La Araucanía en llamas

El Minuto | En estos dos años, Chile se ha visto sacudido por estallidos sociales, la crisis COVID y ahora la rebelión mapuche en el sur, en manos de sectores radicalizados de la etnia mapuche, que directamente lo que buscan es separarse del Estado chileno. Esta panorama complejo, se encuentra la Asamblea Constituyente, que plantea declarar a Chile como un estado “plurinacional” como Bolivia, rompiendo de alguna manera, con la idea de Chile como “Estado Nación”. Sin ninguna duda desde el advenimiento de la democracia en 1990, el país atraviesa sin ninguna duda, una situación institucional y social compleja

Por: Jorge Alejandro Suárez Saponaro | Director de Diario El Minuto

Chile desde 1990, se convirtió en un alumno modelo en tiempos de neoliberalismo. El paso del régimen militar al democrático fue ordenado, y el país se caracterizó por la estabilidad económica, social y política, pero ello no impidió que bajo esta apariencia subyacieran conflictos, entre ellos con el pueblo mapuche, estallara años después.

Esto se relaciona con la cuestión del sistema de tenencia de tierras, pero posiblemente el problema sea más complejo, dado la radicalización de determinados elementos, que ya no buscan el reconocimiento sobre tierras que consideran usurpadas, en el proceso de expansión del estado chileno hacia el sur, y la fallida reforma agraria de Salvador Allende, sino la creación de un estado separado, incorporando tierras al otro lado de la Cordillera de los Andes, en Argentina, lo que da al problema una dimensión internacional.

En el proceso de formación del Estado chileno, que a diferencia de sus vecinos, no se caracterizó por luchas intestinas, sino por la construcción de un aparato estatal fuertemente centralizado y estable, los pueblos originarios fueron integrados como ciudadanos, pero en más de una ocasión quedaron marginados y condenados a estar parte en los estratos más pobres de la nación. Asimismo vivieron un intenso proceso de aculturización, como también de mestizaje para los casos de quienes emigraron a las grandes ciudades, en busca de zafar de la pobreza del medio rural.

A fines del siglo XIX, el Estado chileno, promulgó una legislación con destino a fomentar la colonización del sur, la antigua tierra de los araucanos – hoy llamados mapuches – quedaron relegados a espacios marginales. El proceso de ocupación de las tierras al sur del Bío Bío, fue en una primera instancia pacífica, por parte de colonos chilenos e inmigrantes europeos, y posteriormente a fines del siglo XIX, por medio del accionar militar, ante la resistencia aborigen. En 1852, fue creada la provincia de Arauco como parte del proceso de integración de las tierras sureñas a la república chilena. El proceso de incorporación de la Araucanía, fue complejo y no exento de conflictos armados, que finalmente se impuso con la última guerra araucana en 1880, el Estado chileno ejercía el pleno control de dicha región.

Los araucanos, quienes por razones económicas no se mantuvieron en sus reductos, muchos de ellos se convirtieron en asalariados en grandes explotaciones o emigraron a la región central del país, radicándose en la periferia de ciudades, perdiendo su identidad y ser asimilados al resto de la nación chilena. La ley de tierras de 1883, para algunos historiadores chilenos, generó conflictos, por los mecanismos de reconocimiento de títulos de propiedad, donde quedaron marginados muchos caciques, estas tierras que quedaron fueran de los llamados Títulos de la Merced, fueron a parar a manos del Estado, que aplicó una distribución entre los inmigrantes y colonos chilenos, que tenia que ver con una estrategia de asimilación del territorio y su explotación económica. Esto decantó en muchos litigios legales.

Los cambios legales en Chile, hablitaron liquidar el concepto de propiedad comunal de las tierras, que en 1931, generó conflictos, que tuvieron como su principal logro, que por medio de un decreto presidencial, se requiriera una mayoría especial, para proceder a la liquidación de una propiedad comunitaria, incluso contemplaba restablece el dominio araucano sobre propiedad rurales usurpadas, como revisar el sistema de radicaciones, y habilitar que los araucanos pudieran ocupar tierras fiscales. Los años cuarenta, los araucanos se convirtieron en una fuerza politica, de la mano de Venancio Coñuepán, que llegó a ser en 1952, ministro de Agricultura del presidente Ibáñez del Campo. Su labor destacable fue ampliar el número de Juzgados de Indios, para dirimir en cuestiones de tenencia de tierras, incorporar dichos juzgados al Poder Judicial, y frenar el proceso de división de tierras comunitarias.

En los años 60, fue aprobada una ley de reforma agraria, pero de escasos efectos prácticos. No obstante ello, los araucanos, comenzaron a tomar tierras, que consideraban usurpadas. Se estima que unas cien mil hectáreas fueron ocupadas de hecho por los indígenas. El gobierno del presidente Salvador Allende, fue mas allá, y por medio de una nueva ley de reforma agraria y de restitución de tierras, asignó más de cien mil hectáreas a los araucanos.

El régimen militar iniciado en 1973, terminó bruscamente con este proceso y el 65% de las tierras entregadas a los araucanos, volvieron a los viejos propietarios. El área de la Araucanía, fue objeto además de una política de desarrollo forestal, que trajo aparejado el interés creciente de inversores, el desarrollo de una industria asociada, siendo la región responsable del 69% de las plantaciones forestales del país. El aspecto negativo de este modelo de fomento, fue el alto nivel de concentración en manos de unos pocos grupos económicos, y en materia medio ambiental, que ha derivado en un incremento de demanda sobre los recursos hídricos y la destrucción de biodiversidad.

La región de la Araucanía, epicentro del conflicto, los araucanos o mapuches, son minoría, tomando de referencia los censos realizados en su momento. La mayoría de los descendientes araucanos viven en grandes ciudades, especialmente en la Región Metropolitana. Desde el punto de vista social, el nivel de pobreza es superior a la media chilena, también son malos los índices de analfabetismo en zonas rurales como la mortalidad infantil, es superior en dichas zonas, al resto del país. La Araucanía tiene el mayor índice de pobreza de Chile, con casi el 20%. Estos factores negativos, ha permitido que grupos extremistas, pudieran prosperar y convertirse en un problema para la seguridad nacional de Chile. Uno de los principales grupos, es la Coordinadora Arauco-Malleco o CAM, que data de 1999. Las organizaciones radicalizadas, se caracterizan por ser movimientos sociales, definidos estos como “red de interacción informal entre una pluralidad de individuos, grupos u organizaciones, involucrados en un conflicto cultural o político, sobre la base de una identidad colectiva compartida clara”.

Las organizaciones mapuches, no siempre han actuado de manera conjunta, sino muchas veces limitados determinadas comunidades. No obstante ello, estos grupos buscan autonomía política, los más radicalizados directamente de un estado separado de Chile, y los más moderado, autonomía política, control sobre los recursos naturales, reconocimiento de la preexistncia de la nación mapuche, representantes mapuches en el Congreso, etc.

Hemos observado que esta comunidad, que conforma un poco más del 12% de la población, exige un reconocimiento, y que sin ninguna duda se consideran distintos al resto de la sociedad chilena. El sentimiento hostil hacia el Estado o Nación Chilena ha ido creciendo, mezclándose con un discurso propio de sectores de izquierda, especialmente contra el capitalismo, propiedad privada, como la vigencia del régimen institucional vigente, posturas ecologistas radicalizadas, etc. Exigen un autogobierno basado en formas tradicionales, rechazando de alguna manera la democracia representativa.

El estallido social de 2019, fue un campo propicio para sectores políticos radicalizados, de intentar poner en evidencia que el “Modelo Chileno”, suerte de paraíso de la iniciativa privada y democracia liberal, era un fracaso, dado las acusadas desigualdades sociales. La herramienta para canalizar un intento de cambio institucional, ha sido la Asamblea Constituyente, dominada por sectores independientes, lo que pone en evidencia la crisis de los partidos tradicionales chilenos. De 155 constituyentes, 150, son independientes, pero la izquierda tiene una fuerte gravitación. Incluso la presidente de la Convención, Elisa Loncón es de origen mapuche.

La Convención tiene doce escaños reservados a pueblos originarios, algo inédito en la historia chilena, pero destacándose el alto nivel de abstención electoral en la elección de estos constituyentes. Es posible que los grupos radicalizados mapuches, hayan considerado que están dadas las condiciones, agregándose las consecuencias del COVID – Chile aplicó mecanismos muy estrictos y restringiendo libertades individuales – tanto económicas, como políticas, ante un gobierno conservador muy erosionado, para lanzarse nuevamente a la acción.

Mientras la Convención Constituyente plantea una profunda reforma, que va distar de la Constitución de 1980, especialmente en materia de conformar un estado social de derecho, y la idea de plantear a Chile como estado plurinacional, lo que generará demandas sobre autonomía territorial y el tema de los recursos naturales. Los grupos radicalizados han llevado su violencia, a tal punto que el gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia, movilizar a miles de Carabineros – policía de seguridad militarizada – con apoyo militar.

La CAM, cuenta en su estructura Organizaciones de Resistencia Territorial, conformados por grupos con entrenamiento en el uso de armas. La violencia se ha traducido en quemas de vehículos, bienes particulares, toma de terrenos. Su agenda es la autodeterminación, por medio de acciones revolucionarias, que incluyen prácticas terroristas, gimnasia revolucionaria, y una postura intransigente frente a cualquier intento de salida política.

El grupo Weichan Auka Mapu, del que poco se conoce, por lo menos públicamente, ha sido especialmente agresivo con la Iglesia Católica, incendiando templos y acusando a la institución como herramienta de la colonización, como también objetivos económicos. La Comunidad Autónoma de Temucuicui. También poco conocido, reclama la implantación de un gobierno tradicional mapuche, es especialmente agresivo con miembros de la prensa, como contra empresas que operan en la Macro Zona Sur, amenazas a pobladores, tomas de tierras. Existen otras organizaciones con comportamientos similares, especialmente orientado a la toma de tierras de manera violenta.

El estado chileno cuenta con una ley Antiterrorista que ha sido la herramienta legal aplicada contra estos grupos violentos. La norma tiene falencias en materia para reglamentar cuestiones de inteligencia, especialmente agentes infiltrados, impulsar una comunidad de inteligencia entre Carabineros, Policía de Investigaciones, y otros organismos del Estado, implementar la llamada “ley del arrepentido”, utilizado con éxito contra organizaciones del crimen organizado como contra la corrupción. Razones políticas han impedido a los sucesivos gobiernos chilenos, por temor a presiones internas o internacionales, a ir más allá para desarticular estos grupos.

No cabe duda que estamos ante un fenómeno terrorista por las siguientes razones: utilización de la violencia, acción coordinada apoyada en una organización, promoción del terror en la ciudadanía, publicidad y adjudicación de los actos e inspiración ideológica detrás de su acción. La respuesta de desplegar fuerzas de seguridad con apoyo militar, debe estar acompañada de acciones de pacificación, que implique una mayor presencia del Estado, no solo con programas de desarrollo, sino librando una verdadera batalla cultural, para desarticular la prédica de los violentos.

Chile se debe un debate constitucional, dado que la Constitución de 1980, no fue mas que impuesta por un régimen autoritario. Sin ninguna duda se abre una discusión que si llega a buen puerto, el país pueda contar con instituciones acordes al siglo XXI, sentar reglas para el acceso gratuito a la salud, y educación, un estado más presente para los sectores vulnerables. Pero existe la posibilidad que también sea una herramienta para que los sectores radicalizados, con aliados circunstanciales, puedan presionar, para reconocer la existencia de “naciones” originarias, lo que puede abrir las puertas a escenarios de autodeterminación a futuro.

Esto no solo afecta a Chile, sino también a otros países de la región, como Argentina. Allí por razones políticas, cometen el mismo error que cometieron autoridades chilenas de no tomar cartas en el asunto mapuche, y ahora el problema de la violencia tiene repercusión nacional. Una vez más la mezquindad política- como pone en evidencia las declaraciones del embajador argentino Bielsa, impide que ambos países puedan cooperar para contrarrestar el accionar de estos grupos violentos.

La crisis que se vive en la Araucanía, se debe ante todo por la inacción de los gobiernos chilenos que subestimaron el problema, no se llevaron a cabo acciones políticas para contrarrestar el discurso de los violentos, como también desarticular sus células. Que a pesar de ser una minoría dichos elementos radicalizados, lo son suficientemente cohesionados, para mantenerse firme ante la presión del Estado y poder contraatacar. No cabe duda que las fallas se trasladan al ámbito de la inteligencia y la capacidad del estado para realizar una apreciación adecuada de la situación. Desde hace años estos grupos vienen consolidando posiciones. Es indudable que estos elementos junto con otros actores de la política chilena, consideran que ha llegado la oportunidad para un rediseño institucional de Chile, librar una verdadera batalla cultural y política, y “conquistarle” al capitalismo, al que hasta no hace mucho era su alumno ejemplar.

Pero en este complejo juego, el país puede verse arrastrado por un mayor espiral de violencia, convirtiendo a la Araucanía en un espacio donde el control del Estado se vea disminuido sustancialmente, dejando abierta las puertas para que los grupos radicalizadas se conviertan en un mal endémico, difícil de erradicar. Todavía Chile a esta a tiempo de revertir la situación.