Argentina: emergencia económica un ajuste encubierto

En la campaña electoral, el actual presidente Alberto Fernández, prometió aumentos para jubilados y pensionados, empleado las llamadas LELIQ, herramienta financiera por el cual el Estado emitía de alguna manera dinero, con altas tasas de interés con sus beneficios para el sector bancario argentino.

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director Diario El Minuto para Argentina

En pocos días de asumir, el nuevo presidente envió al Congreso una polémica ley de emergencia, titulada de “Solidaridad y Reactivación productiva” que de manera velada impone un ajuste, nada menos que a uno de los sectores mas castigados: jubilados y pensionados del sector privado.

El gobierno de Alberto Fernández bajo el argumento de una severa crisis, lo que demanda medidas enérgicas para hacer frente al temporal, llevó a que se presentara un polémico proyecto de ley, ahora aprobado, la flamante Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

La norma en verdad es una delegación de facultades del Congreso al poder Ejecutivo – algo previsto por la Constitución Nacional – ante una situación de emergencia, cuyo significado es bastante flexible para la clase política argentina. El país ha vivido en emergencia desde hace décadas, con distintas leyes.

El kirchnerismo gobernó por muchos años con la vigencia de la ley de emergencia económica, a pesar que quienes defienden su gestión, la muestran como una suerte de “’época dorada”. El macrismo no tuvo tanta suerte, no controlaba las Cámaras, no quedó otra que negociar. No tuvo la oportunidad de tener facultades legislativas delegadas. Pero que dice la Constitución Argentina al respecto.

El artículo 76, prohíbe expresamente la delegación de atribuciones del Congreso al poder Ejecutivo, salvo en casos de emergencia y por un plazo determinado, sometiendo las normas dictadas al control de las cámaras, para mantener o rechazar su vigencia.

El artículo 99, inciso 3, establece que el poder ejecutivo puede dictar los célebres “decretos de necesidad y urgencia” en el marco de la delegación de facultades que establezca el Congreso, quedando fuera de dicha delegación, cuestiones de materia penal, tributaria, régimen de partidos políticos y electoral.

El contenido de la ley es un apretado repaso.

La Ley de emergencia en tiempos de la era “Fernández – Fernández” abarca los ámbitos energético, sanitario, fiscal, tributario, administrativo, económico y social. Los objetivos de la ley es generar estabilidad para que el país pueda afrontar la deuda, promover la reactivación económica, programas sociales, congelamiento de tarifas de servicios públicos, promover la recuperación de salarios, Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos.

Que como veremos este objetivo solo será conseguido por aquellos que forman parte de regímenes especiales, jueces, ex diplomáticos, ex altos funcionarios. Gente que tiene jubilaciones, que distan mucho de lo que le pagan a la mayoría, que aportaron más de 30 años de su vida.

La norma aprobada tiene muchos aspectos cuestionables, que van desde nuevos impuestos al sector más competitivo de la economía, el sector agroexportador, a las transacciones en dólares, compras en el exterior, como viajes al exterior, encontramos que el régimen de movilidad jubilatoria heredada en tiempos del macrismo (que cuando se debatió, la plaza frente al Congreso, quedó arrasada por los manifestantes), fue suspendido por 180 días, hasta que se creara un nuevo régimen.

En las preguntas formuladas por el popular periodista político Luis Majul al presidente Alberto Fernández, este señaló que el régimen de Macri, era imposible de pagar, por ende quedaba suspendida, no congelada.

Una suerte de juego de palabras, bastante poco felices por cierto. Dado que el presidente argumentó que los jubilados – con la prestación mínima – solo recibirían dos bonos de $ 5.000 en los meses subsiguientes, quedando a criterio del Ejecutivo, nuevos aumentos.

En otras palabras, las jubilaciones, no solo fueron congeladas, compensadas en parte de un bono otorgado a discreción del Ejecutivo, sino que serán rebajadas, de manera encubierta. Si la fórmula de Macri en el cálculo de ajustes de haberes previsionales (considerada un retroceso sobre la ley vigente antes de 2015), es impagable, entonces, con la nueva fórmula, se buscará que sea aceptable para el fisco federal.

Marañas de palabras, pero al fin de cuentas los jubilados salieron perdiendo una vez más. El malestar social llevó a que el Poder Ejecutivo enviara un proyecto, o este por enviarlo en los llamador regímenes privilegiados que son jueces, funcionarios del Estado, diplomáticos.

En el marco de la emergencia, se congelan tarifas de servicios públicos, luego de cuatro años de fuertes alzas, dado que el régimen de subsidios era insostenible en el tiempo. A ello se une la intervención de los entes reguladores de dichos servicios – organismos responsables de velar por la calidad y cumplimiento de las prestaciones de las empresas de servicios – sin más argumento, que estamos en emergencia.

Este congelamiento de tarifas, una medida de neto corte político, beneficia especialmente al Gran Buenos Aires, bastión electoral del actual oficialismo. El congelamiento de tarifas será una buena excusa de las empresas prestadoras de servicios de gas, electricidad y agua (esta es estatal) para reducir inversiones.

La crisis, la recesión, el alza de salarios, costos por inflación y tarifas públicas, ahogaron a millares de pequeñas y medianas empresas. Se estima que las deudas tributarias en Argentina alcanzan la cifra de US$ 5.000 millones.

En el marco de la ley de emergencia, se han establecido planes de facilidades para el pago de las pesadas deudas, otra costumbre bien argentina de las llamadas “moratorias” . También la ley prevé rebajas en lo llamados aportes patronales a la Seguridad Social. Hay que esperar la reglamentación de la ley para saber los alcances.

En lo referente al dólar, la ley fija un impuesto del 30% para atesoramiento – ahorro – límite para la compra de dólares hasta 200 de dicha moneda por mes. Se fija un impuesto del 30% para gastos de tarjetas en el exterior, por un plazo de cinco años (es posible que el impuesto quede hasta “el fin de los tiempos” como el impuesto al cheque que estuvo vigente más tiempo de lo esperado). Los detalles quedará en manos del decreto reglamentario.

Lo recaudado seré empleado en un 67% para el área de Seguridad Social, un 3% para un fondo solidario de competitividad agroindusitral y el resto, para obras públicas, vivienda y fomento del turismo local.

Las polémicas retenciones al sector agroexportador y en menor medida para minería y petróleo., que habían regresado con el macrismo. La ley fija una alícuota que no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33% y para trigo y maíz de 12% a 15%, un régimen de compensaciones para pequeños productores y cooperativas. Los productos agroindustriales y regionales una alícuota del 5% y en cuanto a bienes provenientes del sector petrolero y minero, se reduce el tope del 12 al 8%. La minería en Argentina además del alto grado de impacto ambiental, escasa mano de obra que emplea en comparación con otras actividades, no aporta casi valor agregado. Lamentablemente una vez más, no se adoptan medidas para promover una minería sustentable y que genere desarrollo.

Creemos que fijar alícuotas para el sector agroexportador es un error, debe estimularse la ampliación de los mercados y el volumen exportado, además de mayor valor agregado. Desde que existen las retenciones, solo ha servido para financiar a un Estado cada vez más pesado para el contribuyente y que presta servicios de mala calidad.

Entre 2002 a 2018, la Sociedad Rural Argentina hizo un estudio profundo de las transferencias de dinero que hizo el sector agroexportador al fisco, fue de unos US$ 93.000 millones.

La preguntas son muchas ¿Cuántos kilómetros de ferrocarriles se han reconstruido? ¿Puertos? ¿Vías navegables? ¿Infraestructura para el desarrollo? En estos años solo hemos visto crecer la plantilla de empleados públicos de la administración pública, corrupción y mal manejo de los recursos.

La ley prevé un paquete de impuestos. Se modifican mecanismos para cálculo por inflación de los balances de empresas, incremento de montos mínimos para el pago de impuestos internos de importación de vehículos, embarcaciones deportivas, duplicación de tasas estadísticas para importar bienes de consumo. Quedan fuera bonos, cajas de ahorros y plazos fijos en pesos que no pagarán renta financiera.

En materia de Bienes Personales, aumenta de manera progresiva, faculta a la agencia federal de impuestos, AFIP a intervenir en este proceso, régimen de reintegros a personas en calidad de consumidores finales y alícuotas para bienes en el exterior, se ven incrementadas.

La ley prevé a emitir letras denominadas en dólares, por US$ 4751 millones. La norma, para ser más exactos su artículo 57, no señala claramente el objetivo de esta emisión de deuda por parte del Ejecutivo.

La emergencia sanitaria incluye una serie de facultades al ministerio de salud de la Nación a realizar acciones destinadas a reasignar recursos, bajar costos de adquisición de medicamentos, implementar programas, obtener préstamos, etc.

Es creado un Consejo Nacional Consultivo de Salud, con el objetivo entre otras cosas evaluar el nivel de la situación económica de prestadores nacionales de salud, moratorias para instituciones que tengan deudas con el Estado, autorizando los planes pertinentes y la suspensión de ejecuciones de las obligaciones en dinero entre los prestadores y el Estado nacional.

La ley en su artículo 85 dice Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias. Una suerte de Carta blanca para llevar a cabo reformas del Estado.

Las crisis las pagan los mismos de siempre

La clase media es la gran perjudicada, especialmente si tomamos en cuenta los impuestos al dólar, el congelamiento de jubilaciones y el dejar fuera a todos beneficiarios que tengan beneficios de más de $ 14.000 pesos (para no ser pobre se precisa ganar $ 37.000). El sector agroexportador también son impuestos gravámenes.

La ley habla de “solidaridad” un eufemismo de un plan de ajuste de sectores medios y medios bajos. De alguna manera se busca compensar con el congelamiento de tarifas de servicios públicos por 180 días, pero es insuficiente con un país que tiene una inflación de más del 50%. Lo más irritante fue ver una clase política que no hizo concesión alguna, mas allá de algunos llamamientos de la oposición.

Jubilados de privilegio, con $ 230.000 de ingresos, no les afecta la suspensión de movilidad, pero si uno que gana $ 14.000 y le dan un bono por $ 5.000 que será devorado por la inflación.

En su momento, en plena campaña electoral, el actual presidente Fernández, prometió aumentar un 20% las jubilaciones y al respecto dijo “Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq (letras de liquidez del Banco Central) que la Argentina está pagando todos los días. Una vez más las palabras se las llevó el viento. Este ajuste ha sido recibido con silencio por los sindicatos y organizaciones sociales, que se opusieron con ferocidad a la reforma que planteó el ex presidente Macri en su momento. En otros países en crisis, generalmente el ajuste pasa por el Estado y no por el sector privado.

La clase política se niega a debatir sobre una reforma del Estado, que tanto nos cuesta mantener los argentinos, y para colmo, es un Estado que brinda servicios de mala calidad. Esto genera indignación entre la ciudadanía En el marco de “buenas noticias” el presidente Fernández, habilitó a las provincias a incrementar los impuestos propios, dejando de lado el pacto fiscal de 2017, que tenía como objetivo ir eliminado impuestos locales o por lo menos reducirlos. Medidas realmente contraproducentes para un sector privado afectado por largos años de falta de rumbos definidos y mala gestión económica.

Observamos con preocupación una dosis de improvisación en las medidas, de la falta de objetivos claros y una notoria incapacidad de la clase dirigente en su conjunto de hacer renunciamientos. El sector privado ha hecho muchos sacrificios, a costa del cierre de millares de empresas, desempleo, pobreza y altas tasas de endeudamiento.

El tema del dólar, algo muy espinoso para los argentinos, creemos que fomenta la fuga de capitales. Estamos de acuerdo con el presidente Alberto Fernández, que hay que reducir el alto nivel de dolarización de la economía (especialmente en materia de ahorro y negocios de compra venta de inmuebles), pero imponer tantas restricciones e impuestos al ahorro en dólares, puede generar efectos contraproducentes.

Es lamentable, que la ley de emergencia no toque el tema de los impuestos a las ganancias a jueces nacionales y federales, que se niegan a pagar bajo un fútil argumento, el régimen de jubilados de privilegio, el recorte del gasto político, la reforma del Estado. Se podría haber obtenido importantes recursos, evitando tocar a jubilados, al sector exportador, etc.

El presidente Fernández no tiene excusas ahora para lanzar reformas profundas, tiene amplias facultades, muchas de ellas de dudosa constitucionalidad, especialmente en materia tributaria y obtendrá dinero suficiente para poder ganar tiempo, implementar programas asistencialistas, no con recursos de ahorros que haga el Estado, sino por una suerte de solidaridad forzada, que se imponen a determinados sectores de la sociedad.

Mientras Argentina siga teniendo un gasto público cada vez más creciente, altos niveles de corrupción, y la clase política no tenga la capacidad para ajustarse el cinturón, la situación se irá deteriorando.