La crisis que creció pese a las promesas de control
Gendarmería de Chile enfrenta una creciente acumulación de sumarios administrativos pendientes.
A julio de 2026, la institución registra 5.393 investigaciones administrativas abiertas, cifra que representa un aumento de 39,4% respecto de noviembre de 2024, cuando existían 3.869 procedimientos pendientes.
Los nuevos antecedentes muestran que el problema no solo persiste: se profundizó.
La información fue obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío a través del Portal de Transparencia y revela que más de 4.400 sumarios ya superaron el plazo máximo de seis meses contemplado por la legislación administrativa.
En un universo cercano a los 20.000 funcionarios, las investigaciones abiertas equivalen aproximadamente al 27% de la dotación institucional.
La dimensión del problema plantea una pregunta de fondo: ¿se trata solamente de una crisis de gestión administrativa o existe también un problema relacionado con la forma en que Gendarmería utiliza sus propios mecanismos disciplinarios?
Los antecedentes disponibles permiten constatar la magnitud del retraso. Las acusaciones de eventuales usos indebidos del sistema, en cambio, corresponden a denuncias y testimonios que deben ser investigados y acreditados.
De 3.869 a 5.393: el problema no disminuyó
A fines de 2024, Gendarmería mantenía 3.869 sumarios administrativos abiertos.
La cifra ya había generado preocupación debido a la existencia de investigaciones que acumulaban años sin resolución.
En enero de 2025, una investigación de Radio Bío Bío reveló la magnitud de aquella situación y recogió cuestionamientos formulados por funcionarios y exautoridades respecto de la gestión de estos procedimientos.
Uno de los protagonistas de esas críticas fue Víctor Provoste Torres, exsubdirector operativo de Gendarmería, quien cuestionó públicamente la forma en que se instruían y gestionaban determinados sumarios.
En una carta difundida tras su salida de la institución, Provoste afirmó que algunos procedimientos se instruían selectivamente y cuestionó que investigaciones que requerían una respuesta rápida permanecieran durante largos períodos sin resolución.
Casi dos años después, los números muestran un escenario todavía más complejo.
Los sumarios pasaron de 3.869 a 5.393.
Un incremento de 1.524 investigaciones pendientes.
Miles de investigaciones fuera de plazo
La legislación establece límites para la duración de los procedimientos administrativos.
El artículo 27 de la Ley N.º 19.880 establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, un procedimiento administrativo no puede exceder de seis meses desde su iniciación hasta la decisión final.
Sin embargo, los antecedentes obtenidos de Gendarmería muestran una realidad muy distinta.
Más de 4.400 sumarios superan ese límite.
La demora no es uniforme.
Algunas investigaciones se encuentran en sus primeras etapas, mientras otras permanecen durante años sin llegar a una resolución definitiva.
Entre los procedimientos abiertos desde enero de 2020 que aún se encuentran en etapa de indagatoria aparecen:
- 116 sumarios iniciados en 2020.
- 139 correspondientes a 2021.
- 148 abiertos durante 2022.
- 201 iniciados en 2023.
- 339 correspondientes a 2024.
- 947 iniciados durante 2025.
- Y otros 18 procedimientos abiertos en enero de 2026.
El dato revela que el retraso no corresponde exclusivamente a investigaciones antiguas.
También existe una acumulación importante de procedimientos relativamente recientes.
La investigación por hechos graves
No todos los sumarios tienen la misma naturaleza.
La mayoría corresponde a categorías administrativas amplias, entre ellas “irregularidades administrativas”.
Pero dentro del universo aparecen investigaciones vinculadas a hechos de mayor gravedad.
Desde enero de 2020 se contabilizan:
- 358 investigaciones por agresiones.
- 94 por fugas, motines o incendios.
- 431 por hechos de carácter delictual.
Esta última categoría resulta especialmente sensible debido a que puede involucrar situaciones como contrabando y tráfico al interior de los establecimientos penitenciarios, según los antecedentes del reportaje.
Y aquí aparece uno de los datos más delicados de la investigación.
De las 431 investigaciones por hechos de carácter delictual, 365 no registran medida disciplinaria alguna.
Esto no significa que los funcionarios investigados hayan cometido delitos ni que exista responsabilidad penal acreditada.
Sí significa que, según los registros entregados por la propia institución, 365 de esas investigaciones no registraban una medida disciplinaria al momento del levantamiento de la información.
La diferencia es fundamental.
Una investigación administrativa pendiente no equivale a una condena, pero cuando permanece abierta durante años también puede dificultar la obtención de una respuesta definitiva sobre los hechos investigados.
El cuello de botella: investigar, resolver y sancionar
Los sumarios administrativos atraviesan distintas etapas.
El fiscal a cargo debe desarrollar la investigación y posteriormente puede proponer el sobreseimiento o formular cargos.
El funcionario investigado tiene derecho a presentar sus descargos y solicitar diligencias probatorias.
Luego corresponde al fiscal elaborar su dictamen, que debe ser elevado a la autoridad correspondiente para adoptar una decisión.
En esta última etapa también se concentra una parte importante del retraso.
De acuerdo con los antecedentes obtenidos, 1.466 sumarios pendientes se encuentran en fase resolutoria, esperando el análisis del jefe de servicio.
El problema, por tanto, no está concentrado exclusivamente en quienes investigan.
También alcanza a las etapas posteriores destinadas a resolver y ejecutar las decisiones disciplinarias.
Casi 3.000 investigaciones terminaron en sobreseimiento
Existe otro dato que obliga a mirar el fenómeno con mayor profundidad.
De los 6.167 sumarios concluidos correspondientes a investigaciones abiertas entre enero de 2020 y julio de 2026, casi 3.000 terminaron en sobreseimiento.
El sobreseimiento, por sí mismo, no demuestra que una investigación haya sido utilizada indebidamente.
Sin embargo, el volumen adquiere relevancia cuando se contrasta con las denuncias de funcionarios que cuestionan la apertura o prolongación de determinados procedimientos.
La pregunta que queda abierta es si todos estos procesos fueron necesarios, correctamente instruidos y tramitados dentro de plazos razonables.
Responderla requiere revisar caso por caso.
¿Un mecanismo de control o una herramienta de presión?
El objetivo de un sumario administrativo es claro: investigar eventuales incumplimientos y determinar responsabilidades administrativas.
Pero funcionarios consultados bajo reserva han planteado una acusación mucho más delicada.
Según sus testimonios, en algunos casos los sumarios podrían utilizarse como mecanismos de presión, amedrentamiento o persecución interna.
La hipótesis planteada por estas fuentes es que determinadas investigaciones podrían abrirse o prolongarse no necesariamente para esclarecer una irregularidad, sino para mantener a determinados funcionarios sometidos a procesos disciplinarios.
Estas acusaciones no han sido establecidas judicialmente.
Tampoco permiten concluir que la totalidad de los sumarios responda a esa lógica.
Pero forman parte de las denuncias recogidas durante la investigación y plantean un problema institucional que requiere respuestas verificables.
La advertencia del exsubdirector operativo
El cuestionamiento no surgió exclusivamente desde funcionarios de menor rango.
En 2024, el entonces subdirector operativo Víctor Provoste Torres dejó Gendarmería y formuló críticas a la conducción de los procedimientos disciplinarios.
En la carta difundida tras su salida, sostuvo que existían investigaciones que eran instruidas de manera selectiva y cuestionó que algunos procedimientos permanecieran en un “letargo injustificado”.
Sus dichos fueron formulados en el contexto de su salida de la institución y constituyeron una acusación sobre la gestión interna de los sumarios.
Los antecedentes conocidos posteriormente permiten dimensionar el tamaño del problema administrativo que denunciaba.
El discurso contra la corrupción
En octubre de 2025 asumió como director nacional de Gendarmería Rubén Pérez Riquelme.
Su llegada estuvo marcada por un discurso centrado en el combate a la corrupción al interior de la institución.
En febrero de 2026, en una entrevista con Radio ADN, el director reconoció el aumento de los sumarios, pero lo vinculó a una mayor detección de situaciones de corrupción dentro de los recintos penitenciarios.
La explicación plantea una interpretación distinta a la de los funcionarios que cuestionan el uso de estos procedimientos.
Si existe un aumento de investigaciones porque se están detectando más irregularidades, el crecimiento podría ser entendido como un indicador de mayor control.
Pero si esas investigaciones no se resuelven oportunamente, el sistema disciplinario corre el riesgo de convertirse en un cuello de botella institucional.
Ambas cuestiones pueden coexistir.
Más investigaciones no necesariamente significan más corrupción, pero tampoco solucionan el problema si miles de expedientes permanecen abiertos durante años.
Las cifras que tensionan el sistema
Los antecedentes muestran que, entre los sumarios aún pendientes, el 78% no registra una medida disciplinaria al momento del levantamiento de los datos.
En los procedimientos que se encuentran en etapas finales, más de 350 tienen propuesta de sobreseimiento, mientras en más de 150 se propone una multa.
La sanción más grave es la destitución.
En los sumarios pendientes aparecen 302 propuestas de destitución.
Considerando además las investigaciones ya concluidas, las destituciones derivadas de sumarios abiertos entre 2020 y 2026 alcanzan 523 casos, según los antecedentes entregados por Gendarmería.
Las cifras muestran que el sistema sí produce sanciones.
El problema es el tiempo que tarda en hacerlo.
¿Dónde se concentra el problema?
La mayor cantidad de investigaciones se concentra en la Región Metropolitana.
Le siguen Valparaíso, La Araucanía y Maule.
Por unidad, la Dirección Nacional concentra la mayor cantidad de investigaciones, seguida por los establecimientos penitenciarios de Valparaíso, Arica y Santiago 1.
La distribución territorial permite observar que el fenómeno no se encuentra circunscrito a una sola cárcel o región.
Se trata de una problemática transversal dentro de la estructura penitenciaria.
Cuando el sumario se transforma en una condena anticipada
Para un funcionario sometido a un procedimiento disciplinario, un sumario abierto durante meses o años puede tener consecuencias incluso antes de que exista una decisión definitiva.
Las investigaciones pueden derivar en suspensiones, sanciones, afectaciones económicas o incluso destituciones, dependiendo de las medidas adoptadas durante el procedimiento y de su resultado.
Por eso, la duración del proceso no es un asunto meramente administrativo.
Tiene efectos concretos sobre la carrera funcionaria y sobre la propia legitimidad de la institución.
Un sistema disciplinario que investiga tarde corre un riesgo doble:
Puede dejar sin sanción una conducta que debía ser corregida.
Y también puede mantener durante años bajo sospecha a una persona que finalmente podría ser sobreseída.
Ambos escenarios afectan la confianza en la administración pública.
La respuesta que falta
Consultada por Radio Bío Bío sobre los antecedentes, Gendarmería no respondió directamente las consultas y señaló que, debido al tenor de la materia, cualquier solicitud debía ser ingresada mediante el Portal de Transparencia, precisamente el mecanismo utilizado para obtener los datos.
La institución ha señalado que trabaja en el cierre de las investigaciones pendientes.
Pero los números disponibles plantean una interrogante difícil de ignorar:
¿Cómo puede un sistema disciplinario cumplir su objetivo si miles de investigaciones permanecen abiertas más allá de los plazos establecidos?
La respuesta no pasa solamente por abrir más sumarios.
Requiere saber cuántos fiscales existen, cuántas investigaciones tiene asignada cada uno, cuánto tiempo lleva cada expediente, por qué se encuentran paralizados, qué funcionarios han sido responsables de las demoras y qué mecanismos de control existen para impedir que una investigación sea utilizada indebidamente.
El problema que queda abierto
La acumulación de 5.393 sumarios administrativos no es solamente una cifra.
Representa miles de investigaciones que esperan una respuesta dentro de una institución cuya función es administrar el sistema penitenciario y resguardar la seguridad de los establecimientos carcelarios.
Cuando un procedimiento se extiende durante años, la administración pierde capacidad para entregar una respuesta oportuna.
Y cuando existen denuncias de eventuales usos indebidos de los sumarios, la exigencia es todavía mayor: investigar también cómo se investigan las investigaciones.
Porque un sistema disciplinario eficaz debe cumplir dos objetivos al mismo tiempo:
Sancionar cuando corresponde.
Y proteger a quien no tiene responsabilidad.
Ambas obligaciones forman parte del mismo principio: el debido proceso administrativo.
Conclusión editorial
Los antecedentes revelan una crisis que Gendarmería no puede enfrentar únicamente aumentando la cantidad de investigaciones.
El dato más contundente es que 5.393 sumarios permanecían abiertos a julio de 2026 y más de 4.400 habían superado el plazo máximo de seis meses establecido por la Ley N.º 19.880.
La existencia de investigaciones por hechos graves —incluidos 431 procedimientos asociados a hechos de carácter delictual— hace todavía más urgente que cada expediente tenga una respuesta oportuna.
Pero también resulta indispensable proteger a los funcionarios frente a eventuales investigaciones injustificadas, selectivas o utilizadas como mecanismos de presión, acusaciones que deben ser verificadas individualmente y no pueden generalizarse a toda la institución.
La verdadera señal de control no será cuántos sumarios se abren.
Será cuántos se investigan correctamente, cuántos se resuelven dentro de plazo, cuántos terminan en sanción, cuántos en absolución y cuántos fueron innecesarios desde el principio.
Gendarmería necesita respuestas.
Y, sobre todo, necesita que su propio sistema disciplinario vuelva a funcionar dentro de los plazos que la ley exige.
