La construcción del Centro de Justicia de Los Ángeles quedó marcada por una serie de decisiones administrativas y financieras que hoy permiten reconstruir un proceso que comenzó con dos licitaciones fallidas y terminó con un trato directo por $26.889 millones a una empresa cuya propuesta había sido declarada inadmisible.
Reportaje publicado originalmente en Diario Penitenciario y reproducido en El Minuto con fines informativos y de interés público.
El acuerdo fue aprobado el 21 de julio de 2022 por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), integrado en esa sesión por el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y María Angélica Repetto.
El antecedente más relevante es que la empresa, Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez, había sido descalificada ese mismo día en la segunda licitación debido a que los profesionales propuestos para ejecutar el proyecto no acreditaban la experiencia mínima exigida.
A ello se sumaba una diferencia presupuestaria significativa: la propuesta de la compañía alcanzaba los $26.889.578.607, mientras que la licitación contemplaba inicialmente un presupuesto de $14.523 millones.
La revisión de las actas y antecedentes administrativos permite observar además modificaciones posteriores en las condiciones de garantía y pagos asociados a retrasos en la entrega de información durante la ejecución de las obras.
De una licitación fallida a un trato directo de $26.889 millones
La primera licitación del Centro de Justicia de Los Ángeles fue publicada por la CAPJ el 11 de junio de 2021. El proyecto contemplaba una superficie de 9.851 metros cuadrados, un plazo máximo de 720 días y un presupuesto de $13.911 millones.
Nueve empresas solicitaron antecedentes y participaron de visitas al terreno. Sin embargo, sólo Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. y Omar Alejandro Ricouz Bergen presentaron ofertas.
Ambas propuestas fueron declaradas inadmisibles el 12 de octubre de 2021, decisión posteriormente informada al Consejo Superior de la CAPJ. El proceso terminó oficialmente declarado desierto.
Segunda licitación y falta de experiencia
La Corporación volvió a licitar el proyecto el 11 de febrero de 2022, esta vez con un presupuesto máximo de $14.523 millones.
Cinco empresas participaron de la visita a terreno: Claro Vicuña Valenzuela S.A., Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez, Moller y Pérez Cotapos, Crig Sucursal Chile y Sociedad Constructora CMG.
Finalmente, Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez presentó una oferta económica por $26.889 millones, mientras que Omar Alejandro Ricouz Bergen entregó una propuesta sin indicar monto.
El informe de evaluación concluyó que ambas ofertas eran inadmisibles. En el caso de Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez, el problema identificado fue que los profesionales a cargo del proyecto no acreditaban la experiencia mínima establecida en las bases.
El documento fue fechado el 26 de junio de 2022 y dejó nuevamente desierto el proceso.
El Consejo Superior optó por la contratación directa
El segundo fracaso de la licitación fue informado al Consejo Superior de la CAPJ el 21 de julio de 2022, según consta en el Acta 840.
Durante la sesión, el entonces jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Jorge Ponce Botton, explicó que las ofertas presentadas eran inadmisibles y planteó solicitar un aumento de disponibilidad presupuestaria para financiar un trato directo con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez.
Según quedó consignado en el acta, Ponce sostuvo que “el valor ofertado en la primera licitación fue cercano a $27.900 millones, por lo que esta segunda oferta se encuentra dentro del rango del valor del mercado”.
El Consejo Superior respaldó la propuesta y acordó contratar directamente a la empresa por $26.889.578.607.
La decisión implicó superar en $12.366 millones el presupuesto de $14.523 millones considerado en la segunda licitación.
La CAPJ posteriormente explicó que, antes de concretar el trato directo, se solicitó a la empresa actualizar sus antecedentes y cumplir con los requerimientos de la licitación, particularmente aquellos relacionados con los profesionales.
Respecto del aumento del costo, la institución atribuyó la diferencia a factores como el alza de precios de materiales, la disponibilidad de mano de obra y la variación del dólar.
El 11 de octubre de 2022, la CAPJ emitió un certificado de disponibilidad presupuestaria que acreditó la existencia de los recursos necesarios. Nueve días después, el 20 de octubre, se publicó la resolución que autorizó el trato directo y se emitió la respectiva orden de compra.
El cambio de las garantías financieras
Las condiciones originales del contrato también fueron modificadas durante su implementación.
En noviembre de 2022, la empresa informó que no conseguía que un banco emitiera la boleta de garantía exigida contractualmente. La situación fue presentada ante el Consejo Superior de la CAPJ en el marco del Acta 852.
El 17 de noviembre de 2022, los ministros fueron informados de las dificultades y acordaron solicitar antecedentes que acreditaran el rechazo de entidades bancarias.
El objetivo era permitir eventualmente que la empresa reemplazara la boleta bancaria por una póliza de garantía.
Cinco bancos rechazaron inicialmente la solicitud
En una sesión extraordinaria realizada el 23 de noviembre de 2022, el jefe del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento informó que cinco bancos habían rechazado otorgar la boleta solicitada debido a problemas asociados al riesgo financiero de la empresa.
Aunque se señaló que existía la posibilidad de obtener una garantía mediante BancoEstado, los magistrados resolvieron flexibilizar el mecanismo.
Desde entonces, se autorizó que una empresa que acreditara el rechazo de dos bancos pudiera utilizar una póliza de seguros en reemplazo de la boleta de garantía.
La diferencia no era meramente formal. Una boleta bancaria normalmente requiere respaldo financiero, como dinero disponible o una línea de crédito, mientras que una póliza de garantía opera mediante el pago de una prima a una compañía aseguradora que asume el riesgo bajo las condiciones establecidas en la póliza.
203 requerimientos de información y 47 retrasos
Con las obras en ejecución surgió otro foco de controversia.
Entre febrero de 2023 y junio de 2024, la empresa constructora presentó 203 requerimientos de información a la CAPJ relacionados con decisiones necesarias para desarrollar el proyecto.
Estos requerimientos debían ser gestionados por la inspección técnica de obras y el mandante, dependiendo de la materia consultada.
De los 203 requerimientos, 47 registraron retrasos en sus respuestas.
Según las condiciones contractuales, determinados atrasos podían generar compensaciones a favor de la empresa constructora debido al impacto que la falta de información podía producir sobre los plazos y gastos generales de la obra.
El RDI N° 86 generó un pago de $594 millones
El caso de mayor impacto económico correspondió al Requerimiento de Información N° 86.
La respuesta registró un retraso de 60 días, situación que generó una obligación de pago por $594.425.583 a favor de la empresa.
El caso llegó nuevamente al Consejo Superior de la CAPJ.
De acuerdo con lo informado por Jorge Ponce Botton, el retraso coincidió con la renuncia del inspector técnico Carlos Boysen, ocurrida el mismo día en que la empresa presentó el requerimiento.
Ante estos antecedentes, el 2 de enero de 2025, el Consejo Superior de la CAPJ resolvió instruir una investigación disciplinaria destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas relacionadas con el aumento de contrato por gastos generales derivado de los retrasos en responder el RDI N° 86.
La investigación permanece abierta.
Una obra que comenzó a operar en 2026
Pese a las controversias surgidas durante el proceso de contratación y ejecución, las obras del Centro de Justicia de Los Ángeles llegaron a su término hacia fines de 2025.
La apertura al público y la puesta en funcionamiento del nuevo centro judicial comenzaron de manera progresiva durante los primeros meses de 2026.
El caso deja así una cadena de decisiones que abarca tres etapas distintas: una licitación declarada desierta, la posterior contratación directa de una empresa cuya oferta había sido considerada inadmisible por razones vinculadas a la experiencia de su equipo profesional y modificaciones posteriores a las condiciones de garantía y ejecución contractual.
La investigación administrativa actualmente abierta deberá determinar si existieron responsabilidades funcionarias en los retrasos que terminaron generando pagos adicionales. Más allá de ese resultado, los antecedentes plantean interrogantes sobre los mecanismos de control, justificación presupuestaria y gestión contractual utilizados para concretar una obra pública de esta magnitud.
El desafío institucional será establecer si las decisiones adoptadas se ajustaron plenamente a las reglas aplicables y si los mecanismos de supervisión fueron suficientes para proteger los recursos públicos durante todo el ciclo del proyecto.
