Cathy Barriga: segundo juez se inhabilita y retrasa preparación del juicio oral
El caso Cathy Barriga volvió a registrar una interrupción judicial este lunes 19 de octubre de 2026, después de que un segundo magistrado se declarara inhabilitado para intervenir en la audiencia de preparación del juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú.
La decisión fue adoptada por el juez Hugo Torres, del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la Defensoría Penal Pública solicitara su inhabilitación al considerar que determinadas actuaciones anteriores podían comprometer su imparcialidad.
La petición generó oposición del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, instituciones que participan en la causa.
Pese a esos cuestionamientos, el magistrado decidió apartarse del procedimiento, provocando una nueva interrupción en una audiencia que ya había sido suspendida el pasado 7 de octubre.
Se esperaba que la jueza Constanza Estay asumiera la preparación del juicio oral durante la tarde, una vez concluido un procedimiento abreviado correspondiente a otro imputado.
Por qué la Defensoría Penal Pública pidió inhabilitar al juez Hugo Torres
La solicitud de inhabilitación presentada por la defensa pública se sustentó en una causal de implicancia que, según sus argumentos, podía afectar la imparcialidad del magistrado.
El cuestionamiento se relacionó con dos actuaciones anteriores del juez dentro de procedimientos vinculados a la investigación.
Pronunciamiento sobre la Municipalidad de Maipú
El primero de los antecedentes considerados por la Defensoría Penal Pública fue una resolución anterior sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú.
Este concepto jurídico se refiere a la facultad de una persona o institución para intervenir en un proceso judicial y ejercer determinadas acciones.
En términos sencillos, el tribunal había abordado previamente si el municipio contaba con atribuciones para participar en la causa en la calidad procesal correspondiente.
Condenas en procedimientos abreviados
El segundo antecedente estuvo relacionado con sentencias condenatorias dictadas por el mismo magistrado respecto de cuatro imputados en procedimientos abreviados.
El procedimiento abreviado es una forma de resolver determinadas causas penales sin desarrollar un juicio oral ordinario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
La Defensoría planteó que estas actuaciones anteriores podían comprometer la imparcialidad que debe mantener el juez al intervenir en la preparación del juicio oral contra Barriga.
La existencia de resoluciones previas no implica automáticamente falta de imparcialidad, pero determinadas circunstancias pueden configurar causales legales que obliguen a un magistrado a apartarse del conocimiento de una causa.
Fiscalía, CDE y Municipalidad de Maipú se opusieron a la inhabilitación
La solicitud presentada por la Defensoría Penal Pública no contó con el respaldo de los demás intervinientes.
El Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú manifestaron su oposición al requerimiento.
No obstante, el juez Hugo Torres resolvió declararse inhabilitado, impidiendo que continuara dirigiendo la audiencia preparatoria.
Esta nueva interrupción se produjo en un procedimiento que ya acumula varias postergaciones.
La situación también evidencia las tensiones procesales que pueden presentarse cuando las partes discrepan sobre la existencia de causales de inhabilidad judicial.
Juan Carlos Silva: la primera inhabilitación que suspendió la audiencia
El antecedente inmediato ocurrió el 7 de octubre de 2026, cuando el magistrado Juan Carlos Silva se apartó del procedimiento tras una solicitud de recusación amistosa.
La petición fue presentada por la Municipalidad de Maipú y respaldada por la Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado.
El argumento central se relacionó con la amistad del juez con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes anteriormente representaron a Cathy Barriga durante la investigación.
Actualmente, ambos profesionales participan en la defensa de Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa e investigado en una causa derivada de los antecedentes del caso municipal.
Una relación de amistad previamente reconocida
Según los antecedentes conocidos, el juez Juan Carlos Silva ya había manifestado en noviembre de 2024 circunstancias relacionadas con su cercanía con los abogados.
Durante la audiencia del 7 de octubre, volvió a examinarse esa relación y su posible incidencia en la imparcialidad del procedimiento.
Finalmente, el magistrado acogió la solicitud y se apartó de la causa.
La audiencia fue reprogramada para el lunes 19 de octubre, fecha en que se produjo la segunda inhabilitación.
Qué significa la inhabilitación de dos jueces en el caso Cathy Barriga
Las inhabilidades judiciales forman parte de los mecanismos establecidos para resguardar la imparcialidad de quienes deben resolver controversias sometidas a los tribunales.
En el ordenamiento jurídico chileno existen causales de implicancia y recusación que permiten examinar circunstancias que podrían afectar la independencia o imparcialidad de un magistrado.
Estos mecanismos buscan garantizar que las decisiones judiciales sean adoptadas por tribunales que cumplan las exigencias legales.
Sin embargo, también pueden generar consecuencias procesales cuando su aplicación obliga a suspender o reorganizar audiencias.
En el caso Cathy Barriga, las dos inhabilitaciones respondieron a antecedentes distintos.
Mientras la primera se relacionó con vínculos personales entre un juez y abogados asociados al procedimiento, la segunda estuvo fundamentada en decisiones judiciales anteriores del magistrado que debía dirigir la audiencia.
Esta diferencia es relevante para comprender por qué las solicitudes fueron formuladas por intervinientes diferentes y recibieron respuestas distintas de las partes.
Las acusaciones y las penas solicitadas contra Cathy Barriga
La investigación contra la exalcaldesa de Maipú se relaciona con presuntas irregularidades financieras y administrativas ocurridas durante su gestión municipal.
Entre los delitos atribuidos por los organismos persecutores se encuentran fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, además de otros hechos comprendidos en las acusaciones.
La Fiscalía Metropolitana Oriente solicita penas que superan los 23 años de presidio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado ha requerido sanciones que suman 37 años de prisión.
Estas cifras corresponden a las penas solicitadas por los acusadores y no representan condenas dictadas por un tribunal.
Cathy Barriga mantiene su derecho a la presunción de inocencia, así como a controvertir las acusaciones y los medios de prueba presentados en su contra.
¿Qué se resuelve en la preparación del juicio oral?
La audiencia de preparación no tiene como finalidad determinar inmediatamente si la acusada es culpable o inocente.
Su objetivo es revisar las acusaciones, discutir cuestiones procesales y determinar qué pruebas podrán presentarse durante un eventual juicio oral.
También permite resolver controversias relacionadas con la admisibilidad de determinados antecedentes.
Una vez completada esta etapa, y si corresponde, se dicta el auto de apertura del juicio oral, que establece las acusaciones y pruebas que serán conocidas posteriormente por el tribunal competente.
Constanza Estay asumiría la audiencia tras procedimiento abreviado
Luego de la inhabilitación del juez Hugo Torres, se esperaba que la magistrada Constanza Estay asumiera la dirección de la preparación del juicio oral.
De acuerdo con los antecedentes publicados durante la mañana del lunes, antes debía concluir un procedimiento abreviado respecto del coimputado Rodrigo Báez.
La continuación de la audiencia estaba prevista para la tarde de este mismo día.
Sin embargo, al momento de esta publicación no se dispone de confirmación sobre el resultado definitivo de esa nueva instancia, por lo que corresponde mantener la información sujeta a actualización.
Conclusión: imparcialidad judicial y continuidad del proceso penal
La segunda inhabilitación registrada en la preparación del juicio oral contra Cathy Barriga evidencia la importancia de los mecanismos destinados a resguardar la imparcialidad judicial.
Aunque estas herramientas pueden provocar interrupciones, forman parte de las garantías que deben observarse durante un proceso penal.
Al mismo tiempo, las sucesivas postergaciones generan interrogantes sobre la continuidad y organización de una causa de alta complejidad.
El desafío del tribunal consiste en asegurar que la audiencia avance respetando los derechos de la acusada, las facultades de los organismos persecutores y las garantías de imparcialidad de quienes intervienen en las decisiones judiciales.
La eventual reanudación del procedimiento bajo la dirección de una nueva magistrada permitirá determinar si la causa puede avanzar hacia la etapa de juicio oral.
Hasta que exista una resolución judicial definitiva, las imputaciones contra la exalcaldesa deberán mantenerse en el ámbito de las acusaciones sometidas al conocimiento de los tribunales.
