La percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la justicia en Chile atraviesa un escenario de fuerte cuestionamiento. La última medición de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto de 2026, muestra que una amplia mayoría de los encuestados identifica a los jueces como los principales responsables de que el sistema judicial no funcione como se esperaría.
El dato central de la medición es contundente: 67% de las personas responsabiliza a los jueces, una cifra que supera ampliamente a las demás instituciones y actores consultados. El resultado se produce junto con una evaluación general marcadamente negativa del Poder Judicial, profundizando una percepción ciudadana crítica respecto de su desempeño y legitimidad institucional.
Los jueces concentran la mayor responsabilidad
Ante la pregunta sobre quiénes son los principales responsables de que la justicia no funcione como la ciudadanía espera, los jueces alcanzaron un 67% de las menciones.
En segundo lugar aparecen, empatadas con 39%, las leyes y la Fiscalía y los fiscales. El resultado muestra que la crítica ciudadana no se concentra exclusivamente en quienes ejercen funciones jurisdiccionales, sino que también alcanza al marco normativo y al funcionamiento del Ministerio Público.
Más atrás se ubica el Gobierno y el Ministerio de Justicia, con 31% de las menciones. Los trabajadores administrativos del sistema judicial alcanzan un 9%, mientras que las instituciones policiales y los abogados registran un 5% cada uno.
Un 3% de los encuestados no respondió la pregunta.
Un aumento relevante respecto de 2024
La comparación histórica muestra un cambio significativo en la magnitud de la percepción negativa hacia los jueces.
En agosto de 2024, los jueces también ocupaban el primer lugar entre los responsables identificados por los encuestados, pero alcanzaban un 49% de las menciones. En la medición de agosto de 2026, esa proporción aumenta hasta 67%.
Sin embargo, la propia Cadem advierte que la comparación debe realizarse con cautela debido a que ambas mediciones fueron efectuadas mediante metodologías diferentes.
Mientras la encuesta de agosto de 2024 se realizó mediante entrevistas telefónicas, la medición correspondiente a agosto de 2026 fue aplicada de manera online. Esta diferencia metodológica constituye un elemento relevante para interpretar la evolución de las cifras y evitar conclusiones directas sobre un cambio exacto de magnitud en la opinión pública.
75% evalúa negativamente al Poder Judicial
La crítica hacia los responsables del sistema se complementa con una evaluación general desfavorable del Poder Judicial.
Al solicitar a los participantes que calificaran a la institución en una escala de 1 a 7, un 75% entregó notas entre 1 y 4.
En el extremo positivo, apenas 7% calificó al Poder Judicial con notas 6 o 7, mientras que un 16% entregó nota 5. Otro 2% no respondió.
El resultado evidencia una brecha considerable entre quienes realizan una evaluación positiva de la institución y quienes la sitúan en los niveles inferiores de la escala.
Confianza, igualdad e imparcialidad bajo cuestionamiento
La percepción negativa se vuelve todavía más significativa cuando se analizan los atributos específicos asociados al sistema judicial.
Un 83% considera que el Poder Judicial no da confianza, convirtiéndose en el indicador más crítico de la medición.
A ello se suma que 82% estima que no asegura igualdad ante la ley, mientras que 81% considera que no es imparcial y que se deja influenciar por los más poderosos.
La percepción sobre los procedimientos también presenta un deterioro importante. Un 79% señala que estos no son claros ni transparentes, mientras que 77% considera que el sistema no es eficiente y que no cumple adecuadamente con su tarea.
Estas cifras sitúan el problema más allá de una simple evaluación sobre resultados judiciales. La encuesta muestra cuestionamientos ciudadanos vinculados con principios fundamentales para la legitimidad de cualquier sistema de justicia: confianza, igualdad ante la ley, imparcialidad, transparencia y eficiencia.
Una señal de alerta para las instituciones de justicia
Los resultados de la encuesta Cadem plantean un desafío institucional que excede la evaluación puntual de determinadas resoluciones o tribunales. La percepción expresada por los ciudadanos involucra elementos estructurales relacionados con la manera en que el sistema judicial es comprendido, valorado y legitimado socialmente.
Que dos tercios de los encuestados identifiquen a los jueces como los principales responsables del funcionamiento deficiente de la justicia constituye una señal particularmente relevante para el Poder Judicial, especialmente cuando se combina con los elevados niveles de desconfianza e insatisfacción registrados en otras dimensiones.
Al mismo tiempo, la presencia de las leyes y la Fiscalía con 39% cada una revela que la ciudadanía también atribuye responsabilidades al diseño normativo y a otros actores centrales de la administración de justicia.
El desafío institucional detrás de las cifras
La principal implicancia de estos resultados no radica únicamente en determinar qué institución recibe la mayor crítica, sino en observar la existencia de una brecha entre las expectativas ciudadanas y la percepción sobre el funcionamiento efectivo del sistema de justicia.
La legitimidad judicial depende no solo de la independencia de los tribunales, sino también de que las personas perciban que las decisiones son imparciales, comprensibles, transparentes y aplicadas bajo criterios de igualdad.
En ese contexto, los resultados de Cadem constituyen un indicador de opinión pública que debería ser observado con atención por las instituciones involucradas. No reemplazan una evaluación técnica del funcionamiento de tribunales, fiscalías o legislación, pero sí evidencian un problema de confianza institucional que puede tener consecuencias relevantes para la relación entre ciudadanía y sistema de justicia.
La conclusión jurídica e institucional es clara: la confianza pública constituye un componente esencial de la legitimidad de la justicia. Si la percepción ciudadana continúa asociando el funcionamiento del sistema con falta de imparcialidad, desigualdad, escasa transparencia e ineficiencia, el desafío para las instituciones no será solamente mejorar sus procedimientos, sino también demostrar de manera verificable que la justicia funciona bajo estándares de independencia, igualdad y debido proceso.
