Escándalo Financiero: Controlaría declara ilegales 29 convenios entre el Estado y Fundaciones por un monto de $13 mil millones

La Contraloría General de la República ha tomado una drástica decisión con respecto a 29 de los 34 convenios suscritos entre el Estado y diversas fundaciones, que representan una suma de 13 mil millones de pesos. La falta de cumplimiento de disposiciones legales y la existencia de giros “demasiado amplios” para recibir transferencias desde el Estado son algunos de los argumentos esgrimidos por el ente fiscalizador.

El Minuto | La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen en el que declara como ilegales 29 de los 34 convenios celebrados entre el Estado y diferentes fundaciones. Estos acuerdos, que en conjunto ascienden a la cifra de 13 mil millones de pesos, han sido objeto de controversia debido a irregularidades en su ejecución y falta de cumplimiento de disposiciones legales.

La decisión de la Contraloría se sustenta en varios aspectos problemáticos que fueron identificados durante la revisión de los convenios. Uno de los puntos fundamentales es la amplitud excesiva de los giros que algunas fundaciones tienen para ejercer sus actividades y recibir transferencias desde el Estado. Esta situación ha sido señalada como un factor de riesgo que puede dar lugar a malas prácticas y desvío de recursos públicos.

Además, la falta de claridad en la documentación relacionada con los gastos incurridos bajo estos convenios ha generado preocupación. La Contraloría encontró deficiencias en la presentación y registro de los gastos, lo que dificulta una adecuada fiscalización y puede abrir la puerta a posibles irregularidades financieras.

Otro problema detectado es la inexistencia de registros de personas jurídicas receptoras. Esto significa que en algunos casos no se ha podido identificar claramente a las entidades que recibieron los recursos públicos, lo que aumenta la opacidad y disminuye la transparencia en el uso de los fondos estatales.

En consecuencia, la Contraloría ha anulado estos 29 convenios, lo que implica que los recursos involucrados deberán ser revisados y, en su caso, reintegrados al erario público.