Jorge Quiroz llegó al Ministerio de Hacienda el 11 de marzo de 2026 con un discurso categórico: austeridad, disciplina fiscal, responsabilidad presupuestaria y defensa rigurosa de los recursos públicos. Transcurridos casi cinco meses, el problema del ministro no es únicamente económico. Es también político, institucional y ético.
Su conducción no ha logrado generar confianza suficiente en la ciudadanía. El Termómetro Político de Descifra informó que un 63% evaluaba negativamente su gestión, mientras solamente un 34% la aprobaba. Además, un 67% consideraba que el ministro no estaba interesado en alcanzar acuerdos con la oposición y la mitad dudaba de que su principal reforma consiguiera los resultados anunciados. Resultados de la encuesta Descifra.
Esos números no constituyen una sentencia definitiva, pero tampoco pueden reducirse a un inconveniente comunicacional. Cuando casi dos de cada tres personas rechazan la gestión del responsable de las finanzas públicas, existe una señal política que el Gobierno debe tomar en serio.
Una gestión que no logra conectarse con las familias
El ministro puede exhibir la aprobación parlamentaria de buena parte de la llamada megarreforma económica. Sería incorrecto desconocer ese resultado legislativo. Sin embargo, una reforma aprobada no equivale automáticamente a una política pública legitimada.
El verdadero problema de Quiroz es la distancia entre su lenguaje técnico y las necesidades concretas de las familias.
Mientras el ministro habla de equilibrio fiscal, competitividad, eficiencia del mercado y reducción de distorsiones, millones de personas enfrentan deudas, intereses acumulados, dificultades para acceder al crédito y empleos inestables.
En ese contexto, el Gobierno resolvió objetar tres normas incorporadas por el Congreso:
- El denominado derecho al olvido financiero para obligaciones pagadas o prescritas.
- La prohibición del anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses.
- Los ajustes destinados a garantizar el pago de las facturas de las pymes dentro de un plazo máximo de 30 días.
El propio ministro confirmó el veto supresivo contra la disposición que busca poner término al anatocismo, argumentando que informes técnicos del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero advertían eventuales consecuencias para el acceso al crédito. Antecedentes del veto al anatocismo.
Es legítimo que Hacienda considere los riesgos regulatorios. También es necesario analizar si determinadas modificaciones pueden encarecer los créditos, restringir su oferta o producir efectos indeseados.
Pero gobernar no consiste únicamente en advertir riesgos para las instituciones financieras. También implica proteger a las personas frente a prácticas que pueden convertir una obligación impaga en una deuda prácticamente interminable.
La respuesta no puede limitarse a conservar el sistema actual. Si una norma aprobada por el Congreso presenta deficiencias técnicas, el Ejecutivo tiene el deber de proponer una alternativa que proteja simultáneamente el acceso al crédito y la dignidad del deudor.
Eliminar una solución sin ofrecer otra profundiza la percepción de que Hacienda escucha con mayor atención a los grandes actores financieros que a las familias sobreendeudadas.
Austeridad para algunos, protección para otros
La austeridad puede ser necesaria cuando existen déficits persistentes, aumento de la deuda pública y restricciones presupuestarias. Ningún gobierno responsable puede gastar sin considerar sus ingresos ni postergar indefinidamente los ajustes.
Pero la austeridad pierde legitimidad cuando sus costos parecen distribuirse de manera desigual.
El ciudadano común escucha que se perseguirá hasta el último peso adeudado por el Crédito con Aval del Estado. Al mismo tiempo, observa que el Gobierno intenta impedir el olvido financiero y mantener mecanismos de capitalización de intereses.
La pregunta resulta inevitable: ¿la rigurosidad fiscal se aplicará con la misma intensidad frente a los grandes intereses económicos, las malas decisiones empresariales, las ventajas tributarias y los conflictos de interés?
Un ministro de Hacienda no administra solamente balances. También administra confianza. Cada decisión presupuestaria transmite una determinada concepción sobre quién debe asumir los costos y quién recibe protección.
La baja aprobación de Quiroz puede explicarse, al menos parcialmente, por la incapacidad de su gestión para convencer al país de que los sacrificios serán distribuidos de manera justa.
El historial que persigue al ministro
La trayectoria profesional de Jorge Quiroz no puede ser tratada como una condena permanente. Sin embargo, tampoco puede ser borrada cuando resulta pertinente para evaluar su actual función pública.
Una investigación de CIPER revisó documentos de los procesos por colusión de los pollos, las farmacias, el asfalto y el transporte marítimo. El reportaje estableció que Quiroz participó como asesor o autor de informes utilizados por empresas posteriormente sancionadas por infracciones a la libre competencia. En tres de los cuatro casos examinados, sus conclusiones fueron desestimadas total o parcialmente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o por la Corte Suprema. Investigación de CIPER.
Es indispensable precisar que no existe evidencia de que Quiroz haya participado personalmente en acuerdos colusivos. Elaborar un informe para una empresa sometida a juicio es una actividad profesional legítima y forma parte del derecho a defensa.
El cuestionamiento, por tanto, no debe formularse como una acusación penal. Se relaciona con el estándar de independencia y sensibilidad pública que corresponde exigir a quien dirige la política económica nacional.
Entre 2008 y 2019, la justicia especializada sancionó colusiones en mercados esenciales para la ciudadanía. Pollos y medicamentos no son productos marginales: forman parte del presupuesto cotidiano de millones de hogares.
Cuando un profesional ha construido parte de su trayectoria defendiendo técnicamente a empresas cuestionadas en esos mercados, su llegada al Ministerio de Hacienda exige un nivel superior de transparencia.
No basta con afirmar que el trabajo fue legal. La función pública obliga a explicar cómo se evitarán conflictos de interés, qué criterios orientarán las decisiones regulatorias y de qué manera se garantizará que el interés general prevalezca frente a las posiciones defendidas en el pasado.
El “modelo Quiroz” y la colusión de los pollos
El caso de la industria avícola resulta especialmente incómodo.
De acuerdo con los antecedentes revisados por El Minuto, informes y modelos elaborados por Quiroz fueron utilizados en el mercado del pollo. Posteriormente, el TDLC concluyó que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo habían participado en un acuerdo para asignarse cuotas de producción y repartirse el mercado.
Que un modelo económico sea empleado en un mercado donde después se acredita una colusión no demuestra que su autor haya conocido o promovido el acuerdo. Esa distinción debe mantenerse con claridad.
Sin embargo, la controversia abre una discusión profesional legítima: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un asesor respecto del uso de sus herramientas técnicas?
La respuesta jurídica puede ser limitada. La respuesta ética es más exigente.
Un economista no controla necesariamente todas las decisiones de su cliente. Pero sí debe evaluar el contexto en el cual se utilizan sus informes, especialmente cuando pueden influir en la fijación de cuotas, proyecciones de demanda o distribución de mercados.
Farmacias: la distancia entre el informe y la evidencia
En el caso de las farmacias, los análisis asociados con la defensa descartaban o relativizaban la existencia de coordinación. Los tribunales, en cambio, valoraron correos electrónicos y otros antecedentes que acreditaban acuerdos entre competidores.
La contradicción entre una interpretación económica y la prueba judicial no convierte al asesor en partícipe de la conducta sancionada. No obstante, demuestra que el conocimiento técnico puede emplearse para sostener conclusiones que después no resisten el examen de la evidencia completa.
Esta cuestión cobra especial importancia cuando el mismo profesional pasa desde la asesoría privada hacia la conducción económica del Estado.
El ciudadano tiene derecho a saber si quien anteriormente defendía los intereses de empresas investigadas posee hoy la independencia necesaria para regular mercados, diseñar impuestos y tomar decisiones que afectarán a esos mismos sectores.
El antecedente MOP-Gate debe explicarse correctamente
El episodio más delicado de su trayectoria judicial corresponde al caso MOP-Gate.
En 1999, la consultora Gerens, de la cual Quiroz era socio, suscribió un contrato con el Ministerio de Obras Públicas por aproximadamente $36,7 millones. De esa suma, $13 millones fueron transferidos a GATE, sociedad utilizada en el mecanismo de pagos investigado por la justicia.
En agosto de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Quiroz a 41 días de presidio por fraude al Fisco, además de ordenar la restitución de $13 millones y establecer otras consecuencias jurídicas.
Esa condena no quedó firme.
En 2016, la Corte Suprema revocó lo resuelto y restableció la absolución. El máximo tribunal concluyó que no se había acreditado una colaboración maliciosa o dolosa de los consultores en el fraude. En consecuencia, jurídicamente Jorge Quiroz fue absuelto y debe ser tratado como tal. Antecedentes de la absolución.
Esa precisión no es opcional. En un Estado de derecho nadie puede ser presentado como condenado cuando la sentencia definitiva terminó absolviéndolo.
Pero la absolución penal no elimina el legítimo debate político sobre los antecedentes acreditados durante el proceso.
La Corte de Apelaciones había estimado que los consultores debían comprender la anormalidad de abultar contratos para respaldar pagos por trabajos inexistentes. La Corte Suprema, en cambio, consideró que no se demostró el dolo necesario para condenarlos.
Ese contraste judicial no autoriza a acusar al ministro de fraude. Sí permite preguntar qué aprendizaje obtuvo de un proceso de esa magnitud y por qué su única respuesta pública ha sido calificarlo como una historia antigua.
El tiempo transcurrido no vuelve irrelevante un antecedente. Mucho menos cuando quien lo protagonizó administra actualmente el presupuesto nacional.
La absolución no reemplaza una explicación política
Quiroz tiene derecho a invocar la sentencia absolutoria. Lo que no puede pretender es que esa absolución cierre automáticamente cualquier discusión pública.
La responsabilidad penal y la responsabilidad política operan con estándares distintos.
Para condenar penalmente se necesita acreditar el delito y la participación culpable más allá del estándar exigido por la ley. Para evaluar políticamente a una autoridad también importan su criterio, prudencia, independencia, capacidad para anticipar riesgos y disposición a rendir cuentas.
La ciudadanía no está obligada a olvidar que una consultora vinculada con el actual ministro participó en operaciones que terminaron dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la transición.
Tampoco está obligada a aceptar como explicación suficiente que los hechos ocurrieron hace 25 años.
Una respuesta institucionalmente madura habría consistido en reconocer la gravedad del episodio, explicar la absolución, identificar los errores profesionales o de control que pudieron existir y detallar las garantías adoptadas para evitar cualquier situación semejante.
Negarse a hablar solamente aumenta las dudas.
Un ministro técnicamente preparado, pero políticamente debilitado
La capacidad académica de Jorge Quiroz no está en discusión. Posee formación de alto nivel, experiencia en economía aplicada y conocimiento del funcionamiento de los mercados.
Pero un ministro de Hacienda no es un consultor privado.
Su función exige construir acuerdos, comunicar decisiones complejas, proteger el interés fiscal sin olvidar la realidad social y mantener una autoridad ética compatible con el enorme poder que concentra.
La evaluación ciudadana muestra que Quiroz todavía no consigue esa legitimidad. Un 34% de aprobación es una señal de debilidad para una autoridad que necesita conducir reformas tributarias, presupuestarias y financieras de largo alcance.
También resulta preocupante que un 67% de las personas consultadas considere que no busca acuerdos con la oposición. La conducción económica requiere mayorías políticas, estabilidad normativa y confianza transversal. Ninguna reforma estructural puede sostenerse solamente mediante disciplina interna y vetos presidenciales.
El verdadero problema es la coherencia
Chile necesita responsabilidad fiscal. También necesita crecimiento, inversión, empleo y estabilidad regulatoria.
Pero esas metas no pueden construirse sacrificando la protección de los consumidores, los deudores y las pequeñas empresas.
Un ministro que exige el pago completo de las obligaciones debe mostrar el mismo rigor frente a las empresas que abusaron de su posición, los mercados concentrados y quienes utilizaron estructuras financieras para perjudicar al Estado.
Un ministro que invoca permanentemente criterios técnicos debe explicar por qué algunos de sus análisis anteriores fueron rechazados en procesos de libre competencia.
Y un ministro que promete cuidar cada peso fiscal debe enfrentar con transparencia su participación profesional en contratos examinados en el caso MOP-Gate, aunque haya sido finalmente absuelto.
El problema no es solamente lo que Jorge Quiroz hizo hace dos décadas. Es la falta de una explicación convincente sobre cómo esos antecedentes se relacionan con las decisiones que adopta actualmente.
Conclusión: Hacienda necesita legitimidad, no solo autoridad
La baja aprobación de Jorge Quiroz no debe celebrarse como una derrota personal. Debe entenderse como una advertencia institucional.
El ministro administra las arcas fiscales, pero también participa en decisiones que afectan el endeudamiento, el empleo, los impuestos, las pensiones, las pymes y el acceso al crédito.
Su cargo requiere algo más que conocimientos técnicos. Requiere credibilidad.
La absolución dictada por la Corte Suprema debe ser respetada. Del mismo modo, los antecedentes de su trayectoria profesional y las críticas a su gestión deben poder discutirse sin descalificaciones ni silencios.
Hoy Jorge Quiroz aparece como un ministro con poder, pero con una legitimidad debilitada. Su gestión transmite dureza frente a los ciudadanos endeudados y cautela frente a los intereses financieros. Esa percepción puede ser discutida, pero no puede ignorarse cuando está acompañada por un rechazo ciudadano mayoritario.
Chile no necesita un ministro de Hacienda que solamente cuadre balances. Necesita una autoridad que comprenda que detrás de cada cifra existen familias, trabajadores, pequeños empresarios y personas que esperan un trato justo.
La confianza pública no se impone mediante decretos, vetos ni credenciales académicas.
Se construye con transparencia, coherencia y responsabilidad.
Y es precisamente en esos ámbitos donde Jorge Quiroz todavía le debe una explicación al país.
