Kast admite responsabilidad del Gobierno ante crisis por rebajas de condena
El presidente José Antonio Kast reconoció este lunes 26 de octubre un error de su administración por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de una controversia que ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos.
Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario afirmó que el Estado les falló a las víctimas y aseguró que corresponde al Gobierno asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas.
La declaración se produjo después de reuniones con autoridades del Ejecutivo y representantes del Congreso, destinadas a examinar alternativas legales para enfrentar la situación.
El origen inmediato de la polémica está en 56 decretos de reducción de condena concedidos durante la actual administración: 27 correspondieron a personas sentenciadas por abuso sexual de menores y 29 por violación.
Kast mantiene a Fernando Rabat y le encarga corregir las decisiones
Pese a las presiones políticas, Kast descartó solicitar la salida de Fernando Rabat del Ministerio de Justicia.
El Presidente sostuvo que un cambio de autoridades no resolvería necesariamente las dificultades jurídicas que permitieron conceder los beneficios cuestionados.
Por ello, confirmó que el secretario de Estado continuará en funciones, con el mandato de esclarecer lo ocurrido, encabezar las soluciones y evitar que se repitan situaciones similares.
La determinación representa un respaldo político al ministro, aunque también lo mantiene como principal responsable de implementar las medidas anunciadas.
Durante los días anteriores, Rabat había defendido las rebajas argumentando que su cartera aplicó criterios establecidos en fallos de la Corte Suprema. Esa explicación generó controversia porque los decretos fueron adoptados administrativamente y no como consecuencia de órdenes judiciales individuales en los 56 casos.
Gobierno suspende nuevas tramitaciones y revisará los decretos
Entre las medidas anunciadas, el Presidente confirmó la suspensión de nuevas tramitaciones de rebajas de condena para sentenciados por delitos sexuales contra menores.
Asimismo, instruyó examinar los decretos ya otorgados para determinar si existen herramientas legales y administrativas que permitan dejarlos sin efecto.
La revisión deberá considerar los procedimientos establecidos por la legislación chilena, las facultades del Ministerio de Justicia y las posibles controversias ante tribunales.
La revisión administrativa no implica que los beneficios hayan quedado automáticamente anulados. Su eventual revocación deberá contar con fundamentos jurídicos suficientes y respetar las garantías aplicables.
El Ejecutivo también anunció que recogerá iniciativas parlamentarias existentes y promoverá un proyecto de ley para impedir futuras reducciones de condena por violación o abuso sexual contra menores.
El debate jurídico detrás de las rebajas de condena
La controversia tiene relación con la aplicación de la Ley N.º 21.421, promulgada en 2022, que incorporó restricciones para el acceso a beneficios de reducción de condena en determinados delitos sexuales contra menores.
El Ministerio de Justicia ha sostenido que esas restricciones no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de quienes cometieron los delitos antes de la reforma.
No obstante, la interpretación ha sido objeto de debate judicial. Distintos fallos de la Corte Suprema han respaldado tanto el otorgamiento como el rechazo de beneficios, dependiendo de las circunstancias y los fundamentos jurídicos de cada caso.
Una investigación de BioBioChile identificó decisiones judiciales que mantuvieron la exclusión de condenados por delitos sexuales contra menores, cuestionando que exista una interpretación única y obligatoria favorable a las rebajas.
La discusión jurídica no se limita a la existencia de los beneficios, sino que también comprende quién tiene la facultad de concederlos, qué normativa corresponde aplicar y qué participación tienen las víctimas.
Congreso podría impulsar nuevas restricciones legales
El Gobierno anunció que buscará acelerar la tramitación de iniciativas legislativas destinadas a impedir que las personas condenadas por abuso sexual o violación de menores accedan a estas reducciones de pena.
Las propuestas también abren un debate sobre la intervención de las víctimas en los procedimientos, el control judicial de las decisiones administrativas y los límites constitucionales de las modificaciones legales.
Paralelamente, la continuidad de Rabat no pone término a los cuestionamientos políticos. Parlamentarios de oposición han evaluado mecanismos de fiscalización, incluida una eventual acusación constitucional.
Hasta ahora, no corresponde presentar esa posibilidad como una acusación formalmente aprobada o una destitución en curso.
Conclusión: reconocimiento político y una crisis todavía abierta
El reconocimiento del presidente José Antonio Kast marca un cambio en la respuesta del Ejecutivo frente a las rebajas de condena. Mientras el Ministerio de Justicia había defendido inicialmente la legalidad de sus actuaciones, el mandatario reconoció que las decisiones tuvieron consecuencias graves para las víctimas y comprometió medidas correctivas.
Sin embargo, el respaldo a Fernando Rabat no resuelve por sí mismo las interrogantes jurídicas y políticas del caso.
La eficacia de las medidas anunciadas dependerá de la revisión de los decretos, la viabilidad de las reformas legales y la capacidad institucional para garantizar que los derechos de las víctimas sean debidamente considerados.
La controversia también abre una discusión de fondo sobre los controles que deben existir cuando el Estado adopta decisiones que modifican el cumplimiento efectivo de condenas por delitos especialmente graves.
