Entre los años 2018 y 2021, diversos medios de prensa nacionales escritos y televisivos, dieron a conocer hechos y situaciones irregulares en torno a la figura del conocido Obispo Vitalicio y Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica de Chile, Eduardo Durán Castro, cuando desde el interior de la entidad religiosa, diversos miembros filtraran a la prensa una denuncia desformalizada, interpuesta hace siete años atrás, ante el entonces fiscal Carlos Gajardo Pinto, por el procurador Nicolás Retamales Vergara.
En la misiva y relato contenido en la carpeta investigativa RUC 1700973548-8, se denunciaba que entre los años 2006 y 2009 la entonces Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria le habría donado al Obispo Durán una suma de alrededor de dos mil quinientos millones de pesos; información que al denunciante le constaba porque, según su declaración efectuado ante el fiscal Gajardo, la habría obtenido de oídas del Obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Los Andes, Mario Salfate Chacana.
En base a la denuncia, ratificación de la misma y declaraciones efectuadas ante el Ministerio Público y ante la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se expone que el Obispo Eduardo Durán, con el dinero donado irregularmente por la Presidenta Bachelet, habría adquirido, primero en septiembre de 2006, una propiedad de varias hectáreas en la comuna de Isla de Maipo (a meses de haber asumido la Mandataria) y, después, en 2009 se habría hecho de una segunda propiedad tasada en casi 9 mil Unidades de Fomento.
Pese a que hasta la fecha, ninguno de los dos fiscales ha procedido a formalizar ni a la Ex Mandataria ni al Obispo Eduardo Durán, el pastor evangélico fue arbitrariamente expulsado y alejado irregularmente de su alta investidura, en Chillán Viejo el 09 de mayo de 2019, invocando causal de Inhabilidad Sobreviniente; declaración y causal que no se encuentra contemplada en los Estatutos Eclesiásticos ni en su Reglamento, por lo que -ante tal dificultad – los comparecientes, sin el conocimiento de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal (PRIMP) ni del Obispo Durán, decidieron llenar este vacío legal o laguna jurídica, invocando la Biblia, específicamente, la primera epístola del Apóstol Pablo a Timoteo.
Luego, con la presencia de un Notario Público que no estaba de turno y con la firma de Oficiales Diáconos que habían sido anteriormente destituidos, renunciados o que estaban de viaje en el Extranjero, se firmó un Acta repertoriada ante el notario Álvaro González Salinas, la tarde del día sábado primero de junio de 2019; documento que hoy está judicializado ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, en que la defensa del pastor evangélico está solicitando una acción de Nulidad de Derecho Público.
Por lo anterior, y dado que la investigación que conduce el Ministerio Público lleva siete años desformalizada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 96 del Código Penal y 186 del Código Procesal Penal, la defensa del Obispo Evangélico solicitó ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia para que, conocidos por el tribunal los hechos y antecedentes investigados por el fiscal jefe de Fiscalía de Las Condes Felipe Sepúlveda Araya, se discuta el Sobreseimiento Definitivo de la autoridad eclesiástica, argumentado en su favor y como documento fundante los Oficios emanados por Contraloría General de la República, con fechas 05 de enero y 22 de marzo de 2022, firmados por Henry Hantsch Salinas y Doris Roa Moraga, respectivamente. De negarse el fiscal Felipe Sepúlveda al sobreseimiento total y definitivo del Obispo Evangélico, entonces el Ministerio Público estará obligado a formalizar tanto al donante como al receptor de estos caudales públicos, fijando el tribunal un plazo para la investigación formal y oficiar a los órganos de la Administración pública; formalización e investigación que, de concretarse, podría truncar las aspiraciones de Michelle Bachelet por alcanzar, por tercera vez, el anhelado Sillón Presidencial.
El octavo Juzgado de Garantía, en base a los escritos, antecedentes y oficios de Contraloría General de la República, aportados por la defensa, fijó la audiencia para el próximo viernes 04 de octubre a las 9 horas, en el Edificio A, Sala 402, del Centro de Justicia.
