Perú y el Sueño de la Seguridad Ciudadana

El Minuto | En el país de la gastronomía el término “seguridad ciudadana” se oye como un mito urbano para sus 34 millones de habitantes. Desde 1980, año del retorno democrático, se constitucionalizó el establecimiento de condiciones para garantizar la paz social y el legítimo desarrollo integral de cada persona, pero la delincuencia común y la criminalidad configuran la problemática número uno en la realidad nacional. ¿Qué pasa en el país que se avizora como el de mayor crecimiento económico a partir del 2024 en la región? Una mirada intrínseca explica mejor su estado ante América Latina y el mundo.

Escribe: Gary Ayala, Director de El Minuto en Perú

El desarrollo como delirio y esperanza

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se anunciaba en el último cuatrimestre del 2023 que Perú lideraría el crecimiento económico en la región latinoamericana entre el 2024 y el 2027 con una expansión de 3,1% del PBI (superior a Colombia, 2,9%; a Chile, 2,2%; y México, 1,8%). Se avizoró un cierre de brechas en infraestructura y capital humano, se advirtió superar al fenómeno El Niño y la conflictividad social y se destacó el efecto de la demanda interna impulsada por el gasto privado y menores presiones inflacionarias.

Se proyectó la bonanza económica con proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; el Puerto de Chancay (que ha interesado al presidente de China, Xi Jinping, y que ha preocupado a los vecinos de Sudamérica); la mejora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; el Muelle Sur del Callao; el Proyecto Majes-Siguas II; el Puerto Salaverry; y la Línea de Transmisión Piura-Nueva Frontera, proyectos que implican más de US$ 11,000 millones con otros US$ 7,000 millones provenientes de proyectos mineros (Inmaculada, Extensión Antamina, Zafranal, Coroccohauyco y otros), aparte de más fortalezas macrofiscales.

Según el MEF, la gestión responsable de las cuentas fiscales ha permitido al Perú implementar grandes medidas para lograr la recuperación económica y atender las emergencias climáticas por un monto de alrededor de S/ 17,000 millones (“Con Punche I”, “Con Punche Emergencia”, y “Con Punche II”). Pero, sobre seguridad ciudadana, en febrero del 2024, el panorama nacional es diferente, existe un temor general.

Seguridad, un anhelo de muchas generaciones

El Artículo 277 (modificado el 07.12.1988) de la Constitución de 1979 con la cual Perú retornó al sistema democrático decía que la policía garantizaba el orden interno y la seguridad, protegía a las personas y combatía a la delincuencia. El Artículo 166 de la Constitución de 1993 enfatizó la defensa del orden interno de parte de la Policía Nacional, la seguridad del patrimonio público y privado, el combate a la delincuencia y la vigilancia de las fronteras.

Trece presidentes han gobernado desde los 80’. Algunos gestionaron durante periodos de violencia terrorista: Fernando Belaúnde (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000); otros disfrutaron mejor de la exportación de comodities (minerales): Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y, otros, vivieron más la crisis política vigente: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022).

Aunque la seguridad ciudadana fue considerada política de Estado y objetivo estratégico, en todo este lapso, no tuvo la atención nivel Nayib Bukele, presidente de origen palestino de El Salvador, reelecto ahora con más del 85% del apoyo electoral ante su exitosa lucha contra el crimen y terrorismo urbano, quien en su polémica gestión, ganó al Congreso, colocó nuevos jueces en la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cambió al Fiscal General, se apoyó en las Fuerzas Armadas, empatizó un discurso con el sector privado libre de extorsiones, y construyó una megacárcel con capacidad para 40 mil presos.

Oportunidad

Al iniciar su gestión la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, el país presentaba una situación de alta conflictividad social con protestas alineadas -entre otras razones- con la defensa del ex presidente, Pedro Castillo, detenido por encender un golpe de Estado (judicializado hasta hoy). Grupos con ánimos políticos se movilizaron en la ciudad de Lima y en el sur peruano: Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Arequipa; también en La Libertad y Junín.

Periodísticamente se comunicó que hubo 54 muertes, luego 58, hasta 70. La consigna “Toma de Lima” fue el ariete propagandístico de protesta. La jaloneada de cabello a la presidenta en Ayacucho quien arrojaba inexplicablemente caramelos en dicho lugar (20.01.2024) fue un recordatorio al Estado peruano de que aún no existe ningún responsable por los sucesos ocurridos allí un año atrás. Boluarte, anunció que no presentaría cargos contra la autora, Ilaria Aymé, madre del adolescente, Christhian Ramos, muerto mientras transitaba a su hogar. El gesto presidencial no generó impacto.

En el ámbito de la seguridad ciudadana es pertinente destacar la gestión desarrollada por quien fuese ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, quien accedió al cargo el 13.01.2023 cuando el país tenía los pasivos de la efervescencia social y los ojos del mundo tenían al Perú bajo la lupa de los derechos humanos.

Ante el complicado contexto, Romero, orientó las funciones de la Policía Nacional a la atención de la convulsión de aquel momento, a la protección del orden público y del orden interno, pero precisamente dentro del respeto a los derechos humanos. La imagen externa del Gobierno peruano había recibido duras críticas de los mandatarios de México, Colombia y Honduras, de los representantes de importantes foros como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del representante de la OEA, Human Rigths, y de otras organizaciones globales.

Mientras, la delincuencia común y el crimen organizado con presencia de bandas transnacionales que trajeron nuevas modalidades de violencia habían posicionado sus acciones contra la vida y el patrimonio de la ciudadanía de modo creciente al punto de colocar al problema de la corrupción en segundo lugar. La inseguridad constituyó el mayor problema del país. El robo de celulares (casi dos millones robados en el 2023), la extorsión, la trata de personas, la minería y la tala ilegal, así como el sicariato, se habían territorializado en diversas jurisdicciones como feudos liberados.

Una policía con grandes brechas en su parque automotor, equipamiento, infraestructura nacional, tecnología corporativa y sistematización informática que no resolvieron gobiernos anteriores, tenía que ser corregida. Fronteras vulnerables por donde ingresaron miles de migrantes irregulares demandaba propuestas normativas de Migraciones. El hallazgo de armas ilegales en manos de criminales evidenciaba la necesidad de mejorar el rol de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, ergo, de todo el sector Interior.

Al Gobierno le urgía ejecutar planes de corto, mediano y largo plazo para recuperar la confianza en el sistema democrático y en el estado de derecho. No obstante, la sombra de los males estructurales en educación, salud, formalidad económica y laboral, vivienda, presencia del Estado y redistribución de la riqueza permanecía incólume. El delito parecía un brote en aquel pantano histórico y social. Exigirle soluciones de paz en diez meses de gestión a uno de los 19 sectores del Poder Ejecutivo era libreto de una película de ficción.

Vicente Romero, convocó al abogado, Jaime Reyes Miranda, funcionario de gran experiencia en asuntos públicos del país. Además, un equipo multidisciplinario, de gran trayectoria profesional fue incorporado. Bajo aquel liderazgo ministerial se elaboró un nuevo marco jurídico contra la delincuencia y la criminalidad, el más moderno de la región. Evidenció a una de las mejores gestiones del Ministerio de las últimas décadas.

Pero, el Congreso peruano, de influjo fujimorista, desaprobado por el 90% de la ciudadanía que lo observa con indignación, invasivo de poderes estatales, festinador del erario público y carente de parlamentarios de elevado perfil intelectual y humanista, lo censuró en noviembre. Romero, había anunciado en abril del 2023, la incautación de bienes (lavado de activos) por más de US$ 1,000 millones a Joaquín Ramírez, ex cobrador de micro, ex directivo de Fuerza Popular, nuevo millonario “benefactor político” y gran amigo de Keiko Fujimori. El anuncio, marcó un punto de quiebre por móviles políticos.

La ola criminal persiste hoy con una crisis en el sector Interior. El cesado Cdte. Gral. Jorge Angulo Tejada (oficialmente, por la agresión contra la Pdta. Boluarte en Ayacucho y por incumplir su labor frente al crimen) presentó una acción de amparo en rechazo al cese y declaró sobre injerencias del nuevo titular del Interior en los ascensos, retiros y cambios en la policía. Perú, necesita fortalecer su institucionalidad contra el crimen, no resquebrajarla. El marco jurídico debidamente reglamentado constituirá un valioso legado de la gestión Romero, una contribución para el sueño de la seguridad ciudadana.