Vecinos denuncian riesgo de nuevos cobros TAG en San Antonio y senadora Cariola pide explicaciones
Bajada: La senadora Karol Cariola solicitó al Ministerio de Obras Públicas antecedentes sobre los nuevos pórticos TAG proyectados en la Ruta 78. Vecinos de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas advierten posibles efectos económicos sobre sus desplazamientos cotidianos.
Oficio de Karol Cariola lleva al MOP la preocupación por los pórticos TAG
La instalación proyectada de nuevos pórticos de telepeaje en la Ruta 78, en San Antonio, sumó un nuevo antecedente institucional tras un oficio enviado el 13 de octubre de 2026 por la senadora Karol Cariola Oliva al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El documento, al que tuvo acceso El Minuto Internacional, solicita antecedentes sobre las condiciones de funcionamiento del sistema TAG y sus eventuales efectos económicos y territoriales sobre los residentes de la provincia de San Antonio.
El requerimiento fue dirigido a Louis de Grange, del Ministerio de Obras Públicas, y a Patricia Terán Pino, de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Valparaíso.
La solicitud parlamentaria recoge inquietudes expresadas por organizaciones vecinales y comunidades que temen enfrentar nuevos cobros para desplazarse hacia establecimientos educacionales, centros de salud, lugares de trabajo y sectores residenciales.
La controversia se desarrolla en el contexto del proyecto “Ruta 78, Fase 1: Acceso Sur a San Antonio”, actualmente sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Las cinco respuestas que Karol Cariola solicita al Ministerio de Obras Públicas
El oficio parlamentario plantea cinco materias que requieren aclaración por parte de las autoridades.
Fundamentos técnicos y contractuales: informar los antecedentes que justifican la instalación de los pórticos, su ubicación, las fechas previstas para su funcionamiento y las tarifas aplicables.
Cobros a los residentes: precisar si los habitantes de San Antonio y otras localidades deberán efectuar pagos adicionales por desplazamientos habituales hacia sus viviendas, trabajos, establecimientos educacionales y servicios.
Tarifas diferenciadas y exenciones: señalar si se han evaluado descuentos, medidas de mitigación o mecanismos especiales que permitan reducir los posibles costos para los residentes.
Impactos económicos y territoriales: entregar estudios sobre los efectos del proyecto en la movilidad local, los accesos residenciales y la actividad económica y logística de la provincia.
Participación de las comunidades: informar si se han desarrollado reuniones y mecanismos de coordinación con municipios, organizaciones vecinales y otros actores del territorio.
El documento constituye una solicitud formal de antecedentes. Su presentación no significa, por sí sola, que se haya acreditado una infracción o que los nuevos pórticos ya estén efectuando cobros.
El oficio parlamentario y los documentos que respaldan la investigación
El Minuto Internacional pone a disposición de sus lectores los extractos más relevantes del oficio del 13 de octubre de 2026, junto con las dos páginas originales de la presentación dirigida al Ministerio de Obras Públicas.
La documentación permite conocer directamente las materias sobre las cuales la parlamentaria solicita explicaciones, especialmente respecto de tarifas, eventuales medidas de mitigación y efectos sobre los desplazamientos de los habitantes de San Antonio.
Vecinos de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas advierten posibles efectos económicos
Para los habitantes de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas, trasladarse hacia San Antonio forma parte de sus necesidades cotidianas.
Los recorridos permiten acceder a establecimientos de salud, escuelas, supermercados, servicios públicos y lugares de trabajo.
Sin embargo, los antecedentes entregados a El Minuto Internacional advierten que la instalación de nuevos puntos de cobro podría incrementar los costos de movilidad de quienes utilizan la carretera para desplazamientos locales.
Los residentes cuestionan que un sistema de telepeaje vinculado con la circulación regional y portuaria pueda generar obligaciones económicas adicionales para familias que necesitan transitar dentro de su propio territorio.
En las observaciones vecinales, esta preocupación ha sido descrita como un eventual “impuesto a la movilidad local”.
La expresión corresponde a una crítica de los residentes y no a una clasificación jurídica. Los cobros establecidos en una concesión vial no constituyen automáticamente un impuesto.
¿Cuánto podría pagar una familia por utilizar la Ruta 78?
Hasta ahora, los antecedentes disponibles no permiten establecer un monto definitivo de pago diario o mensual para los residentes de las localidades involucradas.
El eventual costo dependerá de la ubicación de los pórticos, las tarifas aplicables, la frecuencia de los viajes y la existencia de descuentos o exenciones.
Para una familia que utiliza la ruta diariamente, incluso una tarifa reducida podría representar un gasto acumulado relevante.
Por ello, uno de los principales cuestionamientos vecinales apunta a conocer si se ha evaluado el impacto económico de los futuros cobros sobre hogares de menores ingresos, adultos mayores, trabajadores y personas que requieren atención médica periódica.
Municipio y trabajadores portuarios también cuestionan los pórticos
La preocupación por los nuevos puntos de cobro no se limita a los habitantes de sectores rurales.
El 30 de septiembre de 2026, la Municipalidad de San Antonio manifestó públicamente su oposición a cuatro pórticos proyectados entre las rotondas Luis Reuss y Pablo Neruda.
La autoridad comunal expresó inquietudes por los eventuales costos para los usuarios y por el posible desplazamiento de vehículos hacia calles alternativas, lo que podría afectar la circulación urbana.
Organizaciones de trabajadores portuarios también han manifestado cuestionamientos.
La Confederación Unión Portuaria Bahía de San Antonio se declaró en estado de alerta frente a la instalación de pórticos de telepeaje, según antecedentes difundidos por la prensa local.
Estas preocupaciones reflejan la importancia de analizar cómo se distribuirán los efectos de una infraestructura destinada a mejorar la conectividad y el transporte de carga hacia los terminales portuarios.
Ruta 78: las obras proyectadas y su evaluación ambiental
El proyecto “Ruta 78, Fase 1: Acceso Sur a San Antonio” busca ampliar la capacidad de la carretera y mejorar los accesos a la ciudad y al sector portuario.
Según los antecedentes publicados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la iniciativa contempla terceras pistas en determinados tramos, intervenciones en enlaces y rotondas, obras de seguridad vial y nuevos pórticos de peaje.
La ficha pública del proyecto considera el inicio estimado de las obras durante el segundo semestre de 2028 y una fase operacional proyectada desde el segundo semestre de 2031.
Estas fechas corresponden a la planificación presentada para la evaluación ambiental y no deben interpretarse como una confirmación definitiva de la entrada en funcionamiento de cada punto de cobro.
El proceso de evaluación también contempla antecedentes relacionados con el medio humano, la conectividad, las obras de infraestructura y los posibles efectos sobre el territorio.
Caleteras y caminos alternativos: otra preocupación vecinal
Los residentes han planteado la necesidad de evaluar vías alternativas que permitan mantener los desplazamientos locales sin depender exclusivamente de sectores sometidos a cobro.
Entre las propuestas se encuentra examinar la factibilidad de caleteras y caminos que faciliten la conexión de comunidades rurales con servicios esenciales.
La preocupación también tiene una dimensión de seguridad vial, especialmente para el transporte escolar, los vehículos agrícolas y quienes deben compartir infraestructura con el tránsito de camiones.
No obstante, la legislación no establece que toda autopista concesionada deba contar necesariamente con una caletera gratuita paralela.
Lo relevante es determinar cuáles son las alternativas disponibles, si permiten mantener una conectividad adecuada y qué medidas corresponden frente a los impactos que efectivamente se acrediten.
¿Qué derechos tienen los vecinos durante la evaluación ambiental?
La Ley N.º 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, contempla mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental.
Por su parte, el artículo 7 del Reglamento del SEIA considera circunstancias relacionadas con posibles alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.
Entre ellas pueden encontrarse restricciones a la circulación, aumentos relevantes de los tiempos de desplazamiento y dificultades en el acceso a servicios e infraestructura básica.
En consecuencia, los residentes pueden presentar antecedentes concretos sobre cómo el proyecto podría modificar sus desplazamientos habituales.
Estas observaciones deben formularse dentro del procedimiento correspondiente y conforme a los plazos establecidos.
El Servicio de Evaluación Ambiental informa que el plazo para presentar observaciones ciudadanas al proyecto finaliza el 27 de octubre de 2026.
Los interesados pueden consultar el expediente y los mecanismos de participación a través del portal oficial del organismo.
Una observación ciudadana no determina automáticamente el rechazo del proyecto, pero permite incorporar formalmente antecedentes y solicitar que los posibles impactos sean evaluados y respondidos de manera fundada.
Las preguntas que siguen pendientes
La documentación vecinal y el oficio parlamentario permiten identificar interrogantes que requieren respuestas precisas.
¿Cuál será la ubicación definitiva de los pórticos y qué tarifas se aplicarán?
¿Deberán los habitantes de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas pagar para realizar desplazamientos cotidianos?
¿Se establecerán descuentos, exenciones o condiciones especiales para residentes?
¿Qué alternativas de circulación tendrán las personas que necesiten trasladarse hacia centros asistenciales, establecimientos educacionales y lugares de trabajo?
¿Se han evaluado suficientemente los posibles efectos económicos y sociales sobre las comunidades?
La respuesta a estas preguntas permitirá conocer con mayor precisión las condiciones en que podría implementarse el sistema de cobro.
Conclusión: la modernización vial también debe considerar a las comunidades
La ampliación de la Ruta 78 representa una intervención de importancia estratégica para San Antonio y su actividad portuaria.
Sin embargo, la modernización de una infraestructura de transporte también exige examinar las consecuencias que puede generar sobre quienes viven en los territorios donde se ejecutan las obras.
El oficio de la senadora Karol Cariola refuerza la necesidad de contar con información clara sobre tarifas, conectividad, medidas de mitigación y mecanismos de participación.
Por ahora, los antecedentes disponibles no permiten concluir que exista una vulneración legal acreditada ni establecer el costo definitivo que enfrentarían los residentes.
La principal interrogante continúa abierta: cómo compatibilizar el desarrollo de una carretera estratégica para el comercio y la actividad portuaria con las necesidades de movilidad cotidiana de los habitantes de San Antonio.
La respuesta del Ministerio de Obras Públicas y los resultados del proceso de evaluación ambiental serán determinantes para esclarecer las condiciones del proyecto y las medidas que correspondan.
