El debate sobre la seguridad pública en Chile ha encontrado una nueva línea divisoria. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expuso de manera contundente los motivos por los cuales su colectividad rechazará el paquete de reforma de seguridad impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, calificando la administración como un “gobierno de ultraderecha” marcado por la “conflictividad y contradicciones internas”.
Línea roja: Derechos Humanos y rechazo al rol castrense
En medio de la discusión sobre cómo enfrentar el crimen organizado, Carmona estableció condiciones ineludibles para cualquier diálogo legislativo. “Hemos dicho que estamos disponibles para fortalecer una política de seguridad pública, que tenga la capacidad y la eficacia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y achicar el espacio de un flagelo que está alterando la convivencia en la sociedad”, señaló el líder comunista.
Sin embargo, esta apertura viene con una advertencia clara: “Vamos a hacer todas las contribuciones con un par de prevenciones: respeto irrestricto a los derechos humanos y no alterar los derechos que tienen los movimientos sociales de expresarse”.
En este sentido, el dirigente fue enfático al rechazar las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo, especialmente aquellas que buscan involucrar a los militares en labores de seguridad ciudadana. “No somos partidarios de que las Fuerzas Armadas tengan misiones que no le corresponden, sino fortalecer la tarea policial”, afirmó, desestimando la necesidad de modificar la Carta Fundamental para abordar este flagelo, ya que la protección del orden es, a su juicio, una “obligación de Estado” ya explicitada.
Fortalecimiento policial, pero sin “cheques en blanco”
A pesar del rechazo frontal al enfoque gubernamental, Carmona reconoció la necesidad de dotar a las instituciones de mejores herramientas. “Vamos a respaldar fortalecer el aparato policial, fortalecer el punto de vista tecnológico, logísticas, infraestructura y dotación para que den una buena batalla y ganemos esta batalla”, sostuvo.
No obstante, el dirigente advirtió que el PC no está dispuesto a aprobar paquetes legislativos omnibus. “Esto no es firmar cheques en blanco, nosotros tenemos identidad y responsabilidad”, enfatizó, aclarando que la discusión debe ser “ley por ley” y no a través de la Comisión de Asesoramiento Técnico (ACOT) de manera indiscriminada.
También cuestionó severamente la propuesta de otorgar al Presidente facultades excepcionales por ocho meses para gobernar en materia de seguridad, calificando la medida como “casi una restricción, involución del punto de vista del sistema democrático”.
Sobre la doctrina de uso de la fuerza, Carmona instó a mantener un equilibrio: “Tengo una confianza en la doctrina que debe tener una policía en un sistema democrático, que además tenga un compromiso y empatía con el mundo popular… que el nivel de uso de tecnología y armamento sea proporcionado a ser policía y no a faltar a las reglas de la convivencia”, descartando que las fuerzas de orden actúen como una “contraparte” militarizada con discreción para usar armas con consecuencias fatales.
Conclusión
La postura del Partido Comunista refleja una tensión constitucional clásica en las democracias modernas: el equilibrio entre la eficacia del Estado para garantizar la seguridad y la preservación de las garantías fundamentales. La insistencia en mantener a las Fuerzas Armadas fuera del orden interno no es solo una posición ideológica, sino un resguardo del principio de subsidiariedad y especialización de las fuerzas de seguridad, evitando la militarización de la vida civil. Cualquier reforma que busque ampliar facultades excepcionales del Ejecutivo o difuminar las líneas entre la labor policial y la castrense enfrentará no solo un muro político, sino un escrutinio jurídico que pondrá a prueba la solidez del Estado de Derecho en Chile.
