La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que denunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados al parlamentario del Frente Amplio, Jaime Bassa, luego de que relacionara las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores con una supuesta red internacional de pedofilia.
El anuncio fue realizado este miércoles 28 de octubre de 2026 por la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, junto al diputado Eduardo Cretton, quienes cuestionaron la gravedad de las declaraciones y exigieron que Bassa entregue a la Fiscalía cualquier antecedente que permita respaldar sus afirmaciones.
La controversia ocurre mientras el Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos por los decretos que autorizaron reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Las declaraciones de Jaime Bassa que provocaron la controversia
El diputado Jaime Bassa cuestionó públicamente las decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat.
Durante sus declaraciones del martes 27 de octubre, el parlamentario sostuvo que las rebajas no constituirían simplemente un error administrativo y las vinculó con una supuesta red internacional de pedofilia.
Para respaldar políticamente su planteamiento, Bassa hizo referencias a los casos de Paul Schäfer y Jeffrey Epstein, además de mencionar a dirigentes políticos internacionales.
También cuestionó la continuidad del ministro Rabat y solicitó que el Gobierno esclarezca las responsabilidades relacionadas con los beneficios penitenciarios.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado antecedentes públicos que acrediten una conexión entre los decretos del Ministerio de Justicia y la supuesta organización internacional mencionada por el diputado.
La existencia de resoluciones administrativas que redujeron condenas constituye un hecho distinto de la acusación sobre una eventual red criminal, la cual requiere pruebas y una investigación competente.
La respuesta de la UDI: denuncia ante la Comisión de Ética
Las declaraciones provocaron una reacción de los diputados Flor Weisse y Eduardo Cretton, quienes anunciaron que llevarán los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara.
Ambos parlamentarios consideraron que las afirmaciones de Bassa sobrepasaron los límites de la crítica política y cuestionaron la ausencia de pruebas públicas para sustentar acusaciones de esa gravedad.
Weisse y Cretton señalaron que el ejercicio de la oposición y la fiscalización parlamentaria debe desarrollarse con responsabilidad, especialmente cuando la discusión involucra delitos sexuales contra menores.
Asimismo, emplazaron a Bassa a presentar sus antecedentes ante el Ministerio Público para que, si existen hechos constitutivos de delito, puedan ser investigados.
El anuncio de la UDI corresponde a una acción disciplinaria parlamentaria. Su eventual tramitación y resultado dependerán de los procedimientos y competencias de la Comisión de Ética.
Emplazan a Bassa a presentar antecedentes ante la Fiscalía
Uno de los principales cuestionamientos formulados por los parlamentarios gremialistas se relaciona con la necesidad de respaldar las acusaciones mediante antecedentes concretos.
Los diputados sostuvieron que, si Bassa dispone de información sobre la existencia de una organización criminal internacional, debe entregarla a los organismos encargados de investigar delitos.
La exigencia también fue planteada por parlamentarios de otras colectividades, quienes cuestionaron que se establecieran vínculos entre el Gobierno y organizaciones criminales sin elementos probatorios conocidos.
Presentar antecedentes ante el Ministerio Público permitiría que eventuales hechos delictivos fueran examinados mediante los procedimientos legales correspondientes.
En cambio, la Comisión de Ética tiene una función diferente: evaluar conductas parlamentarias de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la función legislativa.
Cuestionamientos políticos más allá de la UDI
Las críticas a las declaraciones de Bassa no se limitaron a los parlamentarios gremialistas.
Desde el Partido Republicano y Renovación Nacional, distintos diputados cuestionaron las imputaciones formuladas y exigieron que el representante del Frente Amplio las respaldara o se retractara.
También surgieron reproches desde figuras vinculadas a otros sectores políticos.
El abogado constitucionalista Javier Couso cuestionó que se formulara una acusación sin presentar pruebas, mientras el analista político Alfredo Joignant criticó el recurso a explicaciones conspirativas en una controversia de carácter institucional.
Estas reacciones muestran que la discusión sobre los dichos de Bassa se extendió más allá de las diferencias entre el oficialismo y la oposición.
El origen de la crisis: 56 rebajas de condena
La polémica se desarrolla a partir de las investigaciones periodísticas que revelaron la concesión de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los antecedentes conocidos permitieron examinar decretos administrativos firmados por autoridades del Ministerio de Justicia.
Informaciones posteriores también dieron cuenta de informes de Gendarmería que advertían factores de riesgo de reincidencia sexual en determinados beneficiados.
La controversia abrió cuestionamientos respecto de los requisitos legales utilizados para conceder las reducciones, el papel de las evaluaciones penitenciarias y la información entregada a las víctimas.
El presidente José Antonio Kast reconoció públicamente un error de su administración, pero decidió mantener a Fernando Rabat como ministro de Justicia y le encargó liderar la revisión de los procedimientos y las soluciones anunciadas.
UDI también cuestiona las rebajas de condena
Pese a su rechazo a las declaraciones de Jaime Bassa, Flor Weisse y Eduardo Cretton han manifestado cuestionamientos al Ministerio de Justicia por los beneficios concedidos.
Ambos parlamentarios plantearon la necesidad de examinar los decretos y evaluar los mecanismos jurídicos que permitan revisar sus efectos.
De esta manera, la reacción de la bancada gremialista comprende dos posiciones diferenciadas.
Por una parte, cuestiona las reducciones de condena y exige medidas institucionales para abordar sus consecuencias.
Por otra, rechaza las acusaciones sobre una supuesta red internacional de pedofilia mientras no existan antecedentes que las respalden.
¿Qué puede hacer la Comisión de Ética?
La Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene atribuciones para examinar conductas de parlamentarios dentro de las materias comprendidas en su reglamentación.
La presentación de una denuncia no implica automáticamente que el diputado involucrado haya cometido una infracción.
Corresponderá a la instancia parlamentaria determinar si admite y tramita el requerimiento, examinar los antecedentes y resolver conforme a las reglas aplicables.
Asimismo, una eventual investigación penal corresponde al Ministerio Público y no puede ser reemplazada por un procedimiento disciplinario parlamentario.
Por ello, la controversia debe distinguir entre eventuales responsabilidades éticas, políticas y penales.
Conclusión: una controversia que exige antecedentes y responsabilidades
El anuncio de la UDI contra Jaime Bassa introduce una nueva dimensión en la crisis política provocada por las rebajas de condena concedidas durante el actual Gobierno.
Mientras las autoridades enfrentan cuestionamientos por el funcionamiento del sistema de reducción de penas, las declaraciones del parlamentario frenteamplista han generado un debate sobre los límites de las acusaciones públicas y las responsabilidades asociadas al ejercicio de la función legislativa.
Las investigaciones sobre los decretos y sus consecuencias deben continuar con independencia de las diferencias políticas entre los sectores involucrados.
Del mismo modo, las afirmaciones sobre la eventual existencia de una organización criminal internacional requieren antecedentes verificables antes de ser presentadas como hechos acreditados.
La controversia mantiene abiertas dos exigencias institucionales: esclarecer cómo se concedieron las rebajas de condena y determinar si existen fundamentos para las graves acusaciones formuladas en el debate político.
Hasta ahora, la denuncia ética anunciada y los emplazamientos dirigidos a Bassa constituyen actuaciones políticas cuya evolución deberá conocerse durante los próximos días.
