La detención en Bolivia del consultor argentino Fernando Gabriel Cerimedo volvió a instalar en Chile una pregunta incómoda: hasta dónde pueden llegar las operaciones digitales destinadas a influir en la conversación política y electoral.
El caso adquirió una nueva dimensión luego de que distintos antecedentes periodísticos y una denuncia presentada ante el Ministerio Público pusieran bajo la lupa a cuentas anónimas, campañas digitales y eventuales conexiones con actores políticos vinculados al entorno del Presidente José Antonio Kast.
Hasta ahora, no existe un antecedente judicial que permita afirmar que Cerimedo haya coordinado directamente una operación destinada a favorecer a un candidato presidencial chileno. Tampoco se ha establecido que las cuentas mencionadas formen parte de una estructura común.
Sin embargo, la coincidencia de distintos episodios ha abierto un debate institucional que podría trascender la figura del consultor argentino.
Cerimedo y el nuevo capítulo de las operaciones digitales
El 18 de agosto, Cerimedo fue detenido por la policía boliviana en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires.
El procedimiento se produjo después de una denuncia presentada por su expareja, Nadia Beller, quien lo sindicó como supuesto autor intelectual de un ataque a tiros que sufrió y que la mantuvo hospitalizada.
La investigación desarrollada en Bolivia también puso atención sobre el hallazgo de una denominada “mini granja de bots” en uno de los domicilios vinculados al argentino.
El hecho generó repercusiones en Chile debido a la desaparición casi simultánea de las cuentas Neuroc y DresTrumpi, perfiles que habían adquirido notoriedad por amplificar contenidos políticos y ataques contra adversarios del sector republicano.
La coincidencia temporal, sin embargo, no demuestra que Cerimedo sea responsable de esas cuentas ni que ellas formen parte de la infraestructura detectada en Bolivia. Esa distinción resulta fundamental para separar los antecedentes comprobables de las hipótesis que actualmente se encuentran bajo discusión.
Una trayectoria marcada por la comunicación política
Cerimedo ha construido durante los últimos años una trayectoria vinculada al marketing político, la comunicación digital y las campañas electorales.
Su nombre adquirió notoriedad internacional tras su participación en campañas y operaciones comunicacionales asociadas a sectores de derecha en América Latina.
En Brasil, después de la derrota electoral de Jair Bolsonaro, difundió contenidos relacionados con un supuesto fraude electoral que fueron cuestionados y calificados como desinformación por organismos de verificación y autoridades electorales brasileñas.
Posteriormente, su figura ganó espacio en Argentina y Chile, donde también ha sido relacionada con estrategias digitales y campañas políticas.
El antecedente chileno más conocido se remonta al plebiscito constitucional de 2020, cuando una encuesta elaborada por Numen, vinculada a Cerimedo, proyectó una diferencia entre el Apruebo y el Rechazo que terminó muy alejada del resultado definitivo.
El Apruebo obtuvo cerca del 78% de los votos, mientras el sondeo había planteado un escenario mucho más estrecho.
Cerimedo atribuyó posteriormente el error a la forma en que fueron proyectados los datos y sostuvo que Numen no era una encuestadora tradicional.
Las cuentas anónimas y la campaña presidencial
El nuevo capítulo se concentra ahora en la utilización de redes sociales durante la campaña presidencial de 2025, particularmente en el período previo a la segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Distintos testimonios recogidos por medios de comunicación apuntan a la existencia de estructuras digitales capaces de instalar determinados asuntos como tendencia en plataformas como X.
Uno de los nombres mencionados en estos relatos es el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, integrante del círculo político cercano al mandatario.
De acuerdo con fuentes citadas en la investigación periodística, Arrau habría señalado a un parlamentario de Chile Vamos que existía una capacidad organizada para instalar temas en redes sociales y mantenerlos como trending topics durante uno o dos días.
El propio ministro rechazó categóricamente esa versión.
“No conozco a Fernando Cerimedo. Nunca me he reunido, conversado, trabajado ni compartido con él, en Chile ni fuera del país”.
Arrau también defendió la estrategia digital utilizada durante la campaña.
“Nuestra capacidad de generar trending topics durante la campaña se debió a un equipo político bien gestionado, que movilizó a personas reales, planificó sus contenidos, instalando legítimamente sus ideas en la conversación pública”.
El ministro sostuvo además que cualquier intento de vincularlo con Cerimedo carece de fundamento.
La denuncia que llegó al Ministerio Público
El diputado Juan Santana, del Partido Socialista, presentó una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar que se investiguen las actividades de Cerimedo en Chile y la eventual existencia de una red coordinada de cuentas destinadas a intervenir en el debate político.
La presentación incluye antecedentes sobre Numen SpA, sociedad constituida en Chile y vinculada en los antecedentes expuestos al abogado Enrique García.
También menciona las cuentas Neuroc y otros perfiles que habrían desarrollado campañas contra distintas figuras políticas.
La denuncia no establece por sí misma responsabilidad penal. Su objetivo es que el Ministerio Público determine si los hechos descritos pueden constituir delitos y, en caso afirmativo, quiénes podrían resultar responsables.
Fiscalía enfrenta una definición clave
De acuerdo con los antecedentes citados en la investigación, el Ministerio Público todavía no ha resuelto si abrirá una investigación penal.
La dificultad está relacionada, entre otros aspectos, con la determinación de qué figuras delictivas podrían configurarse a partir de operaciones coordinadas en redes sociales.
Los antecedentes fueron derivados a la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociados (Ulddeco), organismo que deberá evaluar la procedencia de nuevas diligencias.
El punto jurídico es particularmente relevante.
Una campaña digital agresiva, la coordinación de usuarios reales o la utilización de estrategias destinadas a posicionar determinados contenidos no constituyen necesariamente un delito. Para que exista responsabilidad penal deberán acreditarse conductas concretas, participación de personas determinadas y la eventual concurrencia de los elementos exigidos por la legislación vigente.
Matthei vuelve a cuestionar las campañas de redes
La exabanderada presidencial Evelyn Matthei también volvió a referirse a las campañas digitales que durante 2025 difundieron ataques en su contra.
La exalcaldesa sostuvo que recibió ofensivas sistemáticas desde cuentas que, según su percepción, presentaban patrones similares.
Uno de los episodios mencionados fue la difusión de afirmaciones sobre su supuesto deterioro cognitivo.
Matthei señaló que José Antonio Kast negó personalmente haber participado en esas campañas, pero aseguró que nunca quedó convencida de esa explicación.
La existencia de cuentas coordinadas, sin embargo, todavía requiere de una acreditación independiente que permita determinar quiénes estaban detrás de ellas, quién financiaba sus actividades y si existía una estructura política organizada.
El precedente de Brasil vuelve a aparecer
El caso chileno adquiere mayor relevancia por los antecedentes previos de Cerimedo en Brasil.
Tras la derrota de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el consultor difundió un contenido titulado “Brasil fue robado”, en el que cuestionó el sistema electoral brasileño.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil adoptó posteriormente medidas contra cuentas relacionadas con la difusión de información falsa sobre las elecciones.
Cerimedo ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus intervenciones fueron interpretadas de manera incorrecta.
El antecedente brasileño es relevante para el debate chileno no porque permita demostrar automáticamente una operación similar, sino porque muestra la capacidad que pueden alcanzar las narrativas electorales difundidas masivamente a través de plataformas digitales.
El verdadero desafío: distinguir propaganda de manipulación
La controversia plantea una discusión que va más allá de Cerimedo.
Las campañas políticas modernas utilizan algoritmos, segmentación de audiencias, publicidad digital, comunidades virtuales y estrategias de posicionamiento para instalar mensajes.
El problema aparece cuando esas herramientas son utilizadas mediante identidades falsas, automatización encubierta, información deliberadamente engañosa o estructuras destinadas a simular artificialmente respaldo ciudadano.
En ese punto, la discusión deja de ser exclusivamente política y adquiere una dimensión institucional.
La pregunta que deberá responder cualquier investigación no es simplemente quién logró convertir un tema en tendencia, sino cómo lo hizo, quién financió la operación, quién impartió las instrucciones y si se vulneraron normas electorales, penales o administrativas.
La defensa del Gobierno
Desde La Moneda se ha descartado cualquier vínculo con Cerimedo.
Un alto asesor del Ejecutivo calificó las acusaciones como “humo”, mientras Martín Arrau negó expresamente haber conocido al consultor argentino.
La respuesta oficial introduce un elemento fundamental para la investigación: si efectivamente existieron operaciones digitales coordinadas durante la campaña, será necesario determinar quién las organizó y bajo qué estructura funcionaron.
La existencia de estrategias profesionales de comunicación política no constituye, por sí misma, una irregularidad.
Lo que sí podría generar responsabilidades, dependiendo de los antecedentes que eventualmente sean acreditados, es la utilización clandestina de recursos, cuentas falsas, financiamiento no declarado o mecanismos destinados a alterar fraudulentamente la percepción del electorado.
Una investigación que recién comienza
El caso Cerimedo deja abierta una serie de interrogantes que todavía no tienen respuesta definitiva.
¿Quién administraba las cuentas anónimas? ¿Existían vínculos directos con partidos o candidaturas? ¿Hubo financiamiento? ¿Se utilizaron bots o personas reales? ¿Existieron instrucciones provenientes de estructuras políticas? ¿Se entregaron minutas o contenidos desde organismos públicos? ¿Se utilizaron recursos fiscales?
Por ahora, ninguna de esas hipótesis puede darse por acreditada judicialmente.
Lo que sí existe es una serie de antecedentes, testimonios y denuncias que han obligado a trasladar la discusión desde las redes sociales hacia las instituciones encargadas de fiscalizar y perseguir eventuales ilícitos.
La eventual apertura de una investigación por parte del Ministerio Público será determinante. Si Fiscalía decide avanzar, deberá establecer si detrás de las operaciones digitales denunciadas existió simplemente una estrategia política agresiva o una estructura organizada capaz de comprometer la transparencia del debate democrático.
Conclusión
El caso de Fernando Cerimedo representa un nuevo desafío para la democracia digital chilena: determinar dónde termina la legítima estrategia política y dónde comienza la manipulación organizada de la conversación pública. Las acusaciones contra personas, cuentas o autoridades no pueden reemplazar a la prueba, pero tampoco deben ser descartadas sin una revisión institucional cuando existen antecedentes que justifican preguntas. El verdadero precedente estará en la capacidad de las instituciones para investigar con independencia, separar hechos comprobados de especulaciones y establecer, con evidencia, si las redes sociales fueron utilizadas únicamente como herramienta electoral o como una infraestructura clandestina de intervención política.
