La operación fue presentada el 8 de junio de 2026 como un golpe de gran magnitud contra el crimen organizado. Fiscalía, Aduanas y la Armada informaron entonces la detección de cargamentos de madera provenientes de Bolivia que, según los análisis disponibles, estaban asociados a distintas sustancias.
La Fiscalía de Chile informó oficialmente la incautación de 1.080,8 toneladas de madera, distribuidas en 45 contenedores detectados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso. De acuerdo con la explicación entregada ese día, se estimó que entre un 10% y un 20% de cada carga correspondía a sustancias ilícitas, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina, lo que llevó al Ministerio Público a cifrar en más de 100 toneladas la cantidad potencial de droga involucrada.
Tres meses después, la publicación de nuevos antecedentes periciales abrió una discusión distinta. Documentos del Instituto de Salud Pública (ISP), muestran que las muestras examinadas no tuvieron resultados uniformes: se detectó cocaína, ketamina y cafeína, pero en algunos casos la cocaína apareció únicamente como “trazas”, mientras otras muestras no registraron presencia de droga.
El debate dejó así de concentrarse únicamente en la existencia de sustancias y comenzó a involucrar cuestiones técnicas y jurídicas más específicas: qué concentración fue detectada, cómo se distribuyó en las cargas, cuándo habría ocurrido la contaminación y quién podría ser responsable.
El origen de la investigación y la ruta de la madera
La investigación se desarrolló durante varios meses y estuvo a cargo de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, con participación de Aduanas y la Policía Marítima.
Según la Fiscalía, el foco investigativo estaba relacionado con organizaciones criminales vinculadas a los puertos de Arica e Iquique. El procedimiento permitió detectar 45 contenedores con madera impregnada con cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas al procesamiento de drogas, entre ellas cafeína y lidocaína.
El caso adquirió rápidamente una dimensión internacional debido al origen boliviano de las cargas y a los cuestionamientos formulados desde Bolivia.
El abogado Daniel Guevara, representante de 15 empresas bolivianas involucradas, sostiene que sus clientes son exportadores de madera y rechaza que las compañías estén vinculadas al tráfico de drogas.
“Hay trazas de cocaína, y lo que corresponde afirmar es que no exportan drogas. Puede que exista un sabotaje internacional, pero mis clientes no exportan droga”.
¿Qué muestran los peritajes del ISP?
Este es uno de los principales puntos de controversia.
Los antecedentes difundidos por T13 señalan que fueron analizadas más de 300 muestras, según explicó el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. Paralelamente, fuentes citadas por el mismo medio indicaron que, de aproximadamente 560 trozos de madera analizados, más de 400 habrían presentado trazas de droga.
Los resultados, sin embargo, no fueron homogéneos.
Los documentos examinados registraron presencia de cocaína, ketamina y cafeína, pero también muestras en las que la cocaína apareció en trazas, algunas con concentraciones inferiores al 5%, además de muestras en las que no se detectó droga.
La diferencia es relevante desde el punto de vista investigativo.
La identificación de una sustancia en una muestra constituye un antecedente pericial. Sin embargo, determinar la magnitud de esa presencia, su distribución, origen y mecanismo de incorporación requiere un análisis adicional.
Es precisamente en ese punto donde se concentra parte de la controversia actual.
Fiscalía defiende la validez de los resultados
El Ministerio Público ha defendido la investigación y la metodología empleada por el ISP.
El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que la presencia de una sustancia en las muestras constituye un elemento suficiente para mantener la hipótesis investigativa, aunque todavía deban establecerse las responsabilidades correspondientes.
“La claridad del ISP es que hay droga. Las cantidades es algo que pudiésemos entrar a revisar: en algunas hay porcentajes más elevados y en otras, trazas”, afirmó Mario Carrera, fiscal regional de Arica.
El fiscal agregó que todavía existen distintas hipótesis que deben ser examinadas antes de determinar responsabilidades penales.
“Hay que barajar muchas hipótesis porque efectivamente lo que tenemos acreditado hasta ahora es que hay droga”, sostuvo Carrera.
Desde la perspectiva penal, esta distinción resulta relevante: la acreditación de la presencia de una sustancia no resuelve por sí sola quién la incorporó, cuándo ocurrió ni si existe responsabilidad penal atribuible a los propietarios o exportadores de la carga.
La hipótesis de contaminación cruzada
Las empresas involucradas han planteado una explicación alternativa.
Daniel Guevara sostiene que podría haberse producido una contaminación cruzada durante el traslado, almacenamiento o manipulación de los contenedores.
“Existe toda una posibilidad de contaminación cruzada porque los contenedores, que incluso han sido parte de procesos de investigaciones por drogas en el pasado, no se limpian, no se inertizan”, afirmó Daniel Guevara, abogado de las empresas involucradas.
La hipótesis deberá ser contrastada mediante evidencia técnica.
Para establecer una eventual contaminación cruzada resulta necesario analizar elementos como la cadena de custodia, las condiciones de transporte, el estado previo de los contenedores, los procedimientos de manipulación y las técnicas utilizadas para la toma de muestras.
El punto adquiere especial importancia debido a que los resultados periciales presentan diferencias entre las muestras examinadas.
¿Contaminación superficial o impregnación?
Otro elemento técnico entró en la discusión.
El profesor de la Facultad de Química de la Universidad de Chile Pablo Fuentealba planteó una diferencia entre una contaminación superficial y una eventual impregnación de la madera.
“Si hablamos de madera impregnada es voluntaria, porque una contaminación azarosa sería más superficial, cuando hablamos de impregnación, normalmente los componentes que se agregaron a la madera llegan al centro del producto”.
La afirmación introduce una pregunta que deberá ser respondida mediante evidencia científica: si las sustancias fueron encontradas solamente en la superficie de los trozos o si efectivamente penetraron en su estructura interna.
La respuesta puede resultar relevante para establecer el mecanismo mediante el cual las sustancias llegaron hasta la madera.
Fiscalía suspende la destrucción de las especies
En medio de la controversia, el Ministerio Público adoptó una medida destinada a preservar la evidencia.
El 21 de septiembre, el fiscal regional subrogante solicitó al Servicio de Salud suspender la destrucción de las especies que ya habían sido incautadas y analizadas. La solicitud se produjo después de que las empresas presentaran requerimientos relacionados con las cargas.
La decisión tiene relevancia desde el punto de vista probatorio.
La conservación de las especies permite mantener disponible el material para nuevas diligencias y contramuestras, particularmente frente a los cuestionamientos formulados respecto de los resultados iniciales.
La Fiscalía informó que continuará evaluando las distintas hipótesis antes de determinar eventuales responsabilidades penales.
El conflicto adquiere una dimensión diplomática
La controversia no quedó limitada al ámbito judicial.
Desde Bolivia se han formulado cuestionamientos al procedimiento chileno y a la forma en que fue presentado públicamente. El presidente boliviano Rodrigo Paz sostuvo que el denominado caso “maderas” habría sido utilizado con fines políticos para afectar la imagen del Gobierno y del sector maderero boliviano. Se trata de una afirmación atribuida al mandatario boliviano, que no constituye una conclusión establecida por la investigación chilena.
El expresidente boliviano Jorge Quiroga también cuestionó el impacto de la operación sobre los exportadores de ese país.
“No podemos quedar por una denuncia mediática que hizo el Estado chileno, todos los bolivianos, todos los madereros, todos los exportadores, condenados a ser vistos por el mundo entero como culpables”, sostuvo Quiroga.
La controversia se desarrolla además a pocas semanas de la visita del Presidente José Antonio Kast a Bolivia, donde está previsto un encuentro con su par boliviano, Rodrigo Paz.
Una investigación con preguntas todavía abiertas
El caso de las denominadas “narcomaderas” enfrenta ahora una etapa distinta de aquella que siguió al anuncio inicial de junio.
La Fiscalía mantiene que los análisis del ISP confirmaron la presencia de sustancias ilícitas en las cargas. Los antecedentes publicados posteriormente, en tanto, muestran que las concentraciones y resultados no fueron uniformes entre las distintas muestras.
Desde el punto de vista jurídico, la discusión exige separar distintos elementos: la existencia de una sustancia, su concentración, su mecanismo de incorporación, la cadena de custodia, el origen de la contaminación y la eventual participación de personas determinadas.
La suspensión de la destrucción de las especies permite mantener abierta la posibilidad de nuevas diligencias y contramuestras. Será la evidencia que se incorpore a la investigación —y posteriormente la valoración que corresponda a los tribunales— la que deberá determinar el alcance jurídico de los hallazgos.
Por ahora, la causa mantiene dos posiciones contrapuestas: la Fiscalía sostiene que los peritajes acreditan presencia de droga, mientras las empresas cuestionan la interpretación de esos resultados y plantean hipótesis alternativas sobre el origen de las sustancias. La controversia, por tanto, permanece abierta tanto en el terreno científico como judicial y diplomático.
