Operación Imperio de Ámsterdam: una investigación que cruza cannabis, dinero y escuchas telefónicas
La detención de Camilo Huerta en el Aeropuerto de Santiago, luego de su regreso a Chile, abrió una nueva etapa en la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, investigación desarrollada por el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros.
El caso apunta a una presunta estructura criminal que habría utilizado franquicias del Dispensario Nacional, sociedades comerciales y plantaciones de cannabis para desarrollar actividades que son investigadas por su eventual relación con el tráfico de drogas.
De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre la carpeta investigativa, la Fiscalía atribuye a Huerta eventuales responsabilidades en tráfico de estupefacientes, lavado de activos y asociación ilícita.
El imputado, sin embargo, ha rechazado las acusaciones y calificó los cargos en su contra como un “montaje”.
En este reportaje, El Minuto reconstruye los principales antecedentes conocidos hasta ahora, separando los elementos que forman parte de la investigación de aquellos aspectos que todavía deberán ser acreditados ante los tribunales.
Lo que investiga fiscalía
La investigación apunta a una organización que, según la hipótesis del Ministerio Público, habría desarrollado una estructura destinada a la comercialización de cannabis con concentraciones de THC que no estarían permitidas.
Los antecedentes también apuntan a la existencia de plantaciones irregulares y a un predio autorizado originalmente para cultivar cannabis medicinal que, de acuerdo con la tesis investigativa, habría sido utilizado para producir cannabis con altos niveles de THC.
La Fiscalía busca determinar cómo funcionaba esta estructura, quiénes cumplían determinados roles y cuál era el destino de los recursos obtenidos.
Uno de los antecedentes económicos más relevantes apunta a que la organización habría generado más de $8 mil millones, cifra que forma parte de la hipótesis investigativa y que deberá ser respaldada durante el proceso.
El negocio del cannabis
Las franquicias del Dispensario Nacional
Uno de los elementos centrales de la investigación son las franquicias del denominado Dispensario Nacional.
Según los antecedentes difundidos, la estructura habría contado con 21 franquicias.
Una de ellas, ubicada en Colina, habría estado bajo administración de Camilo Huerta.
La Fiscalía investiga si estas franquicias funcionaban exclusivamente dentro del marco permitido para la comercialización de cannabis medicinal o si algunas de ellas habrían sido utilizadas para desarrollar actividades ilícitas.
El punto deberá ser determinado mediante el análisis de documentación, productos, operaciones comerciales, comunicaciones y demás evidencia reunida durante la investigación.
Las escuchas telefónicas
Uno de los principales elementos de la carpeta investigativa son las interceptaciones telefónicas.
Entre los registros aparece una conversación entre Camilo Huerta y Andrés Astorga Rodríguez, a quien la investigación identifica como presunto líder de la organización.
Durante el diálogo, Astorga hace referencia a distintos productos de cannabis y consulta a Huerta por determinadas variedades.
Según los antecedentes difundidos, Astorga señala:
“Tengo tu pedido acá, compadre. Me dicen que no quieres la Turban Max, ni la Mig Ching ni la Max Ice, porque son todas filete”.
Huerta responde:
“Ya, mándame todas entonces”.
Ante la consulta sobre el motivo, Huerta habría señalado:
“Porque tengo harto stock acá (…) de otras”.
La Fiscalía deberá determinar cuál era exactamente el contexto de la conversación, qué productos estaban siendo mencionados y qué relevancia tiene este intercambio dentro de la estructura investigada.
Una escucha sobre eventuales fiscalizaciones
Otro registro incorporado a la investigación corresponde, según los antecedentes difundidos, a una conversación de junio de 2025.
En ella, Huerta habría conversado con un abastecedor sobre una eventual fiscalización de Carabineros.
El informe policial citado en los antecedentes de la investigación señala que ambos habrían conversado sobre qué hacer frente a una fiscalización, en circunstancias en que un vehículo no tendría patente ni documentación.
Según ese informe, el interlocutor habría indicado que, ante una eventual fiscalización, debía contactarse al abogado de la Corporación, Hernán Bocaz, y mantener una actitud colaborativa con los funcionarios.
También se habría hablado de las resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la documentación relacionada con la Corporación.
La relevancia de esta conversación deberá ser determinada dentro del conjunto de antecedentes de la causa.
La ruta del dinero
Más de $51 millones bajo análisis
Las escuchas no constituyen el único antecedente que aparece respecto de Huerta.
Según los antecedentes de la investigación, una sociedad vinculada al preparador físico habría recibido más de $51 millones provenientes de DN Medcorp SpA.
Esta última sociedad pertenece a Gino Athens Athens, identificado en la investigación como presunto segundo al mando de la organización.
El movimiento financiero es relevante porque la Fiscalía investiga un eventual delito de lavado de activos.
Sin embargo, una transferencia de dinero no demuestra por sí misma la existencia de lavado de activos.
La investigación deberá determinar el origen de los fondos, el motivo de las transferencias, las relaciones comerciales existentes y el eventual conocimiento de los involucrados respecto del origen ilícito de los recursos.
El papel del SAG
Los antecedentes también muestran que el Servicio Agrícola y Ganadero aparece dentro de las preocupaciones de los investigados.
Las resoluciones administrativas relacionadas con cultivos y actividades vinculadas al cannabis habrían generado dificultades para la estructura investigada.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, frente a esas dificultades algunos integrantes habrían comenzado a analizar la posibilidad de buscar contactos y gestiones externas.
Es precisamente en este contexto donde surge una de las aristas más sensibles de la investigación.
La arista política
Las diputadas mencionadas en las conversaciones
En registros atribuidos a la carpeta investigativa aparecen mencionadas las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri.
Los antecedentes difundidos señalan que integrantes de la presunta organización habrían hablado sobre la posibilidad de recurrir a contactos políticos frente a dificultades administrativas.
Sin embargo, ninguna de las dos parlamentarias ha reconocido vínculos con los investigados.
La respuesta de Ana María Gazmuri
Gazmuri negó conocer a las personas mencionadas.
“No conozco a ninguna de estas dos personas y nunca han tomado contacto conmigo”.
La diputada sostuvo además que nunca había tenido comunicación con los involucrados.
La respuesta de Marisela Santibáñez
Santibáñez, por su parte, señaló que no conoce a las personas mencionadas en las escuchas y declinó profundizar públicamente sobre los antecedentes.
Lo que debe probarse
Una mención no equivale a responsabilidad penal
Este punto resulta fundamental para comprender el alcance de la investigación.
Que una persona aparezca mencionada dentro de una conversación telefónica no significa automáticamente que haya participado en un delito.
La Fiscalía deberá determinar si existieron contactos reales, comunicaciones directas, gestiones efectivas o cualquier otra conducta que pueda tener relevancia penal.
Lo mismo ocurre con las sociedades y movimientos de dinero.
Una transferencia económica puede tener una explicación comercial legítima. Para sostener una acusación por lavado de activos se requiere establecer su conexión con bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas y el conocimiento correspondiente.
El caso Camilo Huerta
Huerta regresó a Chile el 17 de agosto de 2026 y fue detenido al llegar al Aeropuerto de Santiago.
El Ministerio Público sostiene que existen antecedentes que permitirían vincularlo con la organización investigada.
Entre ellos se encuentran las escuchas telefónicas, su presunta participación en una franquicia del Dispensario Nacional y antecedentes financieros relacionados con una sociedad vinculada a él.
Huerta, en cambio, ha calificado la investigación como un “montaje”.
La formalización será la instancia en que la Fiscalía deberá exponer ante el tribunal los hechos que atribuye al imputado y los antecedentes que sustentan su teoría del caso.
Los tres delitos que enfrenta
Tráfico de estupefacientes
La Fiscalía atribuye a Huerta una eventual participación en hechos relacionados con el tráfico de drogas.
Deberá precisar cuáles son los hechos concretos que sustentan esta imputación y cuál habría sido su participación.
Lavado de activos
La investigación financiera busca establecer si recursos provenientes de actividades ilícitas fueron incorporados o movilizados mediante estructuras aparentemente legítimas.
Los más de $51 millones investigados forman parte de esta línea.
Asociación ilícita
Esta imputación apunta a la existencia de una estructura organizada para desarrollar actividades delictivas.
El Ministerio Público deberá acreditar la existencia de la organización, sus integrantes, roles y mecanismos de funcionamiento.
El mapa de la investigación
Camilo Huerta
Detenido tras regresar a Chile. La Fiscalía le atribuye tres delitos. El imputado niega los cargos y habla de un “montaje”.
Andrés Astorga Rodríguez
Identificado por la investigación como presunto líder de la organización.
Gino Athens Athens
Identificado como presunto segundo al mando y vinculado a DN Medcorp SpA.
Dispensario Nacional
Estructura de franquicias que aparece dentro de la investigación.
SAG
Organismo cuyas resoluciones y autorizaciones aparecen relacionadas con la actividad investigada.
OS-7
Unidad de Carabineros que participa en las diligencias investigativas.
Ministerio Público
Responsable de dirigir la investigación penal y presentar las imputaciones ante los tribunales.
EL MINUTO | LO QUE SABEMOS Y LO QUE FALTA POR ESTABLECER
| Antecedente | Situación |
|---|---|
| Detención de Camilo Huerta | Confirmada |
| Formalización | Programada |
| Escuchas telefónicas | Parte de la investigación |
| Franquicia en Colina | Antecedente investigativo |
| Más de $51 millones | Movimiento bajo investigación |
| Más de $8 mil millones | Cifra de la hipótesis investigativa |
| Plantaciones de cannabis | Materia de investigación |
| Mención de parlamentarias | Antecedente contenido en registros |
| Vínculo de las diputadas con la organización | Negado por ellas |
| Responsabilidad penal de Huerta | Debe determinarla la justicia |
Reportaje El Minuto: La Clave Juridica
La Operación Imperio de Ámsterdam deberá pasar ahora de los antecedentes investigativos a la discusión judicial.
La formalización no significa que los imputados sean culpables. Se trata de una instancia procesal en la que el Ministerio Público comunica formalmente los hechos por los cuales una persona está siendo investigada.
A partir de ese momento, la defensa podrá controvertir los antecedentes y el tribunal deberá resolver las solicitudes que formulen las partes.
Por ello, El Minuto mantendrá una separación estricta entre hechos acreditados, antecedentes de investigación, hipótesis de Fiscalía y declaraciones de los involucrados.
Conclusión Jurídica
La Operación Imperio de Ámsterdam reúne una serie de elementos que, considerados por separado, pueden parecer fragmentarios, pero que la Fiscalía busca conectar dentro de una misma hipótesis criminal.
Las escuchas telefónicas, las franquicias del Dispensario Nacional, los cultivos de cannabis, los movimientos financieros y las comunicaciones relacionadas con organismos públicos forman parte de una investigación que ahora entra en una etapa judicial decisiva.
El caso de Camilo Huerta concentra especial atención por su exposición pública y por los antecedentes que lo vincularían, según la investigación, con personas sindicadas como integrantes de la presunta organización.
Pero existe un límite que debe mantenerse durante toda la cobertura: una investigación no equivale a una condena.
Las menciones a las diputadas Marisela Santibáñez y Ana María Gazmuri, por ejemplo, deberán ser analizadas en su contexto y no pueden transformarse, por sí solas, en una imputación de responsabilidad.
La pregunta central que deberá responder la justicia es si los distintos elementos reunidos por los investigadores permiten demostrar la existencia de una organización criminal, cuáles fueron sus operaciones y qué papel desempeñó cada uno de los imputados.
El Minuto continuará siguiendo el caso y sus próximas etapas judiciales.
