Una trama que comenzó detrás de los muros de Acha
Una declaración reservada terminó convirtiéndose en un antecedente central de una investigación que permitió establecer la existencia de una conspiración para cometer delitos terroristas atribuida a integrantes de Los Gallegos, organización vinculada al Tren de Aragua y que durante años mantuvo una estructura criminal en el sector Cerro Chuño, en Arica.
El testigo, identificado bajo la nomenclatura D26, entregó antecedentes ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones sobre las comunicaciones que mantenían integrantes de la organización desde el Centro Penitenciario de Acha.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, a fines de 2024 comenzó a tomar forma un supuesto plan destinado a generar temor entre jueces y persecutores que participaban en los procesos judiciales contra miembros de la organización.
La tesis investigativa apuntó a que la presión buscaba modificar el escenario judicial y conseguir que determinados integrantes fueran deportados a Venezuela en lugar de continuar enfrentando condenas en Chile.
El caso terminó con la condena de William Isaac Celas Garrido, conocido como Ángelo, y Wilmer García Malafito, alias Maleficio.
Ambos aceptaron un procedimiento abreviado y recibieron una pena única de 301 días de presidio, adicional a las condenas que ya cumplían por otros delitos.
La defensa, sin embargo, sostiene que la interpretación de los antecedentes debe ser matizada y niega que existiera una intención concreta de instalar un vehículo cargado con explosivos frente al tribunal.
El sistema de comunicación conocido como “palomas”
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el mecanismo utilizado para intercambiar mensajes dentro del recinto penitenciario.
Según el testimonio de D26, integrantes de Los Gallegos utilizaban las denominadas “palomas”, un sistema rudimentario de comunicación mediante cuerdas instaladas en el exterior del edificio de Acha.
A través de esas cuerdas podían trasladarse pequeños papeles entre distintos sectores del recinto.
La investigación estableció que parte de las conversaciones relacionadas con el supuesto plan habría circulado mediante este mecanismo.
D26 afirmó haber tenido acceso a algunos de esos mensajes y relató ante los investigadores que en ellos se hablaba de utilizar un vehículo como elemento de amenaza frente al tribunal de Arica.
Según su declaración, el propósito no habría sido únicamente provocar daño, sino generar una presión suficiente para modificar el destino judicial de los integrantes de la organización.
La tesis entregada por el informante apuntaba a que la intención era “meter miedo” para conseguir la deportación de los involucrados.
La presión sobre jueces y fiscales
La investigación de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica determinó que al menos dos integrantes de relevancia dentro de Los Gallegos estaban vinculados a las comunicaciones investigadas.
Entre ellos aparece William Isaac Celas Garrido.
Conocido como Ángelo, los antecedentes expuestos durante la investigación lo sitúan en una posición de supervisión dentro de la estructura de Los Gallegos, con participación en asuntos financieros de la organización.
Según fuentes citadas en la investigación, habría sido enviado desde Venezuela y asumido funciones de carácter ejecutivo dentro de la estructura criminal.
El segundo involucrado es Wilmer García Malafito, conocido como Maleficio.
La investigación lo situó también en posiciones de liderazgo dentro de la organización y estableció que habría llegado al país con conocimientos sobre el funcionamiento interno del Tren de Aragua.
Según los antecedentes de la causa, parte de la motivación atribuida al supuesto plan habría estado relacionada con evitar que Celas enfrentara una nueva condena.
Los mensajes recuperados durante la investigación
La sentencia estableció que Celas habría impartido instrucciones para confeccionar las cuerdas utilizadas en el sistema de comunicación conocido como “palomas”.
No todos los mensajes pudieron ser recuperados.
Parte de ellos habría sido destruida y otros fueron encontrados por los investigadores durante las diligencias realizadas en el recinto penitenciario.
En los documentos recuperados aparecieron referencias a la posibilidad de ubicar un vehículo frente al tribunal, además de menciones a una supuesta autorización proveniente desde La Serena.
Los antecedentes también contenían referencias a la utilización de “plasticina”, expresión que la investigación vinculó con explosivos.
El supuesto plan, según los antecedentes expuestos ante el tribunal, no se habría limitado al edificio judicial.
También aparecieron referencias a eventuales acciones dentro del propio Centro Penitenciario de Acha.
D26 sostuvo que el objetivo era generar una presión de tal magnitud que las autoridades consideraran la posibilidad de deportar a los integrantes de la organización.
El testigo también relató que dentro de las conversaciones se habría mencionado la posibilidad de obtener la libertad en Venezuela mediante pagos ilegales.
De Arica a Concepción: las amenazas encontradas en WhatsApp
Las diligencias realizadas posteriormente permitieron acceder a teléfonos utilizados por integrantes de la organización.
En uno de ellos, los investigadores encontraron comunicaciones difundidas mediante historias de WhatsApp, mecanismo que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, era utilizado para transmitir mensajes dentro de la estructura.
Los textos contenían referencias a un eventual rescate de integrantes de la organización y amenazas contra quienes eran considerados adversarios.
Entre los destinatarios de las amenazas aparecían fiscales y jueces vinculados a los procesos judiciales.
La existencia de estas comunicaciones reforzó para la Fiscalía la hipótesis de que las acciones investigadas formaban parte de una estrategia de presión contra el sistema de persecución penal y de justicia.
El caso adquirió especial relevancia porque los mensajes no sólo hablaban de recuperar a integrantes de la organización, sino que también contenían referencias a su capacidad de fuego y a la posibilidad de utilizar violencia contra quienes intervenían en los procesos judiciales.
La condena de los dos integrantes
Con estos antecedentes, el Juzgado de Garantía de Arica condenó mediante procedimiento abreviado a William Celas y Wilmer García a una pena única de 301 días de presidio.
La resolución los consideró autores de conspiración para cometer delitos terroristas relacionados con la colocación de un artefacto explosivo y con un eventual atentado contra la vida de autoridades judiciales.
Celas ya cumplía una condena de 32 años de presidio efectivo por diversos delitos relacionados con el crimen organizado.
García Malafito, por su parte, cumplía una condena de 4 años y 177 días de presidio efectivo.
Tras conocerse la condena, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el resultado judicial.
“Esto es una muy buena noticia”, sostuvo el persecutor, agregando que la Fiscalía no aceptará hechos de esta naturaleza.
La resolución agregó así una nueva condena a dos integrantes que ya se encontraban privados de libertad por causas anteriores.
La defensa cuestiona la existencia de un plan contra el tribunal
La versión de la defensa es distinta.
La abogada Trinidad Parra, representante de ambos condenados, sostuvo que sus clientes niegan que haya existido una intención concreta de instalar un vehículo cargado con explosivos frente al tribunal.
La defensora sí reconoció la existencia de conversaciones relacionadas con posibles acciones dentro de la cárcel de Acha.
“Ellos niegan el tema del autobomba, pero sí que estaban viendo unos temas en el Centro Penitenciario de Acha”, afirmó.
La abogada también explicó que sus representados optaron por aceptar el procedimiento abreviado con el objetivo de avanzar en las causas pendientes y evitar la incertidumbre propia de un juicio oral.
En el caso de Celas, señaló que su decisión también estaría relacionada con el deseo de reencontrarse con su madre y su familia.
La defensa ha sostenido además que sus representados mantienen una fuerte vinculación familiar y religiosa.
Un caso que vuelve a poner el foco en las comunicaciones desde las cárceles
Más allá de la controversia entre la tesis de la Fiscalía y la versión de la defensa, el caso revela una dimensión especialmente sensible para el sistema penitenciario chileno: la capacidad de organizaciones criminales para mantener mecanismos de coordinación desde los recintos penales.
La utilización de sistemas rudimentarios de comunicación, teléfonos y plataformas digitales demuestra, según los antecedentes investigativos, que las estructuras criminales pueden intentar mantener canales de contacto incluso bajo condiciones de privación de libertad.
En este caso, además, las comunicaciones investigadas no sólo estaban relacionadas con la situación de los propios internos.
También apuntaban, según la sentencia y los antecedentes incorporados al proceso, a generar presión sobre autoridades judiciales y persecutores.
Conclusión
La condena de William Celas Garrido y Wilmer García Malafito constituye un nuevo antecedente judicial relacionado con la capacidad de organizaciones criminales para mantener estructuras de coordinación desde establecimientos penitenciarios.
Desde una perspectiva jurídica, el elemento central no radica únicamente en la eventual materialización de un atentado, sino en la conspiración que el tribunal tuvo por acreditada mediante el conjunto de antecedentes incorporados al procedimiento abreviado.
La existencia de una sentencia condenatoria no elimina, sin embargo, la controversia planteada por la defensa respecto de la interpretación de determinadas comunicaciones y sobre la existencia de una intención real de atacar el tribunal.
El caso deja además una advertencia institucional: la seguridad de jueces, fiscales, funcionarios penitenciarios y demás intervinientes del sistema de justicia depende también de la capacidad del Estado para detectar y neutralizar las redes de comunicación y coordinación que organizaciones criminales puedan mantener desde las cárceles.
