Diputado Ossandón alerta por crisis en morgues de Antofagasta y Calama y exige medidas urgentes
El parlamentario del Partido de la Gente presentó oficios fiscalizadores ante denuncias de retrasos en la inhumación de cuerpos, dificultades para realizar peritajes y problemas de infraestructura en el Servicio Médico Legal de ambas ciudades. Las gestiones buscan establecer medidas de coordinación y conocer las necesidades presupuestarias de los recintos.
Las condiciones operativas de las morgues del Servicio Médico Legal (SML) de Antofagasta y Calama quedaron bajo cuestionamiento luego de que el diputado Fabián Ossandón, del Partido de la Gente (PDG), presentara una serie de oficios fiscalizadores para solicitar antecedentes sobre eventuales deficiencias en ambos establecimientos.
El parlamentario informó que las gestiones surgieron tras una reunión con representantes del SML local, durante la cual se expusieron problemas de infraestructura, carencias de insumos y dificultades para gestionar la sepultación de personas fallecidas que permanecen sin identificar o cuyos cuerpos no han sido reclamados.
Los requerimientos fueron dirigidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Fiscalía Nacional, la Dirección Nacional del Servicio Médico Legal y la Municipalidad de Antofagasta.
El objetivo es establecer el alcance de las dificultades denunciadas, identificar sus causas y determinar las medidas necesarias para evitar un eventual deterioro de las condiciones operativas y sanitarias.
Demoras en sepultaciones generan preocupación en Antofagasta y Calama
Uno de los principales antecedentes expuestos por Ossandón corresponde a la permanencia prolongada de cuerpos en dependencias del SML, situación que atribuyó a los tiempos de respuesta necesarios para autorizar determinadas inhumaciones.
El diputado sostuvo que estas demoras estarían presionando la capacidad de funcionamiento de las morgues de Antofagasta y Calama.
El problema adquiere especial complejidad cuando se trata de personas fallecidas no identificadas o no reclamadas, debido a que pueden existir diligencias pendientes para establecer sus identidades o esclarecer las circunstancias de sus muertes.
En tales situaciones, las decisiones sobre la conservación y eventual sepultación de los cuerpos deben compatibilizar los requerimientos de las investigaciones con las condiciones sanitarias y el deber de mantener un trato digno.
Frente a ese escenario, el parlamentario solicitó mejorar la coordinación entre el Servicio Médico Legal, el Ministerio Público y los cementerios, de manera que los procedimientos puedan desarrollarse sin demoras administrativas injustificadas.
Sin embargo, las denuncias todavía requieren antecedentes institucionales que permitan precisar cuántos cuerpos permanecen en los recintos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias.
Laboratorio de Iquique: advierten dificultades en peritajes de ADN y toxicología
Las gestiones parlamentarias también consideran la capacidad para procesar muestras biológicas destinadas a investigaciones judiciales.
Según los antecedentes entregados por Ossandón, determinadas muestras de ADN y toxicología deben ser remitidas desde la Región de Antofagasta a un laboratorio ubicado en Iquique.
El diputado advirtió que esa dependencia presentaría una falta de insumos que podría retrasar el procesamiento de exámenes solicitados en causas judiciales.
Estos análisis pueden ser relevantes para la identificación de personas, la determinación de sustancias presentes en el organismo y el esclarecimiento de circunstancias asociadas a una muerte.
Por ello, las solicitudes de información buscan establecer el volumen de muestras pendientes, sus condiciones de almacenamiento y las alternativas disponibles para enfrentar eventuales problemas de abastecimiento.
Pendientes de confirmar
Con los antecedentes públicos disponibles, todavía no es posible establecer el número exacto de peritajes retrasados, los plazos promedio de respuesta ni si existe un plan de contingencia operativo.
La información que entreguen las instituciones involucradas será determinante para dimensionar el problema.
Infraestructura del SML y recursos para 2027
Las condiciones materiales de los establecimientos también forman parte de los cuestionamientos.
Ossandón señaló que existen necesidades relacionadas con infraestructura, terrenos y equipamiento, además de dificultades para asegurar la continuidad de determinadas operaciones.
Entre los antecedentes mencionados figura el eventual traslado de un generador eléctrico desde San Felipe, que, según el parlamentario, permanece pendiente.
La disponibilidad de energía de respaldo resulta especialmente relevante para instalaciones que requieren mantener equipos de refrigeración y otras condiciones técnicas de conservación.
El diputado solicitó al Ministerio de Justicia y al Servicio Médico Legal información sobre la ejecución presupuestaria y las inversiones proyectadas.
Estos antecedentes, afirmó, permitirían fundamentar solicitudes de financiamiento durante la discusión de la Ley de Presupuestos 2027.
Problemas denunciados con anterioridad
Las preocupaciones actuales se suman a antecedentes difundidos durante enero de 2026 sobre dificultades de infraestructura y conservación de cuerpos en la sede del SML de Antofagasta.
Aquellas denuncias incluyeron cuestionamientos sobre equipamiento y condiciones de trabajo.
La existencia de reportes anteriores hace necesario establecer qué medidas correctivas fueron adoptadas y cuáles continúan pendientes.
No obstante, las denuncias de distintos períodos no permiten concluir, sin información actualizada, que todas las deficiencias descritas permanezcan sin solución.
Cementerios municipales y trazabilidad de cuerpos no reclamados
Otra parte de los oficios fue dirigida a la Municipalidad de Antofagasta, con el propósito de conocer la disponibilidad efectiva de sepulturas para cuerpos cuya inhumación sea autorizada.
El parlamentario también solicitó establecer mecanismos de coordinación institucional que faciliten la gestión de estos procedimientos.
Uno de los aspectos centrales es la trazabilidad, es decir, la posibilidad de identificar y reconstruir documentalmente cada etapa relacionada con la recepción, conservación y posterior sepultación de un cuerpo.
Este registro adquiere especial importancia cuando una investigación judicial requiere realizar una exhumación posterior.
La exhumación consiste en extraer restos previamente sepultados, por ejemplo, para practicar nuevas diligencias periciales autorizadas por la autoridad competente.
Por ese motivo, resulta fundamental mantener información precisa sobre la identidad conocida o provisional del fallecido, el sitio de sepultación y los antecedentes administrativos y judiciales correspondientes.
Ossandón solicitó además que el municipio designe un representante para coordinarse con Fiscalía y el SML.
¿Qué dice la ley chilena sobre los plazos de inhumación?
El Reglamento General de Cementerios, contenido en el Decreto N.º 357 del Ministerio de Salud, establece disposiciones sobre el funcionamiento de los cementerios y los procedimientos de sepultación.
Su artículo 48 contempla como regla general que un cadáver no permanezca insepulto por más de 48 horas, pero establece excepciones expresas.
Entre ellas se encuentran las situaciones en que una autoridad competente dispone la conservación del cuerpo para realizar investigaciones, así como determinados supuestos vinculados con fines científicos o embalsamamiento autorizado.
Por lo tanto, la permanencia de un cuerpo durante un período superior al plazo general no demuestra automáticamente el incumplimiento de la normativa.
Para evaluar cada situación es necesario conocer las autorizaciones existentes, las diligencias pendientes y las condiciones de conservación.
Registros y futuras exhumaciones
El artículo 46 del mismo reglamento exige a los cementerios mantener registros, entre ellos uno de sepultaciones que identifique el lugar donde fue inhumado cada cadáver y otro relativo a exhumaciones y traslados.
Estas obligaciones documentales son relevantes para las solicitudes de trazabilidad planteadas por el parlamentario.
La aplicación concreta de las disposiciones dependerá de las circunstancias de cada caso y de las competencias de los organismos involucrados.
Oficios fiscalizadores buscan respuestas institucionales
Los requerimientos presentados por Ossandón buscan obtener antecedentes de los servicios públicos para establecer el alcance de los problemas denunciados.
Entre los asuntos que deberán aclararse figuran la capacidad disponible en las morgues, los tiempos de conservación de cuerpos, las condiciones de procesamiento de muestras biológicas, la ejecución presupuestaria y la disponibilidad de sepulturas municipales.
También será necesario conocer las medidas de contingencia que puedan corresponder a cada institución.
Los oficios constituyen solicitudes formales de información y fiscalización parlamentaria, pero no representan por sí solos una determinación de infracciones o responsabilidades.
Hasta el cierre de esta información, los antecedentes revisados no permiten establecer una respuesta oficial conjunta del SML, la Fiscalía y la Municipalidad de Antofagasta frente a todos los puntos expuestos.
Conclusión: la respuesta institucional será clave para esclarecer las denuncias
La situación denunciada en las morgues de Antofagasta y Calama plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta del sistema médico-legal, la coordinación entre organismos públicos y la disponibilidad de recursos para atender sus funciones.
El esclarecimiento de estas materias requiere datos actualizados, respuestas formales y una evaluación de las condiciones de funcionamiento de los establecimientos.
Más allá de las dificultades administrativas, los procedimientos de identificación, conservación y sepultación de personas fallecidas deben desarrollarse con respeto a la dignidad humana y a las necesidades de las investigaciones judiciales.
La prioridad será determinar cuáles de las deficiencias denunciadas están acreditadas, qué organismos deben intervenir y qué medidas pueden asegurar una atención médico-legal adecuada en la Región de Antofagasta.
