Gobierno fija posición frente al Convenio 169 tras dichos del ministro de Defensa
Un nuevo debate político se instaló en el Gobierno luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionara públicamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y planteara la necesidad de revisar su permanencia en el ordenamiento jurídico chileno.
Las declaraciones generaron una rápida reacción dentro del propio Ejecutivo. Tanto el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, como el Presidente José Antonio Kast descartaron que exista una decisión de avanzar hacia el retiro de Chile del tratado.
El episodio puso nuevamente en discusión el alcance del Convenio 169, particularmente sus disposiciones relacionadas con los pueblos indígenas, la consulta previa y la consideración de sus costumbres e instituciones.
Barros cuestiona el tratado y plantea una revisión
En entrevista con DF MAS, el ministro de Defensa sostuvo que una organización internacional del trabajo con un determinado sesgo político puede terminar generando tratados que, a su juicio, producen divisiones dentro de los países.
Barros afirmó que el Convenio 169 habría generado una “cuña entre los chilenos” y cuestionó que existan diferencias jurídicas relacionadas con el origen étnico.
“Hoy día los chilenos no somos todos iguales, no somos una nación: hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto”.
En ese contexto, el secretario de Estado vinculó sus cuestionamientos al Convenio 169 con otras normas, entre ellas la Ley Lafkenche, sosteniendo que Chile debería revisar determinadas legislaciones que, desde su perspectiva, se basan en una división entre las personas.
“Chile tiene un desafío que es deshacerse de una serie de legislaciones que están basadas en la división entre las personas”, planteó.
Una posición vinculada a materias de Defensa
La controversia adquirió especial relevancia debido a que las declaraciones provinieron del titular de Defensa.
El Presidente Kast posteriormente explicó que Barros estaba analizando una situación que, desde su perspectiva, puede tener efectos relacionados con el área de Defensa, diferenciando esa evaluación de una eventual decisión política del Gobierno de abandonar el tratado.
Alvarado descarta cambios en la posición del Gobierno
El biministro Claudio Alvarado salió al paso de las declaraciones y sostuvo que el Convenio 169 es un instrumento que Chile mantiene suscrito desde hace años y que actualmente se encuentra plenamente vigente.
“No vamos a innovar en la materia”, afirmó Alvarado.
La declaración buscó establecer una diferencia entre la opinión expresada por el ministro de Defensa y la posición institucional del Ejecutivo respecto del tratado internacional.
La señal política fue posteriormente reforzada por el Presidente Kast.
Kast: abandonar el Convenio 169 “no es prioridad”
En conversación con Radio Infinita, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que una eventual salida de Chile del Convenio 169 no forma parte de las prioridades de su Gobierno.
El Mandatario señaló que el ministro de Defensa puede plantear que la pertenencia al convenio sea analizada, pero enfatizó que eso no significa que exista una decisión del Ejecutivo en esa dirección.
“No está en nuestra agenda hacer un cuestionamiento al 169”.
Kast agregó que el tratado fue ratificado por el Parlamento, subrayando que no se trata de una materia respecto de la cual el Gobierno pueda simplemente modificar su vigencia mediante una decisión administrativa.
“En nuestro gobierno esa impugnación no va a ser, no es prioridad”, sostuvo.
El debate por la Ley Lafkenche
Aunque descartó que el Convenio 169 sea una prioridad para su administración, el Presidente Kast sí manifestó reparos respecto de la aplicación de la Ley Lafkenche.
El Mandatario afirmó que dicha legislación ha generado situaciones que, a su juicio, requieren revisión, mencionando particularmente efectos sobre astilleros y puertos.
Kast recordó que él mismo votó favorablemente la ley, pero sostuvo que pueden producirse abusos en su aplicación.
“Hay momentos en que se producen abusos”.
En consecuencia, el Presidente planteó que el problema estaría asociado a determinadas aplicaciones o efectos de la normativa y no necesariamente a la decisión de abandonar el Convenio 169.
¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en 1989.
En Chile, el instrumento forma parte de la legislación nacional desde septiembre de 2009.
Su objetivo central es establecer obligaciones para los Estados respecto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, considerando sus características sociales, culturales, económicas e institucionales.
Protección de derechos y consulta indígena
Entre sus principales disposiciones se encuentra la obligación de adoptar medidas destinadas a garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer, en condiciones de igualdad, los derechos y oportunidades reconocidos por la legislación nacional.
El convenio también contempla la promoción de la efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad, costumbres, tradiciones e instituciones.
Uno de sus aspectos más relevantes es el mecanismo de consulta a los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos originarios deben ser consultados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Aplicación en materia judicial
El instrumento también contiene disposiciones relacionadas con la administración de justicia.
En materia penal, establece que las autoridades y tribunales deben considerar las costumbres de los pueblos indígenas en determinadas circunstancias.
Asimismo, contempla que se otorgue preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento cuando corresponda, conforme a las condiciones establecidas por el propio convenio y la legislación aplicable.
Un debate político que continuará abierto
La controversia generada por las declaraciones de Fernando Barros no se tradujo, al menos en la posición expresada públicamente por el Gobierno, en una decisión de iniciar un proceso de retiro del Convenio 169.
La postura oficial comunicada por Kast y Alvarado apunta a mantener vigente el tratado y no considerar su eventual impugnación como una prioridad gubernamental.
Sin embargo, las declaraciones de Barros reabren una discusión de fondo sobre la relación entre legislación indígena, igualdad ante la ley, consulta de los pueblos originarios, desarrollo de infraestructura y seguridad jurídica.
Conclusión
Desde una perspectiva jurídica, el punto central es que el Convenio 169 forma parte del ordenamiento jurídico chileno desde 2009 y genera obligaciones internacionales para el Estado. Por ello, una eventual modificación de la posición de Chile respecto del tratado no puede equipararse simplemente a la eliminación o modificación de una ley ordinaria.
Desde una perspectiva política, el episodio evidencia una diferencia de énfasis dentro del propio Gobierno: mientras el ministro de Defensa plantea revisar el impacto de determinadas normas asociadas a la protección indígena, el Presidente Kast y el biministro Alvarado han establecido que abandonar el Convenio 169 no constituye una prioridad de la actual administración.
El debate, por tanto, queda abierto principalmente en torno a la aplicación concreta de las normas y a la necesidad de compatibilizar la protección de los pueblos originarios con el desarrollo de proyectos de infraestructura, inversión y seguridad jurídica.
