El entramado judicial derivado de la crisis de Sartor AGF suma un nuevo capítulo.
Esta vez, el foco está puesto en el empresario Avram Fritch Vaturi, cuyo nombre aparece en una querella criminal presentada por Toesca Administradora General de Fondos (Toesca AGF), entidad designada por la Comisión para el Mercado Financiero para liquidar determinados fondos de inversión rescatables administrados por Sartor AGF.
La acción judicial, presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, cuestiona una operación financiera originada en 2019: un préstamo de 65.000 UF otorgado por el Fondo de Inversión Sartor Proyección a Inmobiliaria Carmel Limitada, sociedad representada por Fritch.
La operación estaba respaldada por una garantía constituida sobre 2.500 acciones de Inmobiliaria Los Barbechos, vinculada al proyecto inmobiliario que se pretendía desarrollar en Las Condes.
Según la tesis planteada por Toesca en su querella, posteriormente se produjo una serie de movimientos societarios que habría dificultado la ejecución de esa garantía y el cobro de una deuda que, de acuerdo con los antecedentes expuestos en la acción judicial, supera actualmente los $3.000 millones.
Pero el caso tiene dos versiones.
Mientras la parte querellante sostiene que existió un presunto “vaciamiento patrimonial”, la defensa de Fritch rechaza esa imputación y afirma que las operaciones cuestionadas tuvieron una explicación económica y que Sartor conocía el proceso.
La existencia de la querella y sus imputaciones no implica que los hechos denunciados estén judicialmente acreditados.
El préstamo de 65.000 UF que abrió el conflicto
La historia comienza el 2 de julio de 2019.
Ese día, el Fondo de Inversión Sartor Proyección materializó un financiamiento por 65.000 UF a favor de Inmobiliaria Carmel Limitada, representada por Avram Fritch.
El objetivo era desarrollar un proyecto inmobiliario en Las Condes, específicamente en Avenida Las Condes, a la altura del 7.350, en la esquina con Los Barbechos.
El vencimiento original del financiamiento quedó establecido para junio de 2022.
Para respaldar la operación, las partes acordaron constituir una prenda sobre 2.500 acciones de Inmobiliaria Los Barbechos.
Según la querella, esas acciones tenían un valor comercial aproximado de 50.750 UF, equivalente a más de $2.000 millones considerando la valorización consignada en la presentación judicial.
La garantía buscaba respaldar el capital, los intereses y cualquier otra obligación derivada de la línea de crédito.
Un proyecto inmobiliario que terminó cambiando de rumbo
En sus comienzos, el negocio presentaba una estructura que, al menos según los antecedentes citados por las partes, parecía viable.
El proyecto contemplaba la construcción de un edificio y una eventual operación con un fondo de renta.
En su declaración ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Michael Clark Varela explicó que el proyecto contaba con permiso de edificación y que existía una oferta de compra.
Sin embargo, las condiciones cambiaron.
El proyecto terminó afectado por el contexto económico, el estallido social, la pandemia y el retiro del potencial comprador.
El negocio que originalmente debía generar los recursos para pagar el financiamiento comenzó así a transformarse en una deuda de largo plazo.
Michael Clark y el origen del financiamiento
Uno de los nombres que aparece en la reconstrucción del caso es Michael Clark Varela.
Su participación resulta relevante porque, durante ese período, mantenía una relación de asesoría con Sartor y, paralelamente, desarrollaba actividades mediante Redwood Capital.
Según su propia declaración ante la Fiscalía, Redwood Capital asesoraba a clientes que buscaban financiamiento de Sartor.
En el caso de Fritch, Clark reconoció que su firma participó en las gestiones para obtener el financiamiento.
También reconoció que Redwood Capital obtenía una comisión asociada a los recursos levantados.
La participación de Clark no significa, por sí sola, la existencia de una irregularidad.
Sin embargo, adquiere relevancia investigativa porque aparece vinculada al origen mismo de una operación que posteriormente terminó bajo cuestionamiento judicial.
“Era un negocio que hacía sentido”
En su declaración, Clark defendió inicialmente la racionalidad económica del negocio.
La operación contaba con un terreno, un permiso de edificación y una eventual alternativa de venta.
La situación, según su relato, se deterioró después.
La cancelación de la operación con el eventual comprador habría dejado al proyecto sin el flujo necesario para cumplir con las obligaciones financieras originalmente proyectadas.
A partir de entonces comenzaron las prórrogas.
Las prórrogas: cuando el crédito comenzó a extenderse
Durante 2021 y 2022, según los antecedentes contenidos en la querella, se autorizaron sucesivas extensiones para el pago de las obligaciones.
El mecanismo permitió mantener vigente la operación mientras se esperaba una eventual venta del terreno.
Posteriormente, los intereses fueron capitalizados y el crédito volvió a ser reestructurado.
En enero de 2023, Inmobiliaria Carmel habría suscrito un nuevo pagaré por 67.600 UF.
Avram Fritch mantenía además, según los antecedentes de la querella, la calidad de aval, fiador y codeudor solidario.
La expectativa seguía puesta en la venta del activo inmobiliario.
Durante 2023, según la acción judicial, habría existido una promesa de compraventa por 280.000 UF.
El monto era superior a la deuda con el fondo.
Pero nuevamente la operación no llegó a concretarse.
El punto de quiebre: las acciones entregadas en garantía
Es aquí donde el caso adquiere su dimensión judicial más compleja.
Las 2.500 acciones de Inmobiliaria Los Barbechos habían sido entregadas como garantía del financiamiento.
Para Toesca, ese elemento resulta fundamental.
La administradora sostiene que determinadas operaciones posteriores habrían modificado la estructura de propiedad de esas acciones y, con ello, dificultado la posibilidad de ejecutar la garantía.
La querella califica estas operaciones como un presunto “vaciamiento patrimonial”.
Pero jurídicamente existe una diferencia fundamental entre una acusación y un hecho probado.
La investigación deberá establecer qué operaciones fueron realizadas, quiénes participaron, cuál era su fundamento económico, qué conocimiento tenía Sartor y si existió o no una intención deliberada de perjudicar al acreedor.
Una garantía que se convirtió en el centro de la disputa
El valor de las acciones no era meramente formal.
Según la querella, su importancia derivaba de los activos inmobiliarios vinculados a la sociedad.
Por ello, para Toesca, la modificación de la estructura de propiedad habría afectado directamente la capacidad de recuperar el dinero prestado.
La defensa sostiene una interpretación distinta.
Según el abogado José Rojas Silva, las operaciones cuestionadas ocurrieron en un contexto que era conocido por Sartor y no tuvieron como finalidad perjudicar a los acreedores.
El entramado empresarial
Los antecedentes también permiten observar que el caso no se limita exclusivamente a Inmobiliaria Carmel.
Según la información contenida en la querella, Carmel se encontraba relacionada con una estructura empresarial que incluía participaciones en Inmobiliaria e Inversiones Boldo S.A. y sociedades relacionadas con el Grupo Rebrisa.
Dentro de ese entramado aparece además Global Systems Chile SpA, empresa vinculada al ámbito tecnológico.
Según los antecedentes aportados para este reportaje, dicha compañía ha mantenido contratos con organismos públicos relacionados con la operación y mantención del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
Este elemento forma parte del contexto empresarial del caso.
Sin embargo, El Minuto deja expresamente establecido que la existencia de contratos con organismos públicos no constituye, por sí sola, evidencia de una irregularidad ni acredita relación alguna entre esos contratos y los hechos investigados en la querella.
Se trata de dos dimensiones que deben mantenerse separadas mientras no exista una resolución judicial que establezca lo contrario.
La defensa: “no existió un vaciamiento”
La defensa de Avram Fritch sostiene que la interpretación de Toesca es incorrecta.
El abogado José Rojas Silva plantea que el proyecto inmobiliario enfrentó una combinación de factores que hicieron inviable su desarrollo bajo las condiciones originalmente previstas.
Entre ellos menciona el estallido social, la pandemia, el aumento de la deuda bancaria y el retiro de un actor financiero que había comprometido su participación.
Respecto de las garantías, la defensa sostiene que algunas de las prohibiciones asociadas a la prenda no habrían sido inscritas por Sartor.
También rechaza que las transferencias societarias hayan tenido como finalidad beneficiar patrimonialmente al empresario o a su familia.
El destino de los recursos
Según la versión entregada por el abogado, los recursos obtenidos en las operaciones cuestionadas habrían sido utilizados para pagar obligaciones relacionadas con el terreno y deudas por contribuciones.
La defensa sostiene además que habría quedado un remanente sujeto a condiciones de pago.
Este punto es particularmente relevante para la investigación.
Mientras Toesca interpreta las operaciones como parte de una maniobra destinada a reducir el patrimonio disponible para responder por la deuda, la defensa las presenta como parte de una reorganización financiera asociada a un proyecto que había dejado de ser viable.
La salida de Chile y una segunda controversia
Otro elemento que aparece en la querella corresponde a la salida de Avram Fritch de Chile.
La acción judicial sostiene que el empresario salió con destino a Israel en un período cercano al inicio de determinadas acciones judiciales destinadas al cobro de la deuda.
La defensa rechaza que exista una relación entre ambos acontecimientos.
Según el abogado de Fritch, el empresario se trasladó a Israel por razones familiares, debido a que parte importante de su familia reside allí.
También sostiene que Fritch no habría conocido oportunamente la existencia de la demanda ejecutiva y que se habría enterado posteriormente por la prensa.
La defensa afirma que su representado está dispuesto a regresar a Chile cuando sea requerido por la justicia.
Este punto deberá ser establecido con antecedentes objetivos, particularmente respecto de las fechas de las actuaciones judiciales, notificaciones, viajes y comunicaciones entre las partes.
Toesca endurece su acusación
El abogado querellante por Toesca AGF, Marcos Contreras Enos, calificó los hechos denunciados como un “caso de manual de vaciamiento patrimonial”.
Según la tesis de la querella, Fritch habría obtenido un préstamo millonario garantizado con acciones para posteriormente transferirlas a integrantes de su entorno familiar.
La conclusión que busca instalar la parte querellante es que dichas operaciones terminaron afectando la capacidad del fondo para recuperar los recursos.
La defensa, por el contrario, niega esa interpretación.
El contraste entre ambas posiciones será uno de los elementos centrales de la investigación.
¿Qué deberá determinar la justicia?
El caso plantea una serie de preguntas jurídicas y financieras.
¿Cuándo se realizaron exactamente las transferencias de las acciones?
¿Quiénes participaron en ellas?
¿Qué precio tuvieron las operaciones?
¿Dónde fueron destinados los recursos?
¿Qué conocimiento tenía Sartor respecto de esas operaciones?
¿La garantía estaba jurídicamente vigente y era ejecutable en los términos alegados?
¿Existió una intención deliberada de perjudicar al acreedor?
Las respuestas deberán surgir de contratos, escrituras, registros societarios, movimientos financieros, comunicaciones y declaraciones de las personas involucradas.
La sola existencia de transferencias entre sociedades o familiares no permite concluir automáticamente que exista un delito.
Para establecer responsabilidad penal será necesario acreditar los elementos objetivos y subjetivos del ilícito que eventualmente sea investigado, además de determinar la participación individual de cada involucrado.
Notas del departamento de investigación El Minuto
La primera clave: no confundir querella con condena
La presentación de Toesca constituye una acusación judicial.
Hasta que un tribunal determine responsabilidades, las imputaciones deben ser consideradas como hechos denunciados y no como hechos acreditados.
La segunda clave: el dinero y la garantía
El núcleo económico del caso está en un financiamiento inicial de 65.000 UF y en las garantías utilizadas para respaldarlo.
La evolución de esas garantías será fundamental para comprender si existió o no perjuicio patrimonial.
La tercera clave: las sociedades
La investigación deberá reconstruir cronológicamente las modificaciones societarias, las transferencias de acciones y las relaciones entre las distintas empresas.
La cuarta clave: las versiones contrapuestas
Toesca habla de un presunto vaciamiento patrimonial.
La defensa habla de una reorganización provocada por el fracaso de un proyecto inmobiliario.
Ambas versiones deberán ser contrastadas con documentos y evidencia.
La quinta clave: la ruta del dinero
Uno de los aspectos más relevantes para la investigación será establecer qué ocurrió con los recursos obtenidos mediante las operaciones cuestionadas y si estos fueron efectivamente destinados al pago de obligaciones financieras, como sostiene la defensa.
Línea investigativa de El Minuto
Departamento de Investigación El Minuto
Este reportaje ha sido elaborado a partir de los antecedentes contenidos en la querella, declaraciones atribuidas a los involucrados y los antecedentes proporcionados para esta investigación.
El Minuto distingue expresamente entre hechos documentados, acusaciones de las partes y hechos que deberán ser acreditados durante la investigación judicial.
La incorporación de nombres, sociedades y entidades en este reportaje responde exclusivamente a su aparición en los antecedentes revisados y no constituye imputación autónoma ni atribución de responsabilidad penal por parte de El Minuto.
Conclusión | El dinero, las garantías y la pregunta que queda abierta
El caso de Avram Fritch Vaturi constituye una de las nuevas aristas que emergen del complejo escenario judicial asociado a Sartor.
La historia comenzó con un préstamo de 65.000 UF que, en principio, estaba respaldado por activos y garantías suficientes para reducir el riesgo del financiamiento.
El proyecto inmobiliario fracasó.
La deuda se extendió.
Las garantías cambiaron de escenario.
Y finalmente Toesca llegó a los tribunales sosteniendo que determinadas operaciones habrían terminado dificultando el cobro.
La defensa sostiene exactamente lo contrario.
Para Fritch, las operaciones respondieron a la necesidad de enfrentar un proyecto inmobiliario afectado por una sucesión de acontecimientos económicos y financieros. Para Toesca, en cambio, existió un conjunto de movimientos que habría perjudicado directamente al acreedor.
La diferencia entre ambas versiones no es menor: constituye precisamente el corazón de la investigación penal.
La pregunta que deberá responder la justicia no es simplemente cuánto dinero se prestó o cuánto dinero permanece impago.
La pregunta esencial es qué ocurrió con las garantías que respaldaban ese dinero, quién tomó las decisiones posteriores y cuál fue la finalidad real de esas operaciones.
Mientras esas interrogantes permanezcan abiertas, el caso seguirá siendo una pieza relevante para comprender las dimensiones financieras, societarias y judiciales de la crisis de Sartor AGF.
Departamento de Investigación El Minuto
