La desaprobación de José Antonio Kast llegó al 64 %, mientras Jorge Quiroz aparece como el ministro peor evaluado entre los integrantes más conocidos del gabinete. Las controversias sobre seguros bancarios, compensaciones fiscales a inversionistas, recortes sociales y antiguos vínculos profesionales del titular de Hacienda plantean una pregunta que el Gobierno debería responder con transparencia: ¿a quiénes están beneficiando sus decisiones económicas?
Por Oed Marcelo Bustamante Columna de opinión | El Minuto Internacional
El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una contradicción política que comienza a pasarle la cuenta: llegó a La Moneda prometiendo orden, eficiencia, autoridad y soluciones rápidas, pero hoy debe explicar por qué varias de sus promesas se enfrentan a obstáculos que parecieron subestimarse durante la campaña.
A esa dificultad se suma una cuestión todavía más sensible: mientras el Ejecutivo defiende ajustes al gasto público y responsabiliza a la administración anterior de los problemas fiscales, sus propuestas económicas han incluido mecanismos controvertidos que buscaban otorgar nuevas garantías a determinados inversionistas.
La última encuesta Agenda Criteria, publicada este domingo 25 de octubre, registró un 64 % de desaprobación al presidente Kast, el nivel más alto de rechazo de su administración en esa serie. Su aprobación descendió al 27 %.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aparece con apenas 28 % de evaluación positiva entre los integrantes del gabinete conocidos por al menos el 30 % de los encuestados.
Son cifras relevantes, aunque no explican por sí solas las causas del descontento. El sondeo, realizado a 802 personas mediante un panel online entre el 22 y 23 de octubre, tampoco permite atribuir el rechazo exclusivamente a la política económica.
Pero sí ofrece un punto de partida para una reflexión que considero necesaria: ¿estamos frente a un Gobierno que está cumpliendo las prioridades ofrecidas a los ciudadanos o ante una administración que todavía busca justificar sus decisiones mientras la confianza pública se deteriora?
¿Para quién trabaja Jorge Quiroz? La pregunta que Hacienda debe responder
La Constitución y las leyes establecen que un ministro ejerce una función pública. Su obligación es actuar conforme al interés general, no favorecer indebidamente a quienes tuvieron vínculos profesionales con él.
Por eso, cuando planteo la pregunta «¿para quién trabaja Jorge Quiroz?», no estoy afirmando que el ministro mantenga acuerdos secretos con empresas ni que haya cometido un delito en el ejercicio de su cargo.
Estoy planteando una interrogante política sobre las prioridades y consecuencias de las decisiones de Hacienda.
Quiroz posee una extensa trayectoria como consultor económico privado. Esa experiencia no lo inhabilita automáticamente para ejercer una función pública, pero sí exige transparencia y especial cuidado ante posibles conflictos de interés.
En febrero de 2026, una investigación de CIPER Chile examinó 15 registros documentales relativos a su actuación profesional en procedimientos vinculados con empresas sancionadas por colusión.
Los antecedentes abarcaron los mercados de pollos, farmacias, asfalto y transporte marítimo.
CIPER describió informes y declaraciones profesionales que defendían posiciones de compañías posteriormente sancionadas. En tres de esos cuatro casos, sus planteamientos fueron contrarios a las conclusiones que finalmente establecieron los tribunales.
Quiroz negó haber participado en el diseño o facilitación de esquemas de colusión y defendió sus actuaciones como parte del ejercicio profesional de un economista.
El dato esencial es que esos registros no acreditan que el actual ministro haya sido condenado por colusión. Confundir una asesoría profesional con una sentencia personal sería incorrecto.
Pero tampoco corresponde tratar la trayectoria anterior de una alta autoridad como un asunto irrelevante cuando sus decisiones actuales afectan a empresas, consumidores y contribuyentes.
La transparencia pública no se limita a declarar que existe buena intención. Requiere explicar cómo se previenen los conflictos de interés y cuáles son los fundamentos técnicos de las medidas que se adoptan.
Seguros bancarios: una medida que prometía competencia y terminó fuera del proyecto
Uno de los episodios recientes que merece una explicación es la retirada de la propuesta para licitar los seguros de desgravamen asociados a créditos de consumo.
Estos seguros permiten cubrir una deuda pendiente en determinadas circunstancias, como el fallecimiento del deudor. En el mercado financiero, su comercialización genera ingresos para aseguradoras y entidades que participan en la contratación de pólizas.
Durante la preparación de la reforma al mercado de capitales, se informó que Hacienda evaluaba establecer un mecanismo de licitación para estos seguros, siguiendo un esquema de competencia semejante al existente para determinadas coberturas hipotecarias.
La finalidad anunciada era generar condiciones que pudieran reducir costos para los usuarios.
Sin embargo, la obligación de licitarlos quedó finalmente fuera de la iniciativa.
El senador Iván Flores cuestionó públicamente esa decisión y preguntó qué influencia pudieron ejercer los bancos para que Hacienda retirara la propuesta.
La interrogante es legítima, pero debe mantenerse una distinción: la existencia de cuestionamientos parlamentarios no demuestra, por sí sola, que el ministro haya cedido a una presión indebida.
La discusión, además, no enfrentaba simplemente a consumidores contra bancos. La información periodística revela intereses contrapuestos entre actores del mercado financiero y asegurador, incluidos sectores que promovían la licitación.
Precisamente por eso, considero indispensable que Hacienda explique qué estudios justificaron retirar la medida, qué alternativas fueron evaluadas y cómo se estimó su efecto sobre los consumidores.
Porque si una propuesta es presentada inicialmente como una herramienta para aumentar la competencia, su posterior eliminación no debería quedar reducida a una explicación política insuficiente.
¿Quién ganó y quién perdió con la decisión?
Esta es la pregunta económica que considero más importante.
No basta con saber qué actores defendían o rechazaban la licitación. Hay que establecer si su incorporación habría permitido reducir efectivamente los costos, si podía encarecer otros componentes del crédito y qué grupos se beneficiaron de su exclusión.
Una respuesta seria requiere datos comparables y documentos que permitan evaluar las consecuencias.
La política económica no debería diseñarse a puertas cerradas ni justificarse únicamente con argumentos provenientes de los sectores interesados.
Compensaciones a inversionistas: cuando el Estado iba a asumir determinados riesgos
Una segunda controversia ofrece un contraste todavía más revelador.
En la llamada megarreforma económica, el Gobierno impulsó un mecanismo de restitución fiscal de gastos para titulares de proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental, conocida como RCA, fuera anulada posteriormente por los tribunales.
La propuesta buscaba entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas y reducir el riesgo de ejecutar proyectos cuyos permisos pudieran ser invalidados después de iniciadas las obras.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, el mecanismo contribuiría a incentivar inversiones, reactivar proyectos y generar condiciones favorables para el crecimiento.
Pero surgió una pregunta de enorme interés público: ¿por qué el Estado debía asumir determinados costos derivados de la anulación judicial de permisos ambientales otorgados a proyectos privados?
Durante su tramitación, sectores opositores cuestionaron que la medida pudiera trasladar riesgos empresariales a las finanzas públicas.
El diputado Jaime Bassa llegó a describirla críticamente como una especie de seguro frente a la ilegalidad de permisos.
No era un seguro convencional contratado mediante una póliza y tampoco significaba necesariamente que cualquier empresa recibiría una indemnización automática. Se trataba de un mecanismo legal propuesto para restituir gastos bajo condiciones específicas.
La diferencia importa, porque el análisis debe centrarse en el contenido efectivo de la norma y no solamente en las expresiones utilizadas durante la controversia.
El Tribunal Constitucional rechazó el mecanismo
En agosto de 2026, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la disposición que establecía la restitución fiscal a empresas por gastos asociados a proyectos cuyos permisos ambientales fueran anulados judicialmente.
Es decir, el mecanismo cuestionado no puede presentarse como una compensación actualmente vigente.
Quiroz reconoció que el Gobierno tendría que revisar alternativas y defendió la necesidad de acelerar decisiones relacionadas con la inversión.
Aun así, el episodio deja una discusión política abierta.
Si el Ejecutivo sostiene que existen limitaciones importantes de recursos fiscales, ¿cómo se justificaba incorporar una figura que podía generar obligaciones económicas para el Estado en beneficio de titulares privados?
Hacienda argumentó que se buscaba proteger la confianza legítima de quienes invierten después de obtener una autorización administrativa.
Es un fundamento que merece ser examinado. Los inversionistas también necesitan reglas claras y estabilidad para desarrollar proyectos.
Pero la misma exigencia de certeza debería preocupar al Gobierno cuando se trata de familias que dependen de programas sociales, trabajadores que buscan capacitación o personas que esperan prestaciones públicas.
La certeza jurídica no puede transformarse en una preocupación exclusiva por el capital privado. También debe existir una preocupación equivalente por la seguridad social y los derechos de los ciudadanos.
La paradoja de los seguros: competencia retirada y riesgos privados que iban a cubrirse con dinero público
Los dos episodios anteriores son distintos y no deben confundirse.
La licitación de seguros de desgravamen buscaba modificar la forma de contratar determinadas coberturas asociadas a créditos de consumo.
La restitución fiscal para proyectos con permisos ambientales anulados, en cambio, era una propuesta de compensación de gastos vinculada a la seguridad jurídica de las inversiones.
No respondían al mismo objetivo ni operaban mediante los mismos instrumentos.
Sin embargo, considero que su comparación plantea una cuestión política significativa.
Una medida de competencia que podía modificar los ingresos de actores financieros quedó fuera de una reforma, mientras otra propuesta buscó entregar protección fiscal frente a determinados riesgos de inversión.
Eso no prueba favoritismo ni corrupción. Pero sí justifica solicitar explicaciones sobre cómo el Ministerio de Hacienda pondera los beneficios para consumidores, contribuyentes e inversionistas.
El Gobierno debería publicar evaluaciones que permitan comprender qué criterios se utilizan cuando una medida se retira y otra se defiende activamente.
Porque el interés público no se demuestra solamente en los discursos: también debe reflejarse en el diseño de las políticas y en sus efectos.
El argumento de las arcas vacías: la herencia de Boric no puede explicarlo todo
Frente a los cuestionamientos presupuestarios, el Gobierno ha insistido en la necesidad de ordenar las finanzas públicas y afrontar los desequilibrios fiscales heredados de la administración del expresidente Gabriel Boric.
La situación fiscal constituye una discusión real, que debe abordarse con informes oficiales y datos verificables.
Los gobiernos reciben obligaciones y restricciones que pueden condicionar su margen de acción. Ignorar esa continuidad administrativa sería un error.
Pero también sería un error convertir al Gobierno anterior en una explicación permanente para cada decisión adoptada por el actual Ejecutivo.
Boric debe responder por los resultados de su administración. Kast y Quiroz deben responder por las decisiones presupuestarias que hoy impulsan.
La responsabilidad política no se transfiere indefinidamente hacia el pasado.
Si Hacienda considera indispensable reducir gastos, debe explicar por qué el ajuste recae sobre determinadas partidas, qué beneficios económicos espera obtener y cuáles serán los costos sociales asociados.
El argumento de la austeridad debe ser sometido al mismo escrutinio que cualquier otra política pública.
Los recortes sociales y la pregunta sobre quién paga el ajuste
El proyecto de Presupuestos 2027 ha generado cuestionamientos por reducciones en programas públicos.
Un análisis de la Fundación Horizonte Ciudadano, difundido en octubre, identificó recortes superiores a $325 mil millones en 48 programas sociales.
Las cifras corresponden a una revisión específica del proyecto presupuestario y deben interpretarse considerando los montos iniciales, las modificaciones propuestas y la continuidad o sustitución de cada iniciativa.
El Gobierno ha defendido la contención del gasto y la reasignación de recursos como mecanismos necesarios para avanzar hacia una trayectoria fiscal sostenible.
Es una posición que debe ser escuchada y evaluada.
Sin embargo, considero legítimo cuestionar que los ciudadanos más dependientes de apoyos estatales puedan enfrentar dificultades adicionales precisamente cuando se invoca la necesidad de ordenar las cuentas públicas.
Un programa puede ser imperfecto y necesitar mejoras. Pero su reducción exige demostrar que existe una alternativa capaz de atender a las personas afectadas.
No basta con informar cuánto se ahorra. También hay que informar quién deja de recibir una prestación, una oportunidad de capacitación o una ayuda concreta.
El ajuste fiscal debería evaluarse tanto por sus resultados presupuestarios como por sus consecuencias sociales.
Promesas migratorias, seguridad y la dificultad de transformar discursos en resultados
El desgaste del Gobierno también debe observarse a la luz de sus compromisos electorales.
Durante la campaña, la administración que hoy encabeza Kast planteó objetivos ambiciosos respecto del control fronterizo, la migración irregular y la recuperación de la seguridad.
Una vez en el Gobierno, esas metas comenzaron a enfrentar restricciones diplomáticas, legales y presupuestarias.
El propio Servicio Nacional de Migraciones ha reconocido dificultades para materializar expulsiones hacia Venezuela y limitaciones administrativas para ejecutar determinadas medidas.
Es evidente que ningún Gobierno puede resolver unilateralmente cuestiones que requieren cooperación internacional o decisiones del Congreso.
Pero esa realidad debió formar parte de una explicación responsable desde la campaña.
Cuando una promesa se presenta como una solución casi inmediata y después surgen dificultades previsibles, es razonable cuestionar la planificación política que sustentó el anuncio.
La improvisación no consiste necesariamente en enfrentar obstáculos. Puede comenzar mucho antes, cuando se promete sin explicar los obstáculos que deberán superarse.
AFP, ahorros previsionales y responsabilidad política
Las rentabilidades de los fondos previsionales constituyen otra preocupación ciudadana.
Durante 2026 se han registrado diferencias entre los resultados de los multifondos, con períodos positivos para algunos y negativos para otros.
Es necesario precisar que las variaciones de los fondos AFP dependen de los instrumentos financieros, los mercados y los riesgos asociados a cada cartera.
No existe fundamento para atribuir automáticamente sus pérdidas al ministro Quiroz o a una decisión específica del Gobierno.
Pero la ciudadanía sí tiene derecho a exigir información transparente sobre la administración de sus ahorros y las medidas de supervisión adoptadas por las instituciones competentes.
La discusión previsional debería evitar los eslóganes y concentrarse en datos verificables, protección de los afiliados y responsabilidades institucionales.
La austeridad también debería mirar los beneficios del poder político
Si el país necesita racionalizar sus recursos, el debate debería incluir los costos de funcionamiento de la estructura política.
Las remuneraciones, asignaciones, gastos institucionales y beneficios de altas autoridades deben responder a criterios de necesidad, transparencia y rendición de cuentas.
Eso incluye revisar las reglas aplicables al Congreso, a otras autoridades y a los beneficios establecidos para expresidentes.
Naturalmente, no todo gasto parlamentario es un privilegio ni toda asignación constituye una remuneración personal. Pero esa distinción no impide exigir evaluaciones sobre su justificación y eficiencia.
Considero que la austeridad pierde credibilidad cuando se presenta como un sacrificio que deben asumir determinados ciudadanos mientras los gastos del poder político quedan fuera de la misma discusión.
Un Gobierno que defiende una revisión profunda del gasto público podría impulsar también una evaluación transparente de esos costos.
No se trata de enfrentar a la ciudadanía con sus representantes, sino de establecer criterios uniformes para el uso de recursos públicos.
Autoridad, democracia y los límites del poder
El discurso del Gobierno ha otorgado especial importancia al orden, la seguridad y el ejercicio de la autoridad.
Un Estado democrático necesita capacidad para hacer cumplir la ley. Esa es una función legítima e indispensable.
Pero la autoridad también tiene límites.
El Congreso, los tribunales, la Contraloría, los organismos autónomos y la prensa cumplen funciones distintas de control y fiscalización que deben ser respetadas.
No toda diferencia política constituye una amenaza a la gobernabilidad y tampoco cada cuestionamiento parlamentario debe ser interpretado como un intento de impedir el funcionamiento del Ejecutivo.
Desde mi perspectiva, cualquier tendencia a desestimar esos controles merece vigilancia ciudadana.
La autoridad democrática se fortalece cuando explica y fundamenta sus decisiones, no cuando pretende sustituir el debate por la fuerza del discurso.
Quiroz y su antecedente judicial: transparencia sin convertir el pasado en una acusación permanente
A la discusión sobre sus asesorías profesionales se suma un antecedente personal que trascendió públicamente en noviembre de 2025.
Jorge Quiroz reconoció entonces una condena anterior relacionada con conducción en estado de ebriedad, por hechos de 2014.
La existencia de ese episodio es un antecedente público, pero no constituye prueba de irregularidades en sus decisiones como ministro ni de una conducta ilícita actual.
El episodio tampoco debe confundirse con las investigaciones sobre colusión que afectaron a empresas para las cuales prestó servicios profesionales.
Lo relevante para el ejercicio de Hacienda es que las decisiones actuales del ministro puedan examinarse mediante fundamentos técnicos, registros públicos, normas de probidad y mecanismos efectivos de prevención de conflictos de interés.
El escrutinio debe ser exigente, pero también preciso.
El 64 % de rechazo y una advertencia política para La Moneda
La encuesta Agenda Criteria no solo registró un deterioro de la evaluación del presidente.
También informó que el 73 % de las personas consultadas expresó poca o ninguna confianza en que el Gobierno pueda corregir el rumbo del país durante 2027.
Este porcentaje no demuestra que exista una única causa del descontento, ni autoriza a concluir que todas esas personas comparten las críticas planteadas en esta columna.
Sin embargo, evidencia un problema importante de percepción pública.
La confianza en una administración no depende únicamente de sus anuncios. También se relaciona con la capacidad de cumplir compromisos, comunicar medidas, reconocer errores y mostrar resultados.
Cuando los ciudadanos perciben una distancia entre las prioridades que se anuncian y las decisiones que se adoptan, aparece una exigencia de explicaciones.
Y esa exigencia debe ser respondida con información, no solamente con confrontación política.
Conclusión: la pregunta que Hacienda no puede eludir
El Gobierno de José Antonio Kast tiene derecho a impulsar su programa económico, defender la inversión y proponer medidas de consolidación fiscal.
También debe rendir cuentas por sus promesas, explicar los costos de sus ajustes y fundamentar cada decisión que afecte a trabajadores, consumidores, pensionados y beneficiarios de programas sociales.
En el caso de Jorge Quiroz, su experiencia profesional en empresas posteriormente sancionadas por colusión no demuestra que hoy esté actuando ilícitamente para favorecerlas.
Tampoco la retirada de una licitación de seguros acredita por sí sola presiones indebidas de la banca.
Pero las controversias examinadas sí dejan preguntas legítimas sobre los criterios económicos y políticos del Ministerio de Hacienda.
¿Por qué se retiró una medida que podía introducir mayor competencia en determinados seguros?
¿Por qué el Gobierno defendió una propuesta de restitución fiscal para inversionistas que finalmente fue declarada inconstitucional?
¿Cómo se compatibilizan esas prioridades con las restricciones fiscales invocadas para justificar ajustes sociales?
¿Qué mecanismos permiten garantizar que los antecedentes profesionales del ministro no generen conflictos de interés en sus decisiones actuales?
Y, sobre todo, ¿cómo se demuestra que las prioridades de Hacienda responden al interés general y no a la influencia desproporcionada de determinados sectores económicos?
Estas preguntas no constituyen acusaciones de delito. Son exigencias de transparencia que corresponden a cualquier autoridad democrática.
La responsabilidad fiscal importa. La inversión importa. La estabilidad económica importa. Pero los ciudadanos también importan.
Mi preocupación es que el Gobierno termine confundiendo capacidad de ajuste con capacidad de gobernar, y eficiencia presupuestaria con bienestar colectivo.
Chile necesita decisiones económicas responsables, instituciones respetadas y políticas públicas cuyos costos y beneficios puedan conocerse y discutirse abiertamente.
El verdadero examen de un ministro de Hacienda no consiste únicamente en cuánto consigue ahorrar o cuántos inversionistas logra atraer. Consiste también en demostrar, con resultados y transparencia, que sus decisiones responden al interés de todo el país.
