Convención Constitucional: aprueba declaración sobre detenidos en estallido social y militarización del Wallmapu
Este jueves la Convención Constitucional aprobó pronunciarse respecto a los detenidos durante el estallido social y la militarización del Wallmapu, luego de dar el visto bueno a una de las dos propuestas que se habían presentado en esta materia.
En específico, la mayoría de los convencionales se mostraron a favor del escrito presentado por el Partido Socialista (PS), liderados por Pedro Muñoz, junto a otros constituyentes, la cual obtuvo 105 votos a favor.
Con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, el órgano constituyente emitió una declaración que pide al Congreso acelerar el proyecto que entrega un indulto a los presos de la revuelta, al Ejecutivo ponerle urgencia a la misma normativa y “desmilitarizar el Wallmapu”.
La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política, dice la declaración aprobada.
La violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello, agrega.
¿Qué se aprobó?
El documento aprobado demanda los siguientes puntos:
- Respecto del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad.
- Al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado.
- La inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche.
Que el indulto, en el caso de las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche. - En el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad.
- Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
- La implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos.
La declaración de Chile Vamos
Los constituyentes de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron y emitieron una declaración, donde plantean que “reiteramos el llamado a cumplir con el deber de trabajar en los que nos fue encomendado: redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile”, señala parte del texto.
“Cada constituyente puede solicitar, individual o colectivamente, el respeto de un derecho humano como es el justo y debido proceso.
Sin embargo, a la Convención Constitucional no le corresponde invadir facultades de otros poderes del Estado ni adjudicarse atribuciones que no le ha entregado la ciudadanía”, añade.
Igualmente, niega la existencia de presos políticos en Chile y cuestiona los argumentos señalando que “nos parece injusto decir que estamos aquí por “la revuelta”. Hacer de la violencia la única verdad o forma de ver la realidad no solo es excluyente, agresivo y sectario; sino además profundamente injusto.
Millones de chilenos marcharon pacíficamente con sus hijos y familia sin levantar la mano a nadie. Chile es diverso y es bueno que continúe así. Mucha gente pacifica no grita, pero no por eso deja de ser parte de los cambios sociales”.
