Argentina: Una casa dividida

El Minuto | La salida del ministro de economía, Guzmán, puso en evidencia las profundas diferencias de la coalición gobernante, paralizada por una lucha mezquina entre los grupos políticos que la conforman. Los intereses sectoriales, las ambiciones personales, se imponen sin medir las consecuencias, ante una seria crisis socio económico. Crónica de un país al borde un ataque de nervios.

Por el Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto Argentina

La pugna entre el jefe de Estado, Dr. Alberto Fernández y su vicepresidente la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, parece no tener final. A todas luces, la Sra. Kirchner, es el poder real de la coalición Frente de Todos que gobierna el país desde diciembre de 2019. Dicho grupo político fue consecuencia de la aplicación de la máxima “unidos por el espanto” donde diversos sectores del peronismo, hicieron causa común para derrotar al presidente Mauricio Macri. En esta peculiar coalición, la entonces senadora Fernández de Kirchner, ungió como candidato a presidente al Dr Alberto Fernández, ex jefe de gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner y que terminó yéndose de un portazo por diferencias insalvables con el matrimonio Kirchner.

Incluso tiempo después se convirtió en un severo crítico. Pero el ofrecimiento de ser presidente, hizo que Alberto Fernández, se olvidara pronto de las profundas diferencias con la ex presidente y así nació el Frente de Todos. Otro “hijo pródigo” del kirchnerismo y ex jefe de gabinete, Sergio Massa, en su intento de construir poder para cumplir con su aspiración de llegar algún día a la Casa Rosada, se olvidó como Alberto Fernández, de sus críticas y las razones que lo llevaron alejarse del kirchnerismo, integrando su partido, Frente Renovador en la gran coalición liderada por la fórmula Fernández – Fernández de Kirchner.

Las tensiones existentes entre el presidente y su vice, volvieron a salir a la luz, con la cuestión económica, especialmente al respaldo al titular de la cartera económica, Martín Guzmán por parte del presidente argentino. Desde los sectores duros del kirchnerismo, se oponían a cualquier acuerdo con el odiado FMI, como algunas medidas de austeridad especialmente en materia de gasto público e incremento de tarifas de servicios públicos. Por razones meramente de oportunismo político, para consumo del electorado fiel a la vicepresidente. Mientras tanto, el equipo económico de Guzmán apostaba por una tímida austeridad, que como siempre pagan los platos rotos el sector privado, con nuevos impuestos, restricciones en el mercado de cambios y la deuda externa siguió creciendo, con el agregado que el país carece de acceso al crédito, dada la mala imagen externa que tiene la actual gestión ante los acreedores internacionales.

En enero de 2022, Infobae informó que la deuda creció de US$ 313.299 millones. Dos años después, se disparó a USD 353.514 millones mayor cifra histórica. El economista Prat Gay, fue más contundente en octubre de 2021 había destacado que el ritmo de toma de deuda de Alberto Fernández era mucho más alto que el Macri, incluso más alto que el de Cristina Fernández. Dijo que el actual Presidente “subió la deuda USD 35.047 millones en 23 meses, a un ritmo de USD 18.285 millones por año. Es más rápido que los USD 16.000 millones por año de CFK y mucho más rápido que los USD 12.000 millones x año de MM”. Es considerado el mayor ritmo de crecimiento de deuda histórica en la Argentina. El manejo irresponsable de la crisis sanitaria con la paralización de la economía del país en 2020, tuvo también sus consecuencias con el incremento de la pobreza, desempleo, inflación y la devaluación del peso frente al dólar.

El gobierno se embarcó en cuestiones ajenas al reclamo social, que fueron el debate de la ley del aborto y la reforma de la Justicia Federal, que para más de un observador, está estrechamente ligada para incrementar la influencia de la política partidaria en este ámbito y la espinosa cuestión de las causas de corrupción, que mantienen en vilo a la vicepresidente, que acumula numerosas causas, unido al intento de “cercar” a la Corte Suprema, considerada bastión opositor, con el intento de reformar el número de integrantes. La hostilidad se incrementó aún más con la composición del Consejo de la Magistratura, batalla que ganó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La respuesta del oficialismo ante la crisis, ha sido el tradicional “relato” cargando las tintas contra el ex presidente Macri, como si en sus cuatro años, el país hubiera contraído la deuda externa y generado la pobreza estructural que padece la Argentina desde hace tres décadas. No negamos, que la gestión de Macri, careció un horizonte definido y que resultó en alza de la pobreza, deuda y desempleo, pero no en los niveles que achaca el oficialismo. Esto forma parte de la tradicional estrategia que ha tenido este sector político de construcción de poder. La confrontación permanente, para ocultar sus falencias y la incapacidad de generar consensos sobre los grandes problemas nacionales (la oposición política también tiene las mismas características, a pesar de mostrar un discurso más “edulcorado”). Este estilo de hacer política, sin ninguna duda ha convertido a la Argentina en una “casa dividida”.

La batalla por el Ministerio de Economía

La pugna de poder, se ha resuelto siempre a favor de la vicepresidente, un verdadero poder tras bambalinas. Algo insólito para muchos politólogos, pero no para algunos observadores más agudos. Cristina Fernández de Kirchner, ha pasado algunas temporadas en Cuba, donde el presidente de la República no detenta el poder, sino el líder del Partido Comunista, ejerciendo el poder e influencia de manera indirecta. Esta fórmula, le ha permitido a la Dra. Fernández de Kirchner, no quedar expuesta, como si le ocurre al presidente. La presión que ejerce es muchas veces abierta, con la frase memorable de “usar la lapicera” mostrando al jefe de Estado como débil o con falta de iniciativa. El nombramiento de Silvia Batakis al frente de Economía, pone en evidencia que el presidente argentino, está supeditado a la sombra de la poderosa vicepresidente.

En los medios, escuchamos hasta el hartazgo como oficialistas y opositores, recuerdan sus errores. La corrupción, los niveles de pobreza, la cuestión de la seguridad, la inflación, deuda externa, jubilados, planes sociales y la lista sigue. En más de una ocasión se agregan agravios personales y un tono realmente agresivo. Las soluciones propuestas siempre son las mismas, que han fracasado y llevado a la Argentina en el actual estado de cosas.

El oficialismo se aferra a medidas que aplicó y es sabido los resultados. El cepo al dólar (con el curioso argumento que no hay dólares por la decisión de los argentinos de viajar al extranjero) los impuestos a las exportaciones y a las grandes empresas, la emisión monetaria, el descontrol del gasto público, han sido las constantes en esta gestión. La flamante ministra de Economía, Batakis, es una vieja conocida en la política. Ocupó ese cargo en la Provincia de Buenos Aires, de la mano del incombustible Daniel Scioli, entonces gobernador y Cristina Fernández de Kirchner, presidente.

Declarada kirchnerista, de frágil memoria, se olvida como la Nación, se negaba a revisar las cuotas de coparticipación, dado que Fernández de Kirchner, tenía una mala relación con Scioli. Batakis, creó nuevos impuestos, como el de la herencia, especialmente nocivo para pequeños productores rurales. Las tensiones estaban sobre la mesa, como en 2012, donde los empleados públicos cobraron el aguinaldo de manera desdoblada. En 2015, dejó según declaraciones de María Eugenia Vidal, la provincia sin fondos para el pago de salarios

(https://infocronos.com.ar/nota/27742/la-oposicion-disparo-contra-batakis-por-su-vinculo-con-la-historia-de-los-aguinaldos/).

Batakis, ya en la gestión de Alberto Fernández, tuvo como hecho relevante, siendo funcionaria del Ministerio del Interior, al llevar a cabo, el recorte de coparticipación de $ 86.000 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida inconstitucional, de neto corte político, una suerte de castigo colectivo por ser dicho distrito, bastión de la oposición. El dinero fue transferido a la Provincia de Buenos Aires, en parte utilizado para calmar ánimos en la Policía provincial, con crisis de disciplina por bajos salarios y pésimas condiciones laborales.

Sergio Massa fue junto Alberto Fernández, el gran perdedor de la pugna de intereses frente a la Dra Fernández de Kirchner. Su aspiración era ser jefe de gabinete, controlar directamente la AFIP, la agencia tributaria federal, el Banco Central y el equipo económico, quedaron frustrados. Si las cosas le salían bien, se iba a convertir en un verdadero competidor dentro del Frente de Todos para Fernández de Kirchner, y si contaba con aciertos, lo catapultaba directo a la candidatura a la presidencia. Algo inaceptable para la vicepresidente de la Nación, que pretende ser el único árbitro de la coalición de gobierno y ejercer un liderazgo fuera de toda discusión. Ella se impuso, Batakis fue designada al frente de Economía, y es sabido, que responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner, por ende, el control que pueda ejercer el presidente, solo quedará en ciertas formalidades.

Planes para Todos y Todas

Las batallas de la Dra. Fernández de Kirchner, continúan y esta vez contra un hueso muy duro de roer. Las organizaciones sociales, los célebres “piqueteros”. Estos manejan miles de millones de pesos, son poderosas estructuras clientelares y con un alto nivel de autonomía política, especialmente los grupos más cercanos a la izquierda. La polémica se desató cuando abiertamente el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni una de las organizaciones más poderosas reconoció ante LA NACION que quienes integran las filas del Polo Obrero (PO) realizan un aporte del 2% de sus ingresos para sostener a la organización. “Es a conciencia, voluntario, como la histórica cuota sindical de las viejas organizaciones anarquistas”, argumentó en esa ocasión el referente de esa agrupación de izquierda, que tiene bajo su órbita a alrededor de 60.000 beneficiarios de programas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social, en manos de Juan Zavaleta, señaló que hay 5.000 denuncias, especialmente contra el Programa Potenciar Trabajo, que involucra a 1.2 millones de beneficiarios, por cuestiones de transparencia y otros abusos.

La vicepresidente Fernández de Kirchner, a sabiendas que dirigentes de estos grupos hoy son funcionarios cercanos al presidente, contraatacó, exigió mayor transparencia y auditoría, y el traspaso del control de los planes a intendentes y gobernadores. Si esto se llevara a cabo, en que deudas de gratitud, caerían gobernadores e intendentes con la Dra. Kirchner. Además de incrementar su poder político territorial y extender aún más redes clientelares, con electores cautivos. El polémico dirigente Luis D´ Elía, viejo ultrakirchnerista, ahora devenido en crítico, señaló “en alusión a la propuesta de la vice de quitar los planes a las organizaciones sociales, desde su cuenta de Twitter: Flojita de memoria y de agradecimiento. Cristina Kirchner nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández”.

Los planes sociales son una caja de $ 288.000 millones – US$ 10.000 millones – repartidos en 141 programas y abarca unos 25 millones de beneficiarios. Desde el 2002, la cantidad de planes aumentaron un 657%. (Entre 2002 y 2010, según el análisis de Idesa, la suba en la cantidad de beneficios fue de 369,2% (de 1,6 millones a 7.508.000). Esto pone en evidencia los “éxitos” que hubo en la economía argentina en los últimos veinte años. La pregunta del millón, es como desarmar esta arquitectura, que no ha logrado sacar a millones de la pobreza, desempleo crónico y otros problemas derivados. La estrategia de los gobiernos argentinos se ha centrado en políticas de ayuda destinada a movilizar la llamada economía popular, más que a promover empleo formal e insertar sectores excluidos en la economía en “blanco”. En 2019 por cada peso invertido en el impulso al empleo formal, once fueron a programas de cooperativas de economía popular. No existe un modelo que tenga como objetivo que dichas cooperativas dejen de depender gradualmente del auxilio del estado, y se conviertan en empresas competitivas.

Los mismos males, las mismas recetas, los mismos resultados

El gobierno se aferra al relato que el país padece una crisis de crecimiento, por eso se explica la inflación, el dólar se dispara y el ministro Guzmán, tuvo que salir a buscar un nuevo empleo. Y no olvidemos la guerra de Ucrania, otra interesante excusa, para hablar de inflación y justificar las dificultades económicas de Argentina. La ministra Batakis, habló de equilibrio fiscal, respeto a los acuerdos con el FMI, pero los mercados no le creyeron y la recibieron con una estampida del dólar no oficial, caída de los bonos argentinos en Wall Street y riesgo país de vértigo. La inflación trepa el 60% y con un Banco Central corto de reservas, tiene que lidiar con la demanda de dólares. La energía, cada vez más cara, dado que la principal fuente de generación, depende de centrales térmicas que funcionan con fuel oil y gas oil, en gran parte importado, demanda multimillonarios subsidios. En 2018, por ejemplo, fueron de US$ 11.000 millones, para evitar que las empresas quebraran y el alza de tarifas, no lleve a la pobreza a más argentinos.

Los intentos de establecer nuevos mecanismos y reducir los subsidios, chocó con la Secretaría de Energía, manejada por sectores del kirchnerismo, reacios a cualquier cambio tarifario. Guzmán, no tenía la autoridad para fijar su programa económico, lo que aceleró su salida. Los pocos dólares que tiene el país, directamente se queman en subsidios e importación de energía, dado las malas políticas que ha tenido el país en este sector.

El país dilapidó miles de millones de dólares en subsidios y poco o nada hizo para aprovechar el inmenso potencial energético, en materia de hidroelectricidad, nuclear, energías renovables, además de las grandes reservas de Vaca Muerta de hidrocarburos y el potencial del Mar Argentino. En un clima de incertidumbre, corrupción y falta de idoneidad de muchos funcionarios, impiden que este enorme potencial sea explotado y permita generar energía abundante, que permita crear saldos exportables, con el consiguiente beneficio. Lobistas e intereses creados, han impedido por ejemplo que se llevara a cabo la obra del Paraná Medio, que permitiría generar el 36% de la electricidad generada en todo el país, además del impacto para la navegación, riego, control de inundaciones y recuperación de tierras para la agricultura.

El gobierno está siempre en confrontación con el sector agroexportados, por razones ideológicas. Los impuestos locales y federales, han tenido un impacto sumamente negativo, que solo grandes jugadores puedan soportar. El pequeño y mediano productor, no pueden desarrollar todo su potencial. El régimen de retenciones, mecanismo que tiene el Estado para recaudar y alimentar un gasto público voraz, tiene su impacto negativo en la generación de valor agregado. La suba de las retenciones, hace que sea más conveniente exportar el grano si procesar, con su impacto en la disminución de generación de divisas, sino en la generación de empleo y en las economías regionales. En números en lo que va del primer cuatrimestre del año, el ingreso de divisas cayó US$ 1200 millones y con la pérdida de US$ 400 millones en ingreso por derechos de exportación. Pensar que, en 2019, la actual gestión se rotuló como “gobierno de científicos”.

Asimismo, la caída de los ingresos por exportaciones, se ve potenciada por la inestabilidad económica, la falta de previsibilidad, que lleva a muchos productores almacenar soja, a la espera de tiempos mejores. Esto impacta en la industria, que queda con capacidad ociosa y con las correspondientes pérdidas. La industria aceitera, altamente competitiva, trabaja con márgenes negativos.

La pobreza aumenta, la clase media está acorralada – un país que mostraba con orgullo la poderosa clase media que tenía – y 2800 argentinos por día, caen en situación de pobreza, por los niveles de inflación. Una familia de cuatro integrantes, para no caer en la indigencia precisa ingresos de $ 100.000. Otro tema poco tratado y que los dirigentes políticos no hablan, es el problema habitacional que tiene el país, dado los altos costos de alquileres, salarios que quedan retrasados por el alza inflacionaria y el alto nivel de informalidad, que impide que muchos puedan acceder a un alquiler, por las exigencias de propietarios e inmobiliarias. La venta de propiedades es en dólares y ello impone un poder de veto, a millones de personas.

Estamos hablando, que 3.8 millones de hogares tenían necesidades habitaciones insatisfechas, cuando en 2001 la cifra era de 2.6 millones. Los planes de vivienda, son una deuda pendiente en Argentina. El estado entre 1983-2015 entregó un millón de viviendas, una cifra más que insuficiente. El 20% de la población alquila, una cifra elevada. En un informe del BID, señalaba lo siguiente El 21% de los hogares no tienen viviendas con infraestructura habitable. El 3% se encuentra en situación de hacinamiento crítico, en las cuales hay más de 3 personas por cuarto, cabiendo señalar que este número no refleja la situación de las villas de emergencia. El 14% de los hogares no dispone de baños apropiados. El 48% de los hogares no accede a al menos uno de los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural

(ver https://www.agrositio.com.ar/noticia/217662-problema-habitacional-en-argentina)

La política exterior, sesgada por cuestiones políticas, llevó al presidente de la Nación, a defender públicamente a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ante la cumbre de la Organización de Estados Americanos, llevada a cabo en Los Ángeles. Algo que desagrada profundamente a la Casa Blanca. Según el gobierno de turno, es la orientación de la política exterior. Esto impide construir alianzas y escenarios de cooperación. Los intereses nacionales no presiden la política exterior, sino los intereses de la facción política del gobierno de turno, con sus consecuencias. Brasil y México, por ejemplo, han sido cautos con el tema de Rusia, al fin de cuentas, tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Argentina luego de su idilio con Moscú por las vacunas Sputnik V, apoyó la expulsión del Kremlin del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, poniendo en evidencia las incongruencias de la política exterior de Buenos Aires. La opción, como hicieron muchos, era abstenerse, como México y Brasil, y actuar con pragmatismo. El margen de maniobra de Argentina en el marco externo es más que acotado.

La oposición, que busca ser una alternativa en 2023, liderada por Juntos por el Cambio, plantea propuestas que la aleja de los sectores más pobres y clase media baja. Especialmente al insistir con reformas de la ley laboral, que incluye medidas especialmente de flexibilización en caso de despido, abolir el régimen de indemnizaciones y recetas económicas que recuerdan a los 90. Observamos una carencia de propuestas consistentes en materia de desarrollo, seguridad y lucha contra la pobreza. El incremento de la polarización política, impide consensuar un acuerdo político que genere cierta confianza para superar la crisis socio económica.

En 1980 en el libro Desarrollo y Seguridad de la Argentina en el Marco geopolítico mundial (MARINI, José Felipe y BANDINI, Reinaldo) “La Argentina es un país en vías de desarrollo, que se define en su condición de tal por el hecho incontrastable que exporta tradicionalmente materias primas (alimentos) para solventar sus necesidades de la industria pesada…indispensables para mantener en actividad a sus industrias livianas y a sus requerimientos de bienes y servicios para su consumo. Como consecuencia de esto, su relación de intercambio se deteriora permanentemente y ello, unido a la deformación monstruosa de su sector público, cuyo déficit financiero crece año tras año cualitativa y cuantitativamente., genera una crónica situación deficitaria, inflacionista y recesiva.

Dentro de este cuadro se explica claramente la acentuación de su dependencia respecto del sector externo y hasta el presente indetenibles tendencias inflacionarias y devaluatorias. No ha cambiado mucho desde que fuera escrito el citado libro y la realidad actual, agravados por las políticas depredadoras de los 90, la corrupción y una pesada deuda social, sigue siendo muy similar al cuadro presentado en la obra citada de 1980.

La Argentina demanda una reforma política integral, que implica una renovación de las clases dirigentes, muchas veces atrapadas en pugnas sectarias y anclajes ideológicos ya superados. Las recetas planteadas por el oficialismo como la oposición han fracasado. A pesar del daño hecho, el país cuenta todavía con un gran potencial. Los obstáculos podrán ser superados, si existe un consenso sobre un verdadero proyecto nacional, acorde al siglo XXI, donde los sectarios, mediocres y corruptos, estén fuera del sistema político.