Modelo democrático vigente en Brasil

El Estado brasileño, así como varios países vecinos, atravesó un período dictatorial en el siglo pasado, por lo que las heridas de esa época todavía atormentan la historia nacional brasileña y llama a la reflexión sobre el modelo democrático adoptado en Brasil después de los años anteriores.

Por: Danielle Z. Souza | Corresponsal de Brasil

En este sentido, la Constitución Federal de 1988 es el marco legal y político que inició la redemocratización del país.

El arreglo institucional previsto en la carta constitucional establece que la división de poderes ya celebrada en Montesquieu y delimita el ámbito de actuación de las entidades federativas.

Así, es posible decir que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son independientes y armoniosos entre sí, así como que la federación brasileña está dividida en tres niveles, federal, estatal y municipal, cada uno con autonomía, autogobierno y autoorganización.

Por autonomía significa afirmar que las entidades federativas Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios cuentan con fuentes propias de financiamiento, derivadas de los impuestos de su competencia y de la asignación de fondos obtenidos con los impuestos federales.

El autogobierno surge de la idea de que cada una de las entidades federativas elige a sus gerentes y legisladores en elecciones periódicas.

En materia de autoorganización se entiende la existencia de documentos que organizan la vida política en sus distintos niveles, ya sea la Constitución Federal, aplicable en el conjunto de la República, las Constituciones de los Estados, que rigen la vida en los Estados y las Leyes Orgánicas, aplicables, Municipios y Distrito Federal.

En cuanto a los Tres Poderes, es importante entender que el Legislativo y el Ejecutivo existen en los tres ámbitos (Unión, Estados y Municipios), mientras que el Poder Judicial no está presente en los Municipios, es decir, no hay jueces municipales, solo federal y estatal. .

Asimismo, el Poder Ejecutivo Federal lo ejerce el Presidente de la República, asistido por sus Ministros, personas de su confianza, libremente designadas a las distintas carteras que cada gobierno considere pertinente mantener o crear.

En el ámbito de los Estados, este liderazgo ejecutivo es ejercido por los Gobernadores, quienes también nombran a sus asistentes, aquí llamados Secretarios, quienes actúan de manera similar a los Ministros.

En los Municipios, el Jefe del Poder Ejecutivo lo ejercen los Alcaldes (Brasil tiene más de 5.000 municipios), quienes cuentan con la asistencia de sus Secretarios Municipales en simetría con los Estados y la Unión.

A su vez, el Poder Legislativo Federal es bicameral, es decir, tiene dos cámaras, como la mayoría de los países democráticos, llamadas Senado Federal y Cámara de Diputados, las cuales, consideradas en conjunto, se denominan Congreso Nacional, tercer órgano que “se reúne excepcionalmente en las hipótesis previstas constitucionalmente, por ejemplo para analizar y eventualmente revocar el veto del presidente de la república sobre proyectos de ley”.

El Senado está integrado por 81 senadores y representa los intereses de los Estados, mientras que la Cámara está integrada por 513 diputados que representan los intereses del pueblo brasileño.

En los Estados, el Poder Legislativo es unicameral, integrado por Asambleas Legislativas, cuyo número de componentes varía según el número de habitantes del Estado. Sao Paulo es el estado con más diputados estatales.

En los Municipios, el cuerpo legislativo se denomina Ayuntamiento y el número de sus miembros obedece también a la lógica del número de habitantes del Municipio.

El Poder Judicial, como se indicó anteriormente, no se extiende a los tres niveles de la Federación, con solo el Poder Judicial Federal y Estatal.

El primero está integrado por jueces federales en primer grado, jueces en segundo grado y ministros en los grados superiores, como en el Tribunal Supremo Federal, máximo órgano del Poder Judicial nacional.

En los Estados, los jueces actúan en primer grado, mientras que los jueces actúan en segundo grado, llamados Tribunales de Justicia de los Estados. En los Municipios, son los jueces estatales los que ejercen jurisdicción.

Cabe mencionar que las carreras jurisdiccionales en Brasil están reservadas para quienes son aprobados en licitaciones públicas y obtienen autorización estatal para ejercer la jurisdicción.

Por tanto, no es una carrera política per se, ya que los jueces no son elegidos por el pueblo, como es el caso del modelo norteamericano, por ejemplo.

El ejercicio del poder político en Brasil, reservado a los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo, requiere como filtro constitucional la elección por voto popular en las elecciones que se realizan periódicamente.

Brasil es uno de los pocos países que tiene una Justicia Electoral, responsable de organizar el proceso electoral, así como de dictar las reglas que rigen este proceso.

La periodicidad de las elecciones es uno de los requisitos republicanos y democráticos, ya que permite una cierta rotación en el ejercicio del poder y la posibilidad de diferentes aspectos políticos para comandar las tres esferas del poder.

Cada cuatro años se realiza el sufragio, que en Brasil es universal, para permitir que el mayor número posible de personas participe en la elección y ejerza el voto. Tal elección popular ocurre en octubre del último año del período actual.

Las elecciones para Presidente, Gobernadores, Senadores, Diputados Federales y Diputados de Estado, denominadas elecciones generales, se intercalan con las designadas para la elección de Alcaldes y Concejales, denominadas elecciones municipales.

Así, a modo de ejemplo, en octubre del año 2017 se llevaron a cabo elecciones generales, cuyos ganadores se instalaron el 1 de enero del año 2018, por un período hasta 2022 y en el año 2020 se realizaron elecciones municipales, cuyos electos se instalaron en el año actual 2021, para el período hasta 2024. Por lo tanto, siempre ocurren en años impares.

Los cargos de liderazgo del ejecutivo (presidente, gobernador y alcalde) y senador se eligen por el sistema de mayoría simple, en el que al final del escrutinio se elige a los más votados.

A su vez, los cargos legislativos, excepto el de Senador, se eligen por voto proporcional, en el que no siempre se elige al más votado, como resultado de operaciones matemáticas que toman en cuenta el número de escaños en la cámara legislativa, el número de votos. Que recibe cada candidato y partido, aplicando un cálculo matemático pensada para permitir que los grupos minoritarios tengan sus representantes electos y así poder ejercer también el poder político.

Las personas habilitadas para votar tienen el llamado derecho electoral activo, y están determinadas por mandatos constitucionales que, repito, tratan de ser lo más amplios posible para que los ciudadanos puedan ejercer su voto, por ejemplo, están excluidos del derecho al voto militantes servicio obligatorio, llamado reclutas.

Por otro lado, quienes pretendan ser candidatos deben tener expediente, es decir, no tener condenas penales, por actos de improbidad administrativa y demás filtros impuestos tanto por la constitución como por la legislación infraconstitucional, en la búsqueda del establecimiento. de un piso ético que se exigirá a quienes pretendan ejercer un cargo político.

La legislación electoral brasileña ha ido avanzando en el sentido de buscar prevenir la corrupción electoral, la compra de votos e incluso la coacción para que la gente vote por un determinado candidato como ha ocurrido en el pasado lejano de Brasil.

Ya no se permiten donaciones a candidatos realizadas por personas jurídicas y otras medidas e instrumentos encaminados a asegurar una mayor fluidez al procedimiento electoral.

Otro avance notable es el uso de máquinas de votación electrónica en un modelo pionero, seguro y ágil que es objeto de observación y copia por parte de otros países del mundo. Si bien el actual gobierno cuestiona la efectividad de las urnas electrónicas, acusando infundadamente la ocurrencia de fraude en el sistema, no tiene razón y lo hace porque prevé una rotunda derrota en las elecciones de 2022 e inmediatamente siembra en sus seguidores la podrida semilla de duda sobre la fiabilidad del sistema electrónico.

También es importante señalar que el modelo democrático brasileño sigue la tendencia de los modelos surgidos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en los que busca aplicar la democracia sustancial, en contraposición a la democracia meramente formal, practicada hasta ahora en el planeta. 

Se entiende por democracia formal el respeto a la voluntad de la mayoría, es decir, es una visión superficial que ha dado lugar a diversas atrocidades practicadas a lo largo de la historia, especialmente contra las minorías.

La democracia sustancial, en la que la constitución quiere que vivamos, es aquella en la que aunque la mayoría es escuchada, no da la espalda a los deseos de las minorías sociales, dándoles tiempo y voz, a través de la posibilidad de participación en la decisión. proceso de toma de decisiones del Estado, a través de sus representantes electos.

Entonces, completamente contraria a la visión estrecha del actual gobierno que en más de una ocasión gritó (porque es solo que saben hacerlo) que las minorías deben inclinarse ante las mayorías. ¡¡Absurdo!!

Un Estado que pretende ser mínimamente democrático debe mantener abiertos los canales formales para que las minorías puedan expresarse y luchar por sus deseos.

El análisis del desempeño del presidente Bolsonaro revela dos circunstancias importantes. La primera es que la democracia en Brasil, estructurada por la Constitución de 1988, funciona muy bien, dado que todas las instituciones democráticas, bajo el punto de vista formal, están funcionando, que el éxito de las elecciones tanto en 2017 como en 2020 servirá por ejemplo, ya que los elegidos por el pueblo fueron elegidos y continúan ejerciendo el poder político.

El segundo es más preocupante, en el sentido de que el gobierno de Bolsonaro pone en jaque a las instituciones republicanas, socavando su legitimidad popular y buscando desacreditarlas ante el pueblo.

Podemos citar como ejemplo la presidencia de la república, cuando su ocupante se presenta vestido de manera “popular” o usando un lenguaje digno de los peores bares, señalando al público que nada de eso es grave.

Ahora, la historia muestra que es posible que un presidente tenga atractivo popular sin someter el cargo de presidente a una degradación nunca vista en América Latina y quizás en el mundo.

Los constantes ataques a las decisiones dictadas por la Suprema Corte Federal, es también un rico ejemplo de esta actuación popular y vil, ya que inculca en la cabeza del ciudadano medio brasileño que tales decisiones no deben ser cumplidas y obliga al pueblo a faltar al respeto al Poder Judicial en su conjunto.

En cuanto al Poder Legislativo, se encuentra desacreditado por sí solo durante muchos años y escándalo tras escándalo, la institución republicana se deteriora a los ojos de la opinión pública, con el actual presidente simplemente dando un pequeño empujón cuando claramente busca dotar a la legislatura brasileña, jugando peligrosamente el bloque de congresistas llamado “Centrão”, cuya voracidad no es mayor que su cinismo.

Este es el panorama que se nos presenta. Junto a las promesas constitucionales de una democracia fuerte, basada en los valores de la dignidad humana, se dan constantes asaltos que esta misma constitución ha sufrido desde el día de su promulgación, pues las fuerzas políticas y económicas hegemónicas buscan en todo momento duplicarla. sabor de sus intereses egoístas, dejando al pueblo, principal destinatario de esas promesas, una vez más indefenso y luchando solo contra las adversidades de ayer, hoy y muy probablemente también mañana.