Contralora defiende el escrutinio ciudadano sobre quienes ejercen funciones públicas
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, formuló un llamado directo a las autoridades y funcionarios públicos para aceptar la fiscalización ciudadana sobre el ejercicio de sus funciones y el uso de recursos estatales.
La intervención se produjo durante un seminario sobre integridad pública, instancia en la que la jefa del órgano contralor puso como ejemplo una solicitud de acceso a la información recibida por la propia Contraloría.
Una persona había solicitado conocer qué había hecho la contralora durante una determinada jornada, dónde se encontraba y cuáles eran las funciones que había desarrollado.
Para Pérez, este tipo de solicitudes no constituye una intromisión indebida, sino una manifestación concreta de los principios de transparencia, probidad y Estado abierto.
“Tenemos que estar dispuestos a ser escrutados”
Durante su intervención, la contralora sostuvo que quienes trabajan para el Estado deben asumir que su actividad puede ser observada por la ciudadanía.
La razón, explicó, se encuentra en la naturaleza pública de los recursos involucrados y de las funciones ejercidas.
“El financiamiento de un día de trabajo de quien les habla es público. Ya tenemos que estar dispuestos a ser escrutados a fondo y, si uno no quiere ser expuesto a eso, tiene que buscarse otro trabajo”.
La declaración instala una discusión que va más allá de la propia Contraloría: hasta dónde debe llegar el control ciudadano sobre quienes ejercen funciones financiadas por el Estado.
Para Pérez, la respuesta está directamente vinculada con la responsabilidad que implica desempeñarse en el sector público.
Transparencia como mecanismo de control
El ciudadano frente al poder público
El acceso a la información pública constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede conocer cómo funcionan las instituciones estatales.
En ese contexto, las solicitudes relacionadas con las actividades de las autoridades permiten verificar aspectos vinculados con el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se utilizan recursos públicos.
La postura expresada por Pérez apunta a reforzar una idea central: quienes ejercen cargos públicos no solo están sujetos a las obligaciones propias de sus funciones, sino también a un nivel de escrutinio ciudadano acorde con la naturaleza pública de su trabajo.
El desafío de recuperar la confianza
La discusión adquiere especial importancia en un escenario donde las instituciones públicas enfrentan cuestionamientos por casos de irregularidades, falta de control y corrupción.
El desafío, por tanto, no se limita a sancionar eventuales conductas indebidas.
También implica generar mecanismos que permitan prevenirlas y entregar a la ciudadanía información suficiente para evaluar cómo se administran los recursos del Estado.
El foco sobre los municipios
Uno de los ámbitos donde esta discusión cobra especial relevancia es el mundo municipal.
Durante los últimos años, distintas investigaciones y casos judiciales han generado cuestionamientos respecto del uso de recursos públicos, contrataciones, gestión administrativa y mecanismos de control en algunas municipalidades.
En este contexto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, reconoció la existencia de riesgos y planteó la necesidad de modernizar las estructuras municipales.
Su propuesta apunta especialmente a fortalecer la profesionalización y el mérito dentro de los gobiernos locales.
Alessandri plantea modernizar las estructuras municipales
El dirigente municipal sostuvo que las administraciones locales deben adaptarse a las nuevas generaciones y a las necesidades específicas de cada comuna.
“Modernizar porque tenemos un Estado setentero con una generación milenial, trabajando con cierto organigrama de cada una de las municipalidades en donde lo que se necesite contratar es lo que necesite la comuna”.
La afirmación abre otro frente dentro de la discusión: no basta con fiscalizar después de que aparecen las irregularidades.
También resulta necesario revisar cómo se contrata, cómo se administra y qué capacidades profesionales existen dentro del Estado.
El debate sobre el empleo público
Reforma busca mayor profesionalización
La discusión ocurre en paralelo al debate sobre una reforma al empleo público impulsada por el Gobierno.
La iniciativa busca introducir modificaciones al funcionamiento de la administración estatal y avanzar hacia mayores niveles de profesionalización, eficiencia y modernización.
El debate plantea una tensión permanente entre los derechos de quienes trabajan para el Estado y la obligación de garantizar que la administración funcione bajo estándares adecuados de probidad y eficiencia.
Para los expertos y autoridades que participaron del seminario, cualquier modificación al sistema debe considerar ambos elementos.
“Lo colectivo por sobre lo individual”
El secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, Carlos Guazzini, sostuvo que cualquier transformación del empleo público debe tener como eje el interés general.
“Siempre el sector público tiene que velar en aras del interés general, siempre poniendo lo colectivo por sobre lo individual. Tenemos que avanzar en generar por lo menos un estándar ético mínimo”.
Su planteamiento apunta a establecer estándares comunes de conducta para quienes trabajan en organismos estatales.
La idea es que la probidad no dependa exclusivamente de la existencia de sanciones, sino que se transforme en parte de la cultura institucional.
Más que nuevas leyes: una cultura de probidad
La discusión sobre transparencia y empleo público no se limita a modificar normas.
Desde la Comisión de Integridad Pública se ha advertido que uno de los principales desafíos consiste en generar una cultura de probidad capaz de prevenir conflictos de interés, malas prácticas y utilización indebida de los recursos públicos.
Esto implica fortalecer los mecanismos de control, pero también establecer estándares claros para quienes ingresan y permanecen en la administración del Estado.
El objetivo final es recuperar una variable fundamental para el funcionamiento democrático: la confianza ciudadana.
Fiscalización y responsabilidad pública
La intervención de Dorothy Pérez coloca nuevamente en el centro una cuestión esencial: el poder público debe estar sujeto a control.
La ciudadanía financia mediante impuestos una parte importante de la estructura estatal y, por ello, tiene herramientas legales para conocer cómo funcionan sus instituciones.
Eso no significa que toda información sobre una autoridad pueda ser considerada automáticamente pública ni que desaparezcan los límites establecidos por la legislación.
Pero sí implica que la función pública debe ejercerse bajo estándares de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.
Un debate que trasciende a la Contraloría
El mensaje de la contralora también plantea una discusión sobre la relación entre los funcionarios públicos y la sociedad.
La administración estatal no funciona como una estructura aislada.
Cada decisión administrativa, contratación, gasto y actuación de una autoridad puede tener consecuencias sobre la ciudadanía.
Por eso, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización no debería ser entendido únicamente como una amenaza para quienes ejercen cargos públicos, sino como una herramienta para proteger la legitimidad de las instituciones.
Conclusión
Las palabras de Dorothy Pérez abren una discusión necesaria sobre los límites y responsabilidades del servicio público.
Cuando una persona decide trabajar para el Estado, asume obligaciones que van más allá del cumplimiento formal de un contrato o de un horario laboral. También adquiere una responsabilidad frente a la ciudadanía que financia y legitima las instituciones públicas.
La transparencia no puede convertirse en una herramienta de persecución, pero tampoco puede ser vista como una molestia por quienes administran recursos públicos.
El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre transparencia, protección de derechos, eficiencia y probidad.
La reforma al empleo público ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección.
Pero ninguna reforma será suficiente si no existe una transformación cultural.
Porque, como plantea la propia Contraloría, quienes ejercen funciones públicas deben estar preparados para responder ante la ciudadanía por la forma en que utilizan el poder y los recursos que les han sido confiados.
