabajadores ya contratados conservarían sus derechos adquiridos, incluida la indemnización por años de servicio cuando corresponda conforme a la legislación actual.
En consecuencia, si la reforma se aprueba, durante varios años coexistirían dos sistemas distintos: uno para los contratos antiguos y otro para quienes sean contratados después de la entrada en vigencia de la nueva ley.
A primera vista, la propuesta parece atractiva. Bajo este mecanismo, cualquier trabajador podría retirar los fondos acumulados al término de la relación laboral, ya sea por despido, renuncia voluntaria o acuerdo entre las partes. En otras palabras, todos tendrían acceso a un beneficio, situación que hoy no ocurre, pues la indemnización legal solo se paga en determinadas causales, principalmente cuando el despido obedece a necesidades de la empresa.
Sin embargo, cuando se analizan las cifras con mayor profundidad, surgen dudas legítimas sobre quiénes serían realmente los beneficiados.
Un ejemplo con el sueldo mínimo:
Observación general
Para comprender el alcance de la propuesta, resulta útil utilizar un ejemplo práctico basado en el Ingreso Mínimo Mensual vigente en Chile ($553.553). El siguiente ejercicio tiene un carácter meramente referencial y busca ilustrar las diferencias entre el sistema actual de indemnización por años de servicio y el mecanismo de indemnización a todo evento actualmente en estudio.
En este escenario, un trabajador que perciba el ingreso mínimo generaría un aporte aproximado de $9.964 mensuales, equivalente al 1,8% de su remuneración. Si ese aporte se efectuara de manera continua durante 11 años —plazo que coincide con el máximo legal de indemnización por años de servicio— el fondo acumulado alcanzaría aproximadamente $1.315.248, sin considerar la rentabilidad que eventualmente pudiera generar.
Bajo la legislación vigente, en cambio, un trabajador con el mismo sueldo que fuera despedido por necesidades de la empresa después de once años de servicio podría acceder a una indemnización equivalente a 11 remuneraciones, es decir, $6.089.083.
La diferencia referencial entre ambos mecanismos asciende a $4.773.835, lo que explica por qué esta propuesta ha generado un amplio debate entre organizaciones de trabajadores, empleadores, economistas y especialistas en Derecho del Trabajo.
Es importante precisar que esta comparación no constituye una proyección definitiva, ya que el monto final del nuevo sistema dependerá del texto que eventualmente apruebe el Congreso, de las reglas de funcionamiento del fondo, de su rentabilidad y de otros aspectos técnicos que aún no forman parte de una ley vigente.
Sin embargo, el ejercicio permite visualizar una de las principales interrogantes que plantea la reforma: ¿el nuevo sistema entregará un nivel de protección económica equivalente al que hoy reciben los trabajadores que permanecen largos años en una misma empresa, especialmente aquellos de menores ingresos y con mayores dificultades para reinsertarse laboralmente? Esa es, precisamente, una de las preguntas que el debate legislativo deberá responder.
Dos trabajadores, dos sistemas
Otro aspecto relevante es que podrían coexistir trabajadores que desempeñan exactamente la misma función, con la misma antigüedad y el mismo sueldo, pero sujetos a sistemas completamente distintos solo por haber sido contratados en fechas diferentes.
Un trabajador contratado antes de la reforma mantendría el derecho a la indemnización por años de servicio.
Otro, contratado después de la entrada en vigencia de la nueva ley, acumularía únicamente el fondo individual establecido en el nuevo sistema.
Ese escenario abre interrogantes sobre la equidad entre trabajadores que realizan las mismas labores, pero que podrían recibir beneficios muy diferentes al término de su relación laboral.
El desafío de proteger a los trabajadores de mayor edad
Chile enfrenta un progresivo envejecimiento de su fuerza laboral.
Cada vez son más las personas mayores de 50, 55 o incluso 60 años que continúan trabajando porque sus futuras pensiones no les permiten dejar el mercado laboral.
Cuando un trabajador de esa edad pierde su empleo, las posibilidades de encontrar otro disminuyen considerablemente.
La indemnización muchas veces representa el respaldo económico que permite sostener a una familia durante varios meses mientras aparece una nueva oportunidad laboral.
- Sirve para pagar el dividendo.
- El arriendo.
- Las deudas.
- Los medicamentos.
- Los estudios de los hijos.
Y también para enfrentar otro problema que golpea cada vez con más fuerza el bolsillo de los chilenos: el constante aumento de las cuentas de electricidad.
Durante los últimos años, el costo de la energía eléctrica ha aumentado de manera importante para numerosos hogares. Para miles de familias, pagar la cuenta de la luz dejó de ser un gasto menor y pasó a convertirse en una preocupación mensual que se suma al alza de los alimentos, el transporte, los combustibles y el costo de acceder a una vivienda.
En ese contexto, reducir significativamente el respaldo económico que entrega una indemnización merece un debate profundo y responsable.
También existen aspectos positivos
Sería injusto afirmar que la propuesta no presenta ventajas.
Hoy muchos trabajadores renuncian voluntariamente después de varios años y no reciben indemnización alguna.
Con el nuevo sistema, esos recursos serían de su propiedad y podrían retirarlos cualquiera sea la forma en que termine la relación laboral.
Ello favorece especialmente a quienes cambian frecuentemente de empleo y hoy quedan fuera de la protección que entrega la indemnización tradicional.
Una reforma que debe pensar en las personas
Las empresas necesitan reglas claras y costos previsibles.
Eso es una realidad.
Pero también lo es que detrás de cada contrato existe una familia.
Detrás de cada trabajador hay años de esfuerzo.
Detrás de cada despido hay incertidumbre.
Y detrás de cada reforma laboral existe una responsabilidad con millones de personas que esperan que el trabajo siga siendo una herramienta de desarrollo y seguridad para sus hogares.
Chile necesita debatir seriamente esta reforma.
Pero también necesita preguntarse si el objetivo es únicamente reducir los costos del sistema o construir un mecanismo que entregue verdadera protección a quienes más la necesitan.
Porque cuando hablamos de indemnizaciones no solo hablamos de dinero.
Hablamos de dignidad.
De estabilidad.
De seguridad económica.
Y del reconocimiento que merece toda persona que ha dedicado años de su vida al trabajo.
¿Cree usted que Chile debe reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización a todo evento, o considera que es posible modernizar la legislación laboral sin disminuir la protección de quienes han dedicado años de trabajo a una misma empresa? Déjenos su opinión.
