En un movimiento destinado a redefinir la estructura administrativa del país, el Gobierno presentó este martes a los miembros de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado. Convocada por el Presidente José Antonio Kast, esta instancia tiene la misión de revisar la actual estructura ministerial, evaluar eventuales fusiones y evitar la duplicidad de funciones, con el fin último de modernizar y racionalizar el aparato público.
Una comisión multisectorial con un plazo definido
La instancia estará presidida por Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Para asegurar un análisis transversal y técnico, el equipo está compuesto por figuras de diversas corrientes políticas y amplias trayectorias en la administración pública.
Entre los integrantes destacan Nicolás Monckeberg, exministro del Trabajo y Previsión Social; Gonzalo Blumel, exministro del Interior; Zarko Luksic, exsubsecretario del Trabajo; Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional; y Juan Antonio Urzúa, experto en materias laborales y tributarias. La nómina se completa con Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia; Natalia Piergentili, expresidenta del PPD; Ernesto Silva, prorrector de la Universidad del Desarrollo; Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo; Andrés Zaldívar, exsenador y expresidente del Senado; y Adriana Delpiano, exministra de Defensa Nacional.
El grupo de trabajo tendrá un plazo estricto de 120 días para formular una propuesta concreta sobre la estructura ministerial.
El desafío de reducir de 25 carteras a un estándar OCDE
El contexto que motiva esta iniciativa es el crecimiento sostenido del organigrama estatal. Durante la presentación, el Mandatario hizo un llamado a la reflexión sobre la eficiencia del gasto y la estructura: “En los últimos años Chile pasó de 18 ministerios a 25 ministerios. Nos sitúa en un promedio superior a lo que es hoy día la OCDE, de la cual participamos”.
Kast cuestionó si este crecimiento se tradujo en mejores servicios o en una gestión más eficiente, estableciendo que la racionalización es una necesidad urgente para optimizar los recursos del Estado.
“Ordenar, no desmantelar”: la hoja de ruta legislativa
El Presidente fue enfático en aclarar el alcance y el espíritu de la reforma, descartando recortes que afecten la calidad de la atención ciudadana. “Nuestra intención no es desmantelar el Estado, sino ordenarlo para prestar un mejor servicio”, afirmó Kast, agregando que “un Estado ordenado no es un Estado más grande ni un Estado más pequeño, es un Estado que llega a tiempo, que responde y que trata a las personas con la seriedad que se merecen”.
Es importante destacar que un reordenamiento de esta magnitud no puede ejecutarse por decreto. Las conclusiones de la comisión se traducirán en proyectos de ley que deberán ser discutidos y aprobados en el Congreso Nacional, lo que garantiza un debate legislativo profundo sobre el futuro de la administración pública.
Conclusión editorial La creación de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado representa un reconocimiento tácito de que la expansión desmedida del organigrama gubernamental no es sinónimo de mejor gestión. Sin embargo, el verdadero desafío no reside solo en el diagnóstico de los próximos 120 días, sino en la viabilidad política de la propuesta legislativa que emergirá de ella. Reducir ministerios implica reasignar presupuestos, redefinir jerarquías y, en algunos casos, absorber resistencias burocráticas. Si el Gobierno logra traducir este ejercicio técnico en una ley que priorice la eficiencia sobre el clientelismo político, Chile dará un paso histórico hacia un Estado más ágil y cercano a los estándares de las democracias desarrolladas.
