Las investigaciones administrativas abiertas tras episodios de violencia y disturbios en el Instituto Nacional vuelven a poner el foco sobre el rol de funcionarios durante jornadas en que estudiantes fueron detenidos o buscados por su eventual participación en incidentes.
Los antecedentes conocidos a partir de los sumarios apuntan a dos exfuncionarias del establecimiento, Pilar Rojas y Sussy Cartes, quienes aparecen mencionadas en distintos testimonios por presuntas acciones de apoyo a estudiantes involucrados en episodios protagonizados por jóvenes encapuchados.
Mientras Rojas fue destituida luego de un procedimiento administrativo iniciado en 2023, la investigación respecto de Cartes permanece abierta. En ambos casos, las acusaciones corresponden a antecedentes contenidos en investigaciones administrativas y no deben confundirse con una condena penal.
Los antecedentes que vinculan a Rojas con un estudiante retenido
Uno de los episodios incorporados al sumario contra Rojas corresponde a la presunta ayuda que habría entregado a un estudiante de octavo básico que había sido retenido en el establecimiento durante una jornada de disturbios.
De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la funcionaria habría ayudado al alumno a ingresar nuevamente al Instituto Nacional, después de que este fuera retenido, mediante acciones destinadas presuntamente a dificultar su identificación.
El relato sostiene que Rojas habría cambiado la ropa del estudiante, conseguido un pase y posteriormente llevado al alumno hasta una sala de clases.
Uno de los testimonios recogidos durante la investigación también cuestionó la forma en que se habría registrado su asistencia.
“No, profesora, él estaba enfermo”, habría señalado Rojas, según el testimonio incorporado al sumario.
La declaración sostiene además que posteriormente se habría modificado el registro de asistencia para consignar que el estudiante sí había ingresado a clases.
Una exfuncionaria explicó la situación durante la investigación:
“En el libro de clases estaba consignado que el estudiante no había ingresado a los dos primeros bloques”.
Según su testimonio, posteriormente Rojas habría intervenido para modificar dicha información.
Testimonios también apuntan a estudiantes encapuchados
El expediente contiene además declaraciones que vinculan a Rojas con estudiantes encapuchados y describen situaciones que presuntamente habrían ocurrido al interior de Inspectoría.
Uno de los testimonios sostiene que la funcionaria habría mantenido contacto con jóvenes involucrados en los disturbios y que incluso habría interactuado con ellos mientras permanecían en ese espacio.
“Ella ayudaba a los encapuchados”, declaró una exfuncionaria.
El mismo testimonio describió una situación ocurrida después de que estudiantes quemaran un estante al interior de Inspectoría y afirmó que los jóvenes habrían conversado con Rojas.
Estos antecedentes forman parte del conjunto de declaraciones que fueron considerados durante el procedimiento administrativo y que finalmente derivaron en la destitución de Rojas.
Rojas niega las acusaciones y cuestiona el procedimiento
Reportajes Teletrece llegó hasta el Instituto Nacional para conocer directamente la versión de las exfuncionarias mencionadas en los sumarios.
Rojas, quien actualmente concurre al establecimiento como apoderada de su hija, reaccionó al encontrarse con el equipo periodístico.
“¿Quién los llamó? ¿Cómo sabían que yo iba a estar acá?”, manifestó inicialmente.
Consultada específicamente por la supuesta modificación del registro de asistencia, negó haber intervenido en el libro.
“Yo no estaba a cargo de ese libro. Todo esto es mentira”, respondió.
Rojas también fue consultada por los testimonios que la relacionan con estudiantes encapuchados y por una fotografía en la que supuestamente aparecería utilizando un overol.
La exfuncionaria descartó esas acusaciones.
“Son todos rumores, comentarios asquerosos”, afirmó.
Asimismo, sostuvo que su situación judicial le permitiría eventualmente regresar al establecimiento.
“Yo gané la sentencia, está todo a mi favor, así que yo voy a volver”, señaló Rojas.
Una precisión sobre la demanda laboral
Existe además un elemento jurídico que requiere especial precisión.
Rojas presentó una demanda de tutela laboral ante tribunales, pero dicha acción no correspondía directamente a las acusaciones contenidas en el sumario por los hechos vinculados a estudiantes.
Según los antecedentes expuestos, la acción judicial estaba relacionada con una denuncia de acoso laboral contra una compañera de trabajo.
Por ello, una eventual resolución favorable en esa causa no equivale necesariamente a una declaración judicial de inexistencia de los hechos investigados en el procedimiento administrativo.
La distinción entre ambos procesos resulta relevante para comprender correctamente el alcance jurídico de los antecedentes.
El segundo sumario: ropa, pases y presunta protección a estudiantes
El segundo nombre mencionado en los antecedentes corresponde a Sussy Cartes, quien aparece en un procedimiento administrativo iniciado en agosto de 2023.
En su caso, la investigación apunta a una conducta distinta, aunque relacionada con el mismo contexto de disturbios.
Según los testimonios incorporados al expediente, Cartes habría entregado ropa a estudiantes después de las manifestaciones, permitiéndoles cambiar su vestimenta para evitar ser identificados.
Otro antecedente sostiene que una exfuncionaria la habría visto guardar overoles utilizados durante los incidentes, antes del ingreso de Carabineros al establecimiento para efectuar diligencias y peritajes.
También existe un testimonio que atribuye a Cartes la entrega de pases en blanco a estudiantes.
Uno de los declarantes habría señalado, además, que la inspectora les aseguraba que no recibirían sanciones.
Los testimonios cruzan a ambas funcionarias
Uno de los elementos relevantes de los expedientes es que las declaraciones de ambos sumarios se relacionan entre sí.
Distintos funcionarios describieron una cercanía entre Rojas y Cartes y señalaron que ambas trabajaban en Inspectoría.
Ese vínculo adquiere importancia porque algunos de los testimonios describen hechos similares y sitúan a las dos funcionarias dentro del mismo espacio institucional durante los períodos investigados.
Sin embargo, la existencia de testimonios coincidentes no determina por sí sola responsabilidad administrativa, cuestión que corresponde establecer mediante el procedimiento respectivo y la valoración de los antecedentes reunidos.
Cartes optó por no responder ante las acusaciones
El equipo periodístico también intentó obtener la versión de Sussy Cartes respecto de los antecedentes contenidos en el sumario.
Según el reportaje, inicialmente negó ser la persona buscada.
Posteriormente, al ser consultada directamente por la investigación administrativa y las acusaciones, decidió no entregar declaraciones.
“No voy a conversar porque ustedes fueron a ver a mi compañera y le hicieron una encerrona. No me tienen por qué grabar si no quiero”, respondió.
A diferencia de Rojas, cuyo procedimiento terminó con su destitución, la investigación administrativa contra Cartes continúa abierta.
Por lo tanto, su eventual responsabilidad aún debe ser determinada conforme al procedimiento correspondiente.
La diferencia entre una acusación administrativa y una responsabilidad acreditada
El caso expone una cuestión especialmente relevante desde el punto de vista institucional: la diferencia entre testimonios, imputaciones administrativas y responsabilidad jurídicamente establecida.
Los sumarios constituyen mecanismos destinados a investigar eventuales infracciones cometidas por funcionarios y determinar, conforme a sus reglas, si corresponde aplicar medidas disciplinarias.
En consecuencia, los antecedentes contenidos en declaraciones y testimonios deben ser analizados dentro del contexto del procedimiento y junto con las demás pruebas disponibles.
En el caso de Rojas existe una consecuencia administrativa concreta: su destitución. En el caso de Cartes, en cambio, el procedimiento todavía no concluye.
La diferencia resulta fundamental para evitar presentar como hechos definitivamente acreditados situaciones que todavía se encuentran bajo investigación.
Un conflicto que trasciende al Instituto Nacional
Más allá de la situación particular de las dos exfuncionarias, los antecedentes revelan un problema institucional de mayor alcance: cómo deben actuar los funcionarios de un establecimiento educacional frente a episodios de violencia, estudiantes encapuchados y eventuales infracciones cometidas dentro o en las inmediaciones del recinto.
La frontera entre acompañar a un estudiante, proteger sus derechos y eventualmente facilitar la evasión de responsabilidades administrativas o policiales puede ser jurídicamente compleja.
Por ello, la determinación de responsabilidades requiere establecer con precisión qué ocurrió, quién intervino, con qué finalidad y qué conocimiento tenía cada funcionario respecto de los hechos investigados.
En ese contexto, el desenlace del procedimiento contra Cartes será relevante para determinar si los antecedentes reunidos permiten establecer una infracción administrativa y cuáles serían sus eventuales consecuencias.
Conclusión
Los casos de Pilar Rojas y Sussy Cartes muestran las distintas etapas que puede alcanzar una investigación administrativa dentro de un establecimiento educacional: desde testimonios y antecedentes controvertidos hasta una eventual sanción disciplinaria. Mientras una funcionaria ya fue destituida y sostiene públicamente su inocencia, la situación de la segunda aún no tiene una resolución definitiva. El desafío institucional será garantizar que cada antecedente sea ponderado con debido proceso, distinguiendo claramente entre una acusación, una responsabilidad administrativa acreditada y una eventual responsabilidad penal.
