El Gobierno enfrenta una nueva prueba política en el Congreso luego de que su reforma migratoria quedara a un solo voto de alcanzar el quórum necesario en la Cámara de Diputados. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, resultado que obligó al Ejecutivo a buscar una alternativa para evitar que el proyecto quede definitivamente archivado.
La respuesta de La Moneda apunta ahora al Senado, donde el escenario exige una negociación todavía más amplia con sectores de oposición. En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió una controversia al señalar que, si dependiera de él, preferiría no asistir al Congreso.
La situación se produce en un momento particularmente sensible para el Ejecutivo, que necesita construir acuerdos legislativos para avanzar tanto en materia migratoria como en su agenda de seguridad.
Gobierno busca rescatar la reforma migratoria mediante la insistencia
La reforma constitucional busca ampliar los mecanismos disponibles para ejecutar las expulsiones administrativas de extranjeros que cuentan con una orden vigente.
La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa después de que el proyecto alcanzara 88 votos favorables, uno menos de los 89 necesarios para superar el quórum de cuatro séptimos. Las 28 votaciones en contra y 19 abstenciones completaron el resultado.
Tras la derrota, el Ejecutivo confirmó que recurrirá al mecanismo de insistencia presidencial en el Senado. Esta vía exige una mayoría de dos tercios de los senadores presentes, por lo que la estrategia obliga al Gobierno a ampliar sus conversaciones con parlamentarios opositores.
El proyecto contemplaba modificar las reglas relacionadas con la permanencia de personas extranjeras que ya cuentan con una orden de expulsión, con el objetivo declarado por el Ejecutivo de facilitar la ejecución efectiva de esas medidas.
La derrota que dejó al Gobierno contra el tiempo
El resultado de la Cámara también expuso problemas de coordinación política. De acuerdo con antecedentes publicados tras la votación, hubo ausencias de parlamentarios oficialistas y abstenciones de diputados que el Ejecutivo esperaba que respaldaran la iniciativa.
El propio Martín Arrau había responsabilizado públicamente a los 47 diputados que votaron en contra o se abstuvieron, solicitándoles reconsiderar su posición.
El escenario cambió, sin embargo, después de que el Gobierno confirmara su intención de insistir en el Senado. La nueva etapa requiere precisamente conversar con parte de aquellos sectores que no respaldaron el proyecto en la Cámara.
Arrau abre un nuevo frente con sus dichos sobre el Congreso
En medio de esas negociaciones, Martín Arrau protagonizó una nueva controversia política.
Durante una actividad organizada por Icare, el ministro sostuvo que preferiría concentrarse en las labores de gestión de su cartera antes que participar regularmente en el trabajo parlamentario.
“Yo por mí no iría al Congreso. Creo que la gestión es tremendamente más importante”, afirmó Arrau.
La autoridad explicó además que no es especialista en materias penales ni constitucionales y señaló que esos asuntos deberían ser abordados junto con los ministros y especialistas correspondientes.
“Hay ciertas cosas políticas que aún no logro entender. Espero no tener que ir más de un día al Congreso”, sostuvo.
Las declaraciones adquirieron particular relevancia por el momento en que fueron pronunciadas: el Ejecutivo necesita precisamente del Congreso para sacar adelante sus principales iniciativas legislativas.
Críticas desde el Senado
Las declaraciones generaron respuestas de parlamentarios de distintos sectores.
El senador Iván Flores cuestionó la disposición expresada por el ministro y planteó que, si no está dispuesto a desarrollar esa dimensión de su cargo, debería ser reemplazado.
En una línea distinta, el senador Matías Walker ironizó con la posibilidad de que otros integrantes del gabinete asumieran la interlocución parlamentaria.
Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper también marcó una diferencia respecto de la postura del ministro y sostuvo que los secretarios de Estado deben cumplir las funciones que corresponden a sus cargos.
El episodio agregó presión a una negociación que ya presentaba dificultades antes de las declaraciones de Arrau.
El Gobierno intenta recomponer los puentes políticos
Mientras surgían las críticas, las conversaciones para destrabar la agenda legislativa continuaron.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aparece involucrado en el trabajo legislativo y en conversaciones con parlamentarios. El Senado registra además la participación de Rabat en distintas instancias de su Comisión de Constitución, presidida por el senador Pedro Araya.
Entre los parlamentarios opositores que aparecen en el escenario de negociación están Pedro Araya y Paulina Vodanovic, cuyos respaldos podrían adquirir relevancia en las conversaciones sobre la agenda de seguridad y migración.
La senadora Vodanovic ha planteado públicamente cautela frente a las propuestas del Ejecutivo, señalando que las posiciones de la oposición requieren una evaluación colectiva.
Araya, por su parte, ha planteado la necesidad de conocer por escrito determinadas propuestas antes de continuar las conversaciones y ha vinculado eventuales acuerdos en seguridad con otras materias de la agenda legislativa.
Una negociación que va más allá de la migración
El problema para La Moneda no se limita a esta reforma.
El Ejecutivo también enfrenta dificultades para avanzar con otras iniciativas vinculadas a seguridad pública, incluyendo reformas constitucionales que continúan en discusión en el Senado.
Esto transforma la negociación migratoria en parte de un escenario legislativo más amplio, donde el Gobierno necesita mantener abiertos canales de diálogo con parlamentarios que no necesariamente forman parte de su coalición.
En ese contexto, las declaraciones de Arrau adquieren una dimensión política adicional: aunque el ministro enfatizó la importancia de la gestión en terreno, su cartera también depende de la aprobación de normas que requieren una relación permanente con el Congreso.
Un escenario abierto para la reforma
La situación todavía está en desarrollo. El Ejecutivo ya ha confirmado su intención de insistir con la reforma migratoria en el Senado, pero la aprobación de la iniciativa dependerá de que consiga construir el respaldo constitucional requerido.
El desafío institucional es, por tanto, doble: conseguir los votos necesarios y establecer una negociación política capaz de sostener el proyecto durante su tramitación.
La derrota por un voto en la Cámara demostró que pequeños cambios en asistencia, abstenciones o acuerdos parlamentarios pueden alterar el resultado de una iniciativa. Ahora, la discusión se traslada al Senado, donde el umbral requerido será aún mayor.
Conclusión
La controversia evidencia una tensión habitual en los sistemas presidencialistas: la responsabilidad de ejecutar políticas públicas convive con la necesidad de construir mayorías parlamentarias para modificar el marco legal que las sustenta. Para el Gobierno, la reforma migratoria representa ahora no solo una discusión sobre expulsiones administrativas y seguridad, sino también una prueba de su capacidad para negociar institucionalmente con un Congreso donde no dispone de los votos suficientes por sí solo.
